REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL TRIBUNAL SUPERIOR PRIMERO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO FALCÓN Santa Ana de Coro, Miércoles (24) de Abril de 2024 214º y 165º Expediente No. IP21-R-2024-000009. PARTE DEMANDADA RECURRENTE: Sociedad Mercantil “INVERSIONES EL GRAN MESON HÍPICO, C.A.”, inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón en fecha 02 de julio de 2002, anotada bajo el No. 38, Tomo 7-A. APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA RECURRENTE: Abogados CARLOS LUIS SÁNCHEZ GOITIA, y; ARAMELY ATACHO inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos. 149.127, y; 108.453, respectivamente. PARTE DEMANDANTE: Ciudadano ROBERT RAFAEL SALIMA GARCIA, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cédula de identidad No. V-9.522.195, domiciliado en la Urbanización Villa Sabana, Calle 4, Casa J-7, Intercomunal Coro – La Vela, Municipio Colina del estado Falcón. APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDANTE: Abogados ALIRIO TEODORO PALENCIA DOVALE, ALIRIO JOSÉ ODUBER GARVET y ÁNGEL RAMÓN LÓPEZ OLIVA inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos. 62.018, 154.320 y; 154.397, respectivamente. MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS LABORALES. I) NARRATIVA: I.1) ANTECEDENTES DEL EXPEDIENTE. 1) En fecha 05 de febrero de 2024, el ciudadano ROBERT RAFAEL SALIMA GARCIA, antes identificado, asistido por el abogado ALIRIO TEODORO PALENCIA DOVALE inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 62.018, comparecieron ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial Laboral del Estado Falcón con sede en esta ciudad de Santa Ana de Coro, a los fines de consignar escrito contentivo de demanda por Cobro de Prestaciones Sociales y otros conceptos laborales, contra la entidad de trabajo “INVERSIONES EL GRAN MESON HÍPICO, C.A.”, asignándosele el No. IP21-L-2024-000011. 2) En fecha 06 de febrero de 2024, el Tribunal Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, dio por recibido el asunto y en esa misma fecha acordó darle entrada al mismo. 3) En fecha 07 de febrero de 2024, el Tribunal Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, dictó auto mediante el cual admite la demanda, por considerar que la misma no es contraria a derecho, a las buenas costumbres o alguna disposición expresa de la Ley, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, ordenándose la notificación de la parte demandada, la Sociedad Mercantil “INVERSIONES EL GRAN MESON HÍPICO, C.A.”, siendo efectivamente practicada en fecha 08 de febrero de 2024 y consignada por la Alguacil del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, en fecha 08 de febrero de 2024. 4) En fecha 08 de febrero de 2024, la suscrita secretaria adscrita al Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón con sede en la ciudad de Santa Ana de Coro, certifica el cumplimiento de la notificación ordenada a la parte demandada. 5) En fecha 09 de febrero de 2024, el ciudadano ROBERT RAFAEL SALIMA GARCIA, identificado con la cédula de identidad No. V-9.522.195, actuando con el carácter de parte demandante, consigna escrito mediante el cual confirió poder apud acta a los abogados: ALIRIO TEODORO PALENCIA DOVALE, y; ALIRIO JOSÉ ODUBER GARVET inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos. 62.018, y; 154.320, respectivamente, siendo certificado en esa misma fecha por la Secretaria del Circuito Judicial del Trabajo. 6) En fecha 27 de febrero de 2024, el ciudadano ROBERT RAFAEL SALIMA GARCIA, identificado con la cédula de identidad No. V-9.522.195, actuando con el carácter de parte demandante, consigna escrito mediante el cual confirió poder apud acta a los abogados: ALIRIO TEODORO PALENCIA DOVALE, y; ÁNGEL RAMÓN LÓPEZ OLIVA, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos. 62.018, y; 154.397, respectivamente, siendo certificado en esa misma fecha por la Secretaria del Circuito Judicial del Trabajo. 