TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Tributario de la
Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas
Caracas, 19 de septiembre de 2023
213º y 164°

Asunto: AF48-U-1999-000026/1226
Sentencia Interlocutoria Nº 082 /2023

En fecha 28 de julio de 1999, el Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario (Distribuidor), recibió recurso contencioso tributario interpuesto por los ciudadanos Rosa Amalia Páez Pumar De Pardo y Alfonso Graterol Jatar, titulares de la cédulas de identidad Nros. V-1.741.405 y V-5.970.043, inscritos en el I.P.S.A bajo el Nros. 610 y 26.429 en su orden, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CENTRO, institución autorizada según Decreto N° 807 de fecha 29 de septiembre de 1979, inscrito ante el Registro de Información Fiscal N° J-07546986-0, contra la Resolución N° HGJT-A-209 de fecha 18 de febrero de 1999, emanada de la Gerencia Jurídico Tributaria del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).
En fecha 04 de agosto de 1999, este Tribunal previa distribución de Ley, le dio entrada al expediente bajo el Nº 1226, ordenó notificar al Procurador General de la República, al Contralor General de la República, a la Contribuyente y al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), y se solicitó el envió al Tribunal del respectivo expediente administrativo.
En fecha 16 de mayo de 2000, este Juzgado Superior admitió el recurso contencioso tributario.
En fecha 7 de junio de 2000, se dejó constancia del lapso de promoción en la presente causa.
En fecha 13 de junio de 2000, se recibió de la ciudadana Rosa Amalia Páez Pumar De Pardo, en su carácter de apoderada judicial de la recurrente, diligencia mediante el cual consignó en dos (02) folios útiles escrito de promoción de pruebas con dos (02) anexos, a los fines de que sean agregados a los autos y el escrito con sus anexos se archive por secretaría hasta que en la oportunidad procesal correspondiente se agregue al expediente y surta los efectos legales correspondientes.
En fecha 22 de junio de 2000, éste tribunal dejó constancia del vencimiento del lapso de promoción en la presente causa.
En fecha 26 de junio de 2000, se agregó al expediente el escrito de promoción de pruebas que se encontraba reservado por Secretaria.
En fecha 3 de julio de 2000, se dictó auto mediante el cual visto el escrito de promoción de pruebas presentado el día 13 de junio de 2000, por la abogada Rosa Amalia Páez Pumar De Pardo, en su carácter de apoderada judicial de la recurrente, donde promovió pruebas de exhibición de documentos, este Tribunal no las consideró ni ilegales ni impertinentes, la admitió cuanto ha lugar en derecho salvo su apreciación en la definitiva.
En fecha 20 de octubre de 2000, venció el lapso probatorio en la presente causa.
En fecha 23 de octubre de 2000, comenzó la vista de la causa.
En fecha 24 de octubre de 2000, de conformidad con el artículo 193 del Código Orgánico Tributario, éste tribunal fijó la oportunidad para que las partes presentarán los informes correspondientes al décimo quinto día de despacho siguiente al de hoy.
En fecha 17 de noviembre de 2000, se recibió escrito de informe de la apoderada judicial de la contribuyente constante de un (1) folio útil, a fin de que se agregue a los autos de este expediente y surta los efectos legales correspondientes, y asimismo presentó escrito de informes el Representante judicial del Fisco, fijándose posteriormente el término para que las partes presentaran sus respectivas observaciones a los informes.
En fecha 24 de noviembre de 2000, se recibió del ciudadano Freddy Suárez Alcalde, titular de la cédula de identidad N° V-11.880.708, inscrito en el I.P.S.A bajo el N° 68.053, actuando en representación del Fisco, diligencia mediante el cual consignó copia certificada del expediente administrativo, constante de 108 folios útiles.
En fecha 29 de noviembre de 2000, se recibió de la ciudadana Rosa Amalia Páez Pumar De Pardo, actuando en su carácter de apoderada judicial de la recurrente, diligencia mediante la cual consignó escrito a las observaciones a los informes, constante de tres (03) folios útiles, con el fin de que se agreguen a los autos y surta los efectos legales correspondientes, en esta misma fecha concluyó la vista en la presente causa.
En fecha 22 de mayo de 2001, 17 de diciembre de 2001, 27 de abril de 2005, 16 de marzo de 2006, se recibió de la ciudadana Rosa Amalia Páez Pumar De Pardo, actuando en su carácter de apoderada judicial de la recurrente, diligencia mediante la cual solicitó se sirva dictar sentencia y asimismo indicó su domicilio procesal.
En fecha 27 de abril de 2005, mediante diligencia la ciudadana Daniela Camacho Ustariz, en su carácter de sustituta de la Procuradora General de la República, acreditó su representación, asimismo solicitó sentencia en la presente causa.
En fecha 29 de septiembre de 2006, se recibió de la ciudadana María Alejandra Páez, actuando en su carácter de sustituta de la ciudadana Procuradora General de la República, acreditó su representación y solicitó sentencia en la presente causa.
En fecha 21 de enero de 2009, se recibió de la ciudadana Yanett Mendoza, inscrita en el I.P.S.A bajo el N° 34.360, actuando en representación del Fisco diligencia mediante el cual consignó copia simple del poder y solicito sea dictada sentencia.
En fecha 04 de junio de 2009, se recibió de la ciudadana Rosa Amalia Páez Pumar De Pardo, actuando en su carácter de apoderada judicial de la recurrente, diligencia mediante el cual se da por notificada del auto en ella referido del abocamiento del Juez, y solicitó se practiquen y agreguen a los autos las notificaciones a que hubiese lugar.
En fechas 24 de abril de 2015 y 11 de agosto de 2016, se recibió del ciudadano Alfonso Graterol Jatar, inscrito en el I.P.S.A bajo el N° 34.360, actuando en su carácter de apoderado judicial de la recurrente, diligencia mediante la cual manifestó el interés de la presente causa y solicitó se sirva dictar sentencia.
En fecha 6 de agosto de 2019, se recibió de la ciudadana María Genoveva Páez-Pumar, inscrita en el I.P.S.A bajo el N° 85.558, en su carácter de apoderada judicial de la recurrente, diligencia mediante el cual solicitó se sirva dictar sentencia en la presente causa.
En fecha de septiembre de 2023, la ciudadana Iessika I. Moreno Ramírez, en su condición de Juez Suplente se abocó al conocimiento de la causa.
En atención a las consideraciones anteriores, pasa de seguida esta jurisdicente a determinar la conducta procesal asumida por la representación judicial de la contribuyente a los efectos legales subsiguientes.