7) En fecha 27 de febrero de 2024, el Tribunal Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, emitió el Acta de Audiencia Preliminar (Admisión de Hechos) mediante la cual deja constancia de la comparecencia de la parte demandante a la audiencia preliminar y que consignó escrito de promoción de pruebas constante de dos (02) folios y un (01) folio de anexo, los cuales fueron agregados a las actas, así como la incomparecencia de la parte demandada, la Sociedad Mercantil “INVERSIONES EL GRAN MESON HÍPICO, C.A.”, difiriendo el pronunciamiento del fallo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. 8) En fecha 04 de marzo de 2024, el abogado Carlos Luis Sánchez Goitia, inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 149.127, actuando en representación de la sociedad mercantil “INVERSIONES EL GRAN MESON HÍPICO, C.A.”, presentó escrito más anexos, mediante el cual consigno Poder Judicial conferido a su persona debidamente autenticado por ante la Notaria Pública Primera de Punto Fijo, estado Falcón, en fecha 28 de febrero del 2024, bajo el N° 12, tomo 14, folios 46 hasta el 49, en copias fotostáticas, y presento original a “efectum videndi”, también solicitó autorización para fotografiar el libelo de la demanda, siendo certificado en esa misma fecha por la Secretaria del Circuito Judicial del Trabajo. 9) En fecha 05 de marzo de 2024, el Tribunal Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, dictó sentencia definitiva, mediante la cual declaró con lugar la demanda y condenó a la demandada, “INVERSIONES EL GRAN MESON HÍPICO, C.A.”, al pago de la cantidad de BOLÍVARES OCHENTA MIL OCHENTA CON CERO CÉNTIMOS (BS. 80.080,00), por concepto de Prestaciones Sociales y otros conceptos laborales a favor del demandante, ciudadano ROBERT RAFAEL SALIMA GARCIA. 10) En fecha 13 de marzo de 2024, el abogado Carlos Luis Sánchez Goitia, inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 149.127, actuando en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil “INVERSIONES EL GRAN MESON HÍPICO, C.A.”, presentó diligencia mediante la cual sustituye su poder reservándose su ejercicio, en las mismas condiciones en que le fuera otorgado sin reservarse ninguno en particular, dicha sustitución la hace a la abogada Aramely Atacho inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 108.453, siendo certificado en esa misma fecha por la Secretaria del Circuito Judicial del Trabajo. 11) En fecha 07 de marzo de 2024, el apoderado judicial de la parte demandada consignó escrito por medio del cual interpone recurso de apelación contra la decisión dictada por el Tribunal A Quo en fecha 05 de marzo de 2024. 12) En fecha 13 de marzo de 2024, el Juez del Tribunal Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, procedió a oír el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandada, en ambos efectos, ordenando remitir el expediente a esta Alzada. I.2) SÍNTESIS DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS EN ESTA INSTANCIA. Vista la apelación interpuesta por el abogado Carlos Luis Sánchez Goitia, inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 149.127, actuando en su carácter de apoderado judicial de la parte demandada “INVERSIONES EL GRAN MESON HÍPICO, C.A.”, contra la decisión de fecha 05 de marzo de 2024, dictada por el Tribunal Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón; éste Tribunal en fecha 14 de marzo de 2024, le dio entrada al presente asunto. En consecuencia, al quinto (05) día hábil siguiente (21 de marzo de 2024), se fijó el día martes 09 de abril de 2024, a las 10:00 a.m., como oportunidad para celebrar la audiencia oral, a que se contrae el artículo 163 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, oportunidad ésta en la cual se llevó efectivamente a cabo dicha Audiencia de Apelación, y; de conformidad con lo establecido en el artículo 165 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, dada la complejidad del asunto se procedió a diferir la continuidad de la audiencia de apelación al cuarto día hábil, el cual será realizado el día Lunes 15 de abril del año 2024, a las 10:00 a.m., quedando notificadas las partes en el presente acto, otorgándosele a las partes en el presente asunto, un lapso de 72 horas con fines de aperturar una articulación probatoria, para que ambas partes, tengan a libertar de promover y controlar cualquier otro medio de pruebas, a parte de los consignados en la Audiencia de Apelación. Por auto de fecha 10/04/2024, siguiendo instrucciones giradas por quien suscribe, la Secretaria de este Despacho, procedió a realizar llamada telefónica al número 0412-4265460, correspondiente al Especialista en Medicina Integral, Doctor Lamenai Sánchez, a los fines de ordenarle se apersone a este Circuito Judicial Laboral del estado Falcón con sede en Santa Ana de Coro, el día Lunes 15 de abril del 2024 a las 9:30am, a los fines de que confirme la autoría del Documento denominado “Constancia de Atención Medica y Aislamiento”, la cual se encuentra inserta en original y copia simple, en los folios que rielan en el presente asunto, (las cuales con posterioridad fueron debidamente certificadas por secretaria con vista a sus originales y posterior desglose según auto de fecha 11/04/2024, folio 28 de la Pieza I de I de este recurso), dicha actuación se realizó de conformidad con lo establecido en los artículos 2, 5, 6, 10, 11 y 95 de la Ley Adjetiva Laboral, (Folio 27 de la Pieza I De I del presente recurso). Llegado el lunes 15 de abril del año 2024, hora 10:00 a.m., se procedió a reprogramar la continuidad de la audiencia, toda vez que a escasos minutos de iniciar la misma se recibió llamada telefónica del número 0412-4265460, perteneciente al Especialista en Medicina Integral, Doctor Lamenai Sánchez, quien expuso que se le imposibilitó trasladarse a la ciudad de Santa Ana de Coro el día de hoy, desde Punto Fijo, como se le había solicitado a los fines de que comparezca ante este Tribunal Superior para Ratificar “Constancia de Atención Medica y Aislamiento” emitida por su persona, es por lo que, solicitó a este Tribunal sea REPROGRAMADA la audiencia para el día de mañana Martes 16 de Abril del 2024, Hora: 10:30 de la mañana, lo cual fue acordado a los fines de que el referido Médico, que ha sido llamado, comparezca ante este Tribunal a ratificar instrumento y a rendir su declaración, según se evidencia de auto de fecha 15/04/2024, el cual riela al folio 32 de la Pieza I De I del presente recurso. Ahora bien, en fecha martes 16 de abril del año 2024, hora: 10: 30 a.m., se procedió a darle continuidad a la respectiva audiencia oral de apelación, dictándose el dispositivo del fallo inmediatamente, con la explicación oral por parte de quien suscribe, de las razones y los motivos que lo sostienen, por lo que estando este Tribunal dentro del lapso de cinco (5) días que a tales efectos concede el artículo 165 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se publica a continuación el texto íntegro de dicha decisión. II) MOTIVA: II.1) ARGUMENTOS DE LA PRESENTE APELACIÓN. Corresponde ahora analizar los alegatos expuestos por la parte demandada recurrente como motivo de la presente apelación, expresados en su escrito de apelación como los señalados oralmente en la audiencia que a tales efectos se realizó, al igual que los alegatos expresados por el apoderado judicial de la parte demandante no recurrente durante la audiencia respectiva, bajo la suprema y personal dirección de este Juzgado Superior del Trabajo, conforme lo dispone el artículo 164 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Alegó la apoderada judicial de la parte demandada recurrente, en la audiencia de apelación que siendo la oportunidad procesal, apela a la sentencia de fecha 5 de marzo del año 2024, por motivo de admisión de los hechos de la demanda, interpuesta contra la empresa Inversiones El Gran Mesón Hípico, C.A., por el ciudadano Robert Rafael Salima titular de la cédula de identidad 9.522.195, indica que esta sentencia de admisión de los hechos, en razón que su representado no asistió a la audiencia preliminar, señala que no asistió por motivos