II
MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Una vez revisadas las actas procesales que conforman el expediente se evidencia que la representación judicial de la recurrente no ha realizado acto alguno de procedimiento tendente a impulsar o mantener el curso del proceso desde el 06 de agosto de 2019, que desde ese entonces a la presente fecha han transcurrido cuatro (4) años, coligiéndose con ello, una presunta pérdida de interés.
En sintonía con lo anterior, se hace necesario para quién suscribe transcribir parcialmente la sentencia Nº 00572, de fecha 27 de junio de 2023, dictada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual cambió el criterio sostenido con respecto a la notificación en forma personal, en los términos que siguen:

A tal fin pasa de seguida quien suscribe a transcribir parcialmente la sentencia N° 00572, de fecha 27 de junio de 2023, dictada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en cuestión:
“A fin de cumplir con la exigencia relativa a la notificación de las partes para que manifiesten si tienen interés en que se decida la causa, esta Sala Político-Administrativa ha adoptado el criterio de procurar en primer lugar la notificación personal, y en caso de que resulte imposible de practicar, se procede, de conformidad con lo previsto en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, a fijar el cartel correspondiente en la cartelera de la Secretaría de esta instancia y a publicarlo en la página web de este Alto Tribunal, con la advertencia de que vencido el término de diez (10) días de despacho se entendía consumada la notificación.
No obstante, considera esta Sala que ese modo de proceder debe ser revisado, dado que en esta materia tiene prevalencia el interés público que reside en evitar la pendencia indefinida de los procesos, lo cual redunda en beneficio de la seguridad jurídica. Se trata de un reexamen que tiene la finalidad de contribuir con la descongestión de los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa, atendiendo a los principios de celeridad y economía procesal, en aras de la simplificación de los procesos judiciales, preservando, en todo momento, los derechos y garantías procesales de los interesados.
Resulta esencial destacar que dicha revisión se efectúa en acatamiento y en perfecta consonancia con el criterio establecido por la Sala Constitucional en la sentencia Nro. 956 de fecha 1° de junio de 2001, en la que al reconocer que una de las oportunidades en la que puede decaer la acción por falta de interés es cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, también realizó una interpretación del artículo 26 Constitucional, en cuanto a lo que debe entenderse por justicia oportuna, y estableció que: “si la causa paralizada ha rebasado el término de la prescripción del derecho controvertido, a partir de la última actuación de los sujetos procesales, el juez que la conoce puede de oficio o a instancia de parte, declarar extinguida la acción, previa notificación del actor, en cualquiera de las formas previstas en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, si ello fuere posible, y de no serlo, por no conocer el tribunal dónde realizar la notificación, o no poder publicar el cartel, con la fijación de un cartel en las puertas del tribunal. La falta de comparecencia de los notificados en el término que se fije, o las explicaciones poco convincentes que exprese el actor que compareciere, sobre la causa de su inactividad y los efectos hacia terceros que ella produjo, las ponderará el juez para declarar extinguida la acción”. (Resaltado añadido).