que realmente le fueron de fuerza mayor que se estarán indicando más adelante. Continúa esgrimiendo que siendo el caso ciudadano Juez que para la fecha de la audiencia preliminar, sus representados se encontraban en aislamiento, por padecer condiciones clínicas que imposibilitaban cualquier traslado dentro o fuera de la ciudad donde ellos tienen su domicilio principal, indicando que su domicilio es en la ciudad de Punto de Fijo estado Falcón, por lo que no pudieron comparecer a la audiencia preliminar realizada en esta ciudad de coro, en la fecha establecida para la misma, ni por si, ni por apoderado judicial. Indicó que dicha patología recomendaba el aislamiento domiciliario preventivo por 14 días continuos desde la fecha 23 de febrero del año 2024, cuando fue valorado por el Medico de Guardia en un Centro Hospitalario, ya que, siendo su condición sintomatología respiratoria, es decir; que tenia condiciones respiratorias que afectaban la condición para poder trasladarse a la ciudad de Coro, por lo que acudieron a un centro asistencial el día 23 de febrero donde le realizaron una prueba llamada PCR, que es una prueba que se hace a todas aquellas personas que tienen esta condición para saber si la sintomatología arroja algún virus o algún problema infeccioso, este resultado de esta prueba de PCR arrojo positivo al COVID-19. En este orden de ideas, señaló dicha representación que como todos sabemos el Covid-19 es un enfermedad infecciosa que se trasmite y se contagia de persona a persona de manera rápida, de manera inmediata, por lo que la Dra. en ese preciso momento al saber que era COVID –19, al comprobarlo a través de la prueba de PCR, entonces se verificó inmediatamente el aislamiento de los presentes en este caso fueron los esposos los ciudadanos Franklin Arias Reyes y su esposa Josmir Mendoza De Arias, quienes son los representantes legales de la empresa. Señala que sabemos que la trasmisión se produce mediante pequeñas gotas que se emiten al hablar, estornudar, toser, respirar por tanto el contagio es inmediato, y lo que se requiere con el aislamiento es que la persona que esta enferma no contagie a las personas que están sanas. Continua esgrimiendo dicha representación que teniendo claro en que consistía el diagnostico podemos entender la recomendación de aislamiento del doctor por lo anteriormente descrito consignó ante este Juzgado, Constancia de Atención Médica y Aislamiento emitida por el Doctor Lamenai Sánchez Especialista en Medicina General Integral y Medicina General Ocupacional, identificado con la cédula de identidad 12.790.266 y inscrito en el Ministerio del Poder Popular para la Salud bajo el Nº 9.634, cuyo teléfono es el 0412-4265460 y la cual labora en el ASIC Dr. Adolfo Martínez, adscrito a la Coordinación de Epidemiología e Información en Salud del Ministerio del Poder Popular para la Salud, dicha constancia se emite para el ciudadano Franklin Arias Reyes y la ciudadana Josmir Mendoza y la tenemos aquí en original para ser consignada conjuntamente con el escrito de apelación en esta oportunidad. Continua señalando la representación Judicial de la demandada que durante la audiencia de apelación, que, dicho documento administrativo goza de plena veracidad y certeza constituyendo una eventualidad del quehacer humano, impredecible e inevitable, así mismo, los documentos públicos administrativos, son aquellos emanados de funcionarios de la administración pública en el ejercicio de sus funciones, los cuales gozan de una presunción de veracidad y legitimidad, debiendo ser firmado por el funcionario competente y sellado por la oficina respectiva, siendo el caso ya que el mismo documento tiene la veracidad con su firma y con el sello que colocó la institución respectiva, por lo tanto podemos decir que estamos en presencia de un documento emanado de un funcionario o de la administración pública. Por otra parte, y como un Segundo punto objeto de la presente Apelación, señaló que no obstante, a la patología que sufrían sus representados, ellos por la