Como puede verse, el criterio de la Sala Constitucional se basa en que para la notificación de las partes a fin de que manifiesten si tienen interés en que se decida la causa, basta con que se ponga en práctica uno cualquiera de los medios previstos en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, para que se considere válidamente realizada la notificación, sin necesidad de que se intente previamente que sea efectuada en forma personal, ni que se ejecute dicha notificación a través de varios mecanismos en forma sucesiva y acumulativa. (Resaltado de este Tribunal).
…omissis…
Por tal razón, siguiendo lo establecido por la Sala Constitucional en la decisión previamente citada, complementándolo con lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se establece como nuevo criterio, que tendrá aplicación para las causas hacia el futuro, a los fines de evitar la realización de trámites excesivos e innecesarios, que a los efectos de notificar a las partes para que manifiesten si tienen interés en que se decida la causa, basta con que los jueces pongan en práctica, de acuerdo a su prudente arbitrio, cualquiera de los mecanismos de notificación establecidos en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil y 93 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, es decir, por notificación personal en la dirección o domicilio del accionante, o bien mediante una boleta publicada en la cartelera de esta Sala o del Órgano Jurisdiccional que se trate, así como en el portal electrónico de este Tribunal Supremo de Justicia, sin que sea necesario que se agote previamente la notificación personal o que se ejecuten varios mecanismos de manera simultánea y sucesiva, a los efectos de la consecución de dicha notificación. Así se declara. (Resaltado del Tribunal)
…omissis…
También es preciso aclarar que como se trata de un cambio de criterio, este no puede regir para el caso de autos, sino que se comenzará a aplicar hacia el futuro, en las causas en las que sea necesaria la notificación de las partes para que manifiesten si tienen interés en que se decida el asunto, todo ello en atención a lo indicado por la Sala Constitucional en diversas decisiones, entre las cuales se puede mencionar la Nro. 3057 del 14 de diciembre de 2004, en la que se advirtió expresamente lo siguiente:
“(…) Comprueba, además, esta Sala que en dicho veredicto se le dio eficacia retroactiva al cambio de criterio jurisprudencial por cuanto se aplicó para la resolución del caso que lo originó, lo cual vulneró los principios jurídicos fundamentales de seguridad jurídica y confianza legítima, así como el derecho constitucional a la igualdad de la recurrente en casación (aquí solicitante), quien tenía la expectativa plausible de que su asunto se decidiera de acuerdo con la jurisprudencia que imperaba, para ese entonces, en casos análogos” (Véase, en ese mismo sentido, sentencia de la Sala Constitucional Nro. 167 del 26 de marzo de 2013).
Precisado lo anterior, corresponde ahora revisar el lapso para solicitar el referido impulso procesal en las causas que se hallan paralizadas no habiendo sido admitidas o encontrándose en estado de sentencia y al respecto observa que la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, ha establecido entre otras decisiones, en sentencia Nro. 297 del 10 de mayo de 2017, lo siguiente:
[L]a pérdida del interés durante la tramitación de un proceso, puede ocurrir aun antes de ser admitida la causa, cuando interpuesta la demanda, solicitud o querella, el demandante no insta al órgano jurisdiccional para que dé el trámite respectivo, dejando transcurrir un tiempo suficiente, el cual en muchas oportunidades resulta prolongado e indefinido, actitud que denota negligencia, y hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés en obtener una solución al caso planteado y se administre la justicia que ha clamado al momento de interponer la demanda.