premura y porque saben que existía la audiencia respectiva, no es que, no quisieron asistir, es que, no pudieron, la condición clínica que los afectaba, les impedía venir para el día de la audiencia, sin embargo; fueron a través de su abogado a la Notaria Pública de Punto Fijo el día 26, para realizar el poder respectivo y que pudiera asistir la referida persona, pero tampoco se pudo otorgar el documento el día 26. El poder fue presentado en fecha 26 de febrero del año 2024, ante la Notaria, no siendo posible su otorgamiento, ni la firma del mismo, ya que los ciudadanos Franklin y Josmir no podían, no se encontraban en condiciones respectivas para poder firmar ese otorgamiento, ya que se les dificultó, se les presentó síntomas del Covid, evacuaciones y malestar general motivo al mismo síndrome señalado, fue otro motivo por el cual ese mismo día no pudieron firmar, no pudieron hacer el otorgamiento, realmente estaban en aislamiento. Continua señalando dicha representación que se precedió a tener conversaciones con el abogado para ver si podían firmar en fecha posterior, el día martes, si ya se sentían mejor, siendo imposible, ya que el día martes por el Decreto Municipal, fue día de Punto Fijo, quedando todas las oficinas de la administración pública cerradas y no trabajando ni laborando en esa fecha, señala que no es, que quieran dar excusas, solamente están indicando todos los sucesos que ocurrieron frente a estas audiencias preliminares, que realmente son fundamentos de hecho y de derecho, que son validos, porque son oportunos y se presentan con la fecha que realmente la persona estaba padeciendo dicha patología, señala que, no es que ellos esperan obviar el lapso procesal, solamente no se pudieron cumplir, y; la Ley establece lo que es la admisión de hechos, cuando la incomparecencia, pero también establece una apelación para que puedas ejercer tu recurso respectivo y demostrar con pruebas suficientes la situación que ameritaba el no poder cumplirla, por lo que solicitó a través de todas estas pruebas que esta consignando que regrese al punto de partida con la finalidad de tener las mismas oportunidades legales y presentar de forma oportuna sus defensas y alegatos, solicitando reponer la causa al estado de la audiencia preliminar. Consignó copias y originales de la documentación respectiva, informes médicos en las fechas indicadas, en originales y copias, así como también consignó escrito contentivo del recurso de apelación. Por su parte, el apoderado judicial de la parte demandante no recurrente, Abogado ALIRI PALENCIA DOVALE, inscrito en el Impreabogado bajo el No 62.018, esgrimió durante la audiencia de apelación que la parte patronal ha venido desconociendo la relación laboral en sede administrativa, que de acuerdo a los estatus y el acta de asamblea que fueron anexados junto con el poder se evidencia de que existen dos representantes, una figura de presidente y una figura de vicepresidente, que actúan conjunta o separadamente, también señaló que debe significar que son tres causas que se encuentran en apelación y la incomparecencia del empleador por sí, o por medio de apoderado, se efectuó en tres causas, no fue en una sola, no es un hecho aislado, que tratándose de unos documentos públicos administrativos, a todo evento los impugnó y los desconoció y solicitó la suspensión de la audiencia, a los fines de que esa representación judicial pueda realizar una diligencia probatoria para tratar de enervar la legalidad y verificar la veracidad de dichos documentos públicos. Por otra parte, señaló que la notificación al empleador, se le otorgaron 10 días, sabía que la audiencia era al décimo día y sin embargo, pretende tener màs indulgencia, por lo que simplemente a todo evento los referidos documentos públicos administrativos en apariencia y solicitó se le de un plazo perentorio para tratar de realizar la diligencia probatoria pertinente y corroborar el contenido de los mismos. Medios de Pruebas Documentales consignaos en Audiencia de Apelación. - Consignó