Dentro de este contexto, la Sala considera conveniente traer a colación el dispositivo del artículo 253 del Texto Fundamental: ‘La potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos o ciudadanas’ y, como tal, la función jurisdiccional se activa a instancia de los ciudadanos, y el deber correlativo del Estado -a través de los órganos jurisdiccionales- es impartirla por autoridad de la Ley.
En efecto, si una demanda, solicitud o querella no ha sido admitida dentro del lapso previsto en la Ley, y transcurre un lapso de un año o mayor a éste (…) para cualquier demanda -excepto en materia de amparo constitucional, el cual es de seis (6) meses- lo pertinente es que el juzgador, de oficio, declare la pérdida del interés procesal (…)’ (destacado del fallo).
Así las cosas, en casos como el de autos, esta Sala ha señalado que el derecho de acceso a los órganos de administración de justicia que preceptúa el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es ejercido mediante la acción. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite elevar la infracción constitucional o legal ante los órganos jurisdiccionales. No es una abstracción para el particular que lo invoca, aunque pudiese ser abstracto para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal es entendido como simple requisito o circunstancia de un acto procesal, cuya carencia imposibilita el examen de la pretensión.
(…) En este orden de ideas, respecto a los supuestos en los cuales se configura la pérdida del interés procesal, esta Sala mediante sentencia N° 2.673 del 14 de diciembre de 2001, ratificada en los fallos Nos. 922/2011 y 1.054/2011, precisó lo siguiente:
‘(…) [T]omando en cuenta la circunstancia de que el interés procesal subyace en la pretensión inicial del actor y debe subsistir en el curso del proceso, la Sala consideró que la inactividad que denota desinterés procesal, el cual se manifiesta por la falta de aspiración en que se le sentencie, surgía en dos oportunidades procesales:
a) Cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin.
b) Cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, lo cual no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido (…)’.
De manera que, la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos (2) casos de inactividad: i) antes de la admisión de la demanda o; ii) después de que la causa ha entrado en estado de sentencia, pues en el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice ‘vistos’ la inactividad produce la perención de la instancia.
Así, el hecho de que la causa haya entrado en estado de sentencia, no obsta para que la parte actora solicite pronunciamiento y, con ello, haga constar el interés jurídico actual que debe mantenerse a lo largo del procedimiento (cfr. sentencia N° 1.703 del 18 de diciembre de 2015), por ello esta Sala ha establecido de manera pacífica que el interés procesal no sólo debe manifestarse al momento de la interposición del recurso, sino a todo lo largo del devenir del juicio pues, de lo contrario, ocurre la extinción de la acción y, con ello, la terminación anormal del proceso por la pérdida del interés procesal, incluso, estando la causa en estado de sentencia, si se verifica la inactividad de la parte accionante por más de (1) un año (vid. sentencias Nos. 2.673/2001, 132/2012, 972/2012, 212/2013 y 1.483/2013, entre otras).
Con fundamento en lo expuesto, considerando que la causa se encuentra en etapa de sentencia y verificada la inactividad de la parte actora por un lapso superior a un (1) año, esto es, desde el 3 de marzo de 2016, hasta el presente, es por lo que se configuró la condición de aplicación de la sanción procesal antes descrita, lo que obliga a esta Sala de oficio a declarar la pérdida del interés procesal y la consecuente terminación del procedimiento, de acuerdo a la jurisprudencia expuesta, y así se decide (…)”.
Igualmente, la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal en su decisión Nro. 1.086 del 7 de agosto de 2014, ratificada entre otros, en su fallo Nro. 0863 del 28 de octubre de 2022 indicó que “[e]n efecto, tal como estableció esta Sala en la sentencia Nº 2673 del 14 de diciembre de 2001, caso DHL Fletes Aéreos, C.A., [en la cual señaló lo siguiente] el interés procesal no sólo debe manifestarse al momento de la interposición del recurso, sino a todo lo largo del devenir del juicio, pues de lo contrario, ocurre la extinción de la acción y, con ello, la terminación anormal del proceso por la pérdida del interés procesal. Incluso estando la causa en estado de sentencia, si se verifica la inactividad de la parte accionante por más de (1) un año (Vid. sentencias números 132/2012, 972/2012, 212/2013 y 1483/2013, entre otras)”. (Agregado de esta Sala).
De acuerdo con la jurisprudencia citada concluye esta Sala que el lapso para solicitar la manifestación de interés a la parte accionante es de (1) año o más de inactividad en el juicio, situación que el juez deberá ponderar atendiendo a las particularidades de cada caso concreto. Así se establece.”