la apoderada judicial de la parte demandada recurrente durante la audiencia de apelación, los siguientes instrumentos y medios probatorios (Pruebas Documentales Escritas o Instrumentales): 1) Original de escrito de fundamentación de apelación, el cual riela a los folios 12 y 13 de la Pieza I de I del recurso signado con la nomenclatura N° IP21-R-2024-000009, en el cual expresó lo siguiente: “(…) Siendo la oportunidad legal se interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 05 de Marzo del año 2024 por motivo de Admisión de los hechos de la demanda interpuesta por el ciudadano ROBERT RAFAEL SALINAS titular de la cedula de identidad nro 9.522.195 en contra de la empresa INVERSIONES EL GRAN MESON HIPICO en virtud de que su representante legal ciudadano FRANKLIN ARIAS REYES CI: 13106.472 Y a su esposa JOSMIN MENDOZA DE ARIAS CI: 11.772.723 no logro asistir ni por si ni por otro representante legal a cumplir con el compromiso Judicial para la fecha prevista por motivos de fuerza mayor que le imposibilitaron asistir a dicho acto. Siendo el caso ciudadano Juez que para la fecha de la audiencia preliminar mis representados se encontraban en aislamiento por padecer condiciones clínicas que imposibilitan cualquier traslado dentro o fuera de la ciudad teniendo en cuenta principalmente que los representantes de la empresa inversiones el gran mesón Hipico se encuentran domiciliado en la ciudad de punto fijo Estado Falcón. Dicha patología recomendaba el aislamiento domiciliario preventivo por 14 días continuos desde la fecha 23 de febrero del 2024 hasta el 07 de marzo del año en curso. Siendo su condición sintomatología respiratoria, por lo que se procedió a realizar test PCR arrojando como resultado Positivo (+) al covid 19. El Covid 19 La enfermedad por coronavirus de 2019, más conocida como COVID-19, es una enfermedad infecciosa causada por el SARS-CoV-2. Produce síntomas que incluyen fiebre, tos, disnea (dificultad respiratoria), mialgia (dolor muscular) y fatiga. En casos graves se caracteriza por producir neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda, sepsis y choque circulatorio. Según la OMS, la infección puede llegar hacer mortal. Se han autorizado varios tratamientos antivirales la enfermedad puede pasar de leve a moderado, con factores de riesgos por los que se quiera evitar una evolución grave de la enfermedad. La transmisión se produce mediante pequeñas gotas que se emiten al hablar, estornudar, toser o espirar, que al ser despedidas por un portador (que puede no tener síntomas de la enfermedad o estar incubándola) pasan directamente a otra persona mediante la inhalación, o quedan sobre los objetos y superficies que rodean al emisor, y luego, a través de las manos, que lo recogen del ambiente contaminado, enfermedad que ya todos conocemos y sabemos sus consecuencia a nivel mundial y como ha sido su receptividad con todos los que la padecen. Por lo que se diagnostica a través de las pruebas de PCR? Las pruebas de PCR son una forma rápida y muy precisa de diagnosticar ciertas enfermedades infecciosas Teniendo claro en qué consistía el diagnóstico podemos entender la recomendación del aislamiento siendo El aislamiento la separación física de las personas contagiadas de aquellas que están sanas Por todo lo anteriormente descrito se consigna constancia de Atención Médica y aislamiento emitida por la Dra. LAMENAI SANCHEZ Especialista MGI (Medicina General Integral) Y Medico Ocupacional titular de la cedula de identidad nro 12.790.266 incita en el MPPS bajo el numero 9634 teléfono número 04124265460 y la cual labora en el ASIC DR. ADOLFO MARTINEZ G Coordinación de epidemiologia e información en salud Adscrito al Ministerio del poder popular para la salud. Dicha constancia se emite para el ciudadano FRANKLIN ARIAS REYES CI: 13106.472 Y a su esposa JOSMIN MENDOZA DE ARIAS CI: 11.772.723; la misma se muestra en original y copia y se solicita su devolución del original para presentar posteriormente. (…) Sin embargo convalecientes por la afección autorizamos al Abg. Carlos Sánchez GOITIA CI: 12.790.420; a la redacción del poder notariado quien lo presento en la Notaria publica Primera de la ciudad de Punto Fijo Estado Falcón el día 26 de Febrero del año 2024 pero lamentablemente debido a que nos agravamos con evacuaciones liquidas continuas así como continuaba la afección respiratoria ocasionada por la misma afección tal como se demuestra en justificativos médicos emitidos por la dra Lugo del Hospital General Dr. Rafael calles Sierra los cuales se consignan en el presente escrito en original pidiendo su certificación y devolución; no se logró el otorgamiento del poder respectivo para dicha fecha habiéndolo cancelándolo incluso los aranceles habilitado por la premura ocurriendo el caso que el día 27 de FEBRERO DEL año 2024 se celebró el día de punto Fijo siendo decretado por el ejecutivo municipal tal como se evidencia en decreto Municipal la cual se consigna al presente escrito decreto no 0038-2024. Como puede observar ciudadano Juez nos encontrábamos ante una situación fuera de nuestro alcance en ningún momento quisimos obviar los lapsos procesales solo que las condiciones humanas no se prestaron para una respuesta efectiva por lo que venimos aquí con todas las pruebas de los hechos tales como sucedieron auque para algunos se sientan como excusas es una realidad que podría presentársele a cualquiera de los aquí presentes solicitando a usted regresar al punto de partida con la finalidad de tener las mismas oportunidades legales y presentar de forma oportuna nuestras defensas y alegatos, por lo que solicito reponer la causa al estado de la audiencia preliminar. Es todo.” - Instrumentos Públicos Administrativos: 2) Copias certificadas de Justificativos Médicos de fecha 26/02/2024, suscritos por la Dra. Lugo, mediante los cuales hace constar que los ciudadanos Franklin Arias y Josmir Mendoza, titulares de las cédulas de identidad Nos. V.-13.106.472, y; V.-11.772.723, se tratan de pacientes masculino y femenina, de 48 y 49 años de edad, respectivamente, quienes acudieron a esa consulta de la emergencia de ese centro hospitalario el día 26/02/2024, por presentar: Malestar Generalizado, Evacuaciones Liquidas Continuas Dx 1) Síndrome Viral Gripal, 2) Síndrome Diarreico, quien amerita reposo médico por 72 horas, el primero de ellos. Dx. 1) Síndrome Diarreico, 2) Síndrome Viral Febril y Malestar General motivo por el cual le indicaron tratamiento y reposo médico por 72 horas. Se observa sello húmedo del Hospital Dr. Rafael Calles Sierra. (Folio 14 y su vuelto de la Pieza I de I del asunto IP21-R-2024-000009). En relación a estos instrumentales catalogados de documentos públicos administrativos, la parte demandante no recurrente, a través de su apoderado Judicial Abogado ALIRIO PALENCIA DOVALE, inscrito en el Impreabogado bajo el No 62.018, durante la audiencia de apelación los impugnó y los desconoció, y; en el escrito presentado por dicha representación en fecha 12/04/2024, (Folios 29 al 31 de la pieza I de I del recurso de apelación), señaló: “(…) Al respecto me permito resaltar que estos instrumentos públicos administrativos en apariencia, me he imposible ejercer el control de la prueba, no obstante de que fueron impugnados y desconocidos durante la audiencia de apelación, ello en virtud de que no es posible corroborar su veracidad y así mismo me lo comunico el abogado GUILLERMO APONTE, Consultor Jurídico de la Secretaría de Salud, por cuanto es ilegible la información esencial para la validez del mismo como lo es el Nombre, apellido, cedula y número de matrícula en el MPPS del funcionario (a) medico quien los suscribe es decir del médico tratante. Pues del sello húmedo solo se puede concluir que este justificativo medico aparentemente fue otorgado en el Hospital Dr., Rafael Calle Sierra. En este sentido, dichas documentales NO se le puede otorgar valor probatorio alguno y en consecuencia desechadas del proceso (…)” Ahora bien, esta Alzada cumple en señalar que los referidos instrumentos, tienen en principio