En atención a la sentencia antes citada, y revisadas como han sido las actas que componen el presente expediente, se verifica que desde el 6 de agosto de 2019, oportunidad en la que la representación judicial de la recurrente compareció por última vez a esta Jurisdicción según las actas que componen el presente expediente a los fines de solicitar sentencia, lo que claramente se concluye que en la presente causa al no evidenciarse actividad procesal alguna que denote el interés para continuar con la causa luego de la fecha señalada, es decir, desde hace cuatro (4) años no consta diligencia alguna que haga presumir que mantenga el interés en el presente recurso, en razón de ello, este Tribunal en apego al criterio proferido por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, Nº 00572 de fecha 27 de junio de 2023, que estableció que a los fines de evitar la realización de trámites excesivos e innecesarios, a los efectos de notificar a las partes para que manifiesten si tienen interés en que se decida la causa, basta con que los jueces pongan en práctica, de acuerdo a su prudente arbitrio, cualquiera de los mecanismos de notificación bien mediante una boleta publicada en la cartelera de esta Sala o del Órgano Jurisdiccional que se trate; en consideración a lo anterior éste Tribunal ORDENA librar cartel de notificación en atención a la sentencia Nº 00572 de fecha 27 de junio de 2023, que cambió el criterio de la Sala Político Administrativa con relación a las notificaciones, conjuntamente con los artículos 304 del Código Orgánico Tributario, en concordancia con los artículos 233 y 174, ambos del Código de Procedimiento Civil, a la Universidad Tecnológica del Centro , toda vez, que no se evidenció que haya actualizado domicilio alguno, ello, con la finalidad de requerirle manifieste mantener interés de continuar con la causa que lleva en el expediente AF48-U-1999-000026/1226, advirtiéndole que, vencido como sea el lapso de diez (10) días de despacho sin comparecer por si o por medio de apoderado judicial, se tendrá por notificada de ésta sentencia so pena de declararse extinguida de pleno derecho por pérdida sobrevenida del interés procesal, que así habrá de declarar éste Tribunal en su oportunidad. Así se establece.
III
DECISIÓN

Por las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley:
ÚNICO: Se ORDENA librar cartel de notificación en atención a la sentencia Nº 00572 de fecha 27 de junio de 2023, que cambió el criterio de la Sala Político Administrativa con relación a las notificaciones, conjuntamente con los artículos 304 del Código Orgánico Tributario, en concordancia con los artículos 233 y 174, ambos del Código de Procedimiento Civil, a la Universidad Tecnológica del Centro , toda vez, que no se evidenció que haya actualizado domicilio alguno, ello, con la finalidad de requerirle manifieste mantener interés de continuar con la causa que lleva en el expediente AF48-U-1999-000026/1226, advirtiéndole que, vencido como sea el lapso de diez (10) días de despacho sin comparecer por si o por medio de apoderado judicial, se tendrá por notificada de ésta sentencia so pena de declararse extinguida de pleno derecho por pérdida sobrevenida del interés procesal, que así habrá de declarar éste Tribunal en su oportunidad. Publíquese, regístrese y notifíquese. Dada, firmada y sellada en la sede del Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los diecinueve (19) días del mes de septiembre del año dos mil veintitrés (2023). Año 213º de la Independencia y 164º de la Federación.
La Juez Suplente,

Iessika I. Moreno Ramírez
La Secretaria Titular,

Hermi Yanet Landaeta Ochoa

Asunto: AF48-U-1999-000026/1226
IIMR/HYLO/ rcc