valor probatorio por tratarse de unos instrumentos públicos administrativos, ya que lo suscribe un funcionario de la administración (Dra. Lugo, Hospital Dr. Rafael Calles Sierra), que no se admitieron prueba en contrario en la audiencia de apelación, que desvirtuara la presunción de legalidad que sobre las mismas pesa, ya que la parte demandante no recurrente esgrimió lo antes señalado en su escrito, pero no presentó prueba en contrario que desvirtuara la presunción de legalidad que sobre las mismas pesa, dichos instrumentos podemos darle la categoría de instrumentos públicos administrativos, a los suscritos por el funcionario de la administración, a los instrumentos que emanan de él. Esta clase de instrumentos administrativos, desde el momento de su formación gozan de una presunción de certeza, de veracidad y legalidad que le viene impreso con la actuación del funcionario público administrativo en el ejercicio de sus funciones, ello producto del principio de ejecutividad y ejecutoriedad que dimana de ellos, según el artículo 8 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, presunción relativa que puede ser cuestionada y desvirtuada mediante prueba en contrario, de allí, que la forma de impugnación no sea por vía de la tacha de falsedad, sino que admite prueba en contrario que la desvirtúe, bien al demostrarse la falsedad de los hechos documentados, la manifestación que hiciere el funcionario de la administración pública o las partes intervinientes. Luego, estos instrumentos son auténticos ab initio, y hasta tanto se desvirtúen mediante la prueba en contrario, gozan de veracidad y legalidad y tienen valor probatorio, como si se tratara de instrumentos públicos negociales, sin embargo, dichos Justificativos Médicos no se observa la identificación del médico que las suscribe, tales como nombre, número de cédula de identidad y número de matricula, a pesar que posee sello húmedo del Hospital Dr. Rafael Calles Sierra, en consecuencia no se puede verificar la identificación del funcionario que las suscribe, por lo que forzoso es para este Tribual desecharla del presente juicio, a los efectos de la presente decisión, por estar ilegible el nombre de quien lo suscribe. Así se establece. 3) Copias certificadas de Constancia de Atención Medica y Aislamiento, suscrita por el Dr. Lamenai Sánchez en su carácter de Especialista MGI Médico Ocupacional C.I: V-12.790.266 // MPPS: 9634, mediante la cual dejo constancia que se trata de Adulto Joven Masculino de 47 años de edad. Franklin Arias Reyes CI 13106472. Procedente de Conjunto residencial las Virtudes Calle 2 Casa # 23 Quien es valorado por facultativo el día 23 de Febrero 2024 Por presentar sintomatología Respiratoria se procede a realizar Test PCR con resultado (+) al COVID 19, por lo que procedió a indicar tratamiento medico a él y su esposa Sra. Josmir Mendoza De Arias CI 11772723, con recomendación de Aislamiento Domiciliario Preventivo por 14 días con valoración de 7 días posteriores para nueva PCR. Por lo que recomendó cumplir con indicaciones Facultativo – para Evitar posibles contactos. Se observa sello húmedo del ASIC Dr. Adolfo Martínez G, Coordinación de Epidemiología e Información en Salud del Ministerio del Poder Popular para la Salud. (Folio 15 y su vuelto de la Pieza I de I del asunto IP21-R-2024-000009). En relación a esta instrumental catalogada de documento público administrativo, la parte demandante no recurrente, durante la audiencia de apelación lo impugnó y lo desconoció, y; en el escrito presentado por dicha representación en fecha 12/04/2024, (Folios 29 al 31 de la pieza I de I del recurso de apelación), señaló: “(…) Al respecto me permito resaltar de estos instrumentos públicos administrativos en apariencia, que los mismos fueron impugnados y desconocidos durante la audiencia de apelación a todo evento, en primer lugar porque está suscrito por un médico especialista en medicina ocupacional, en segundo lugar porque aun corroborándose la veracidad de estas constancias medicas y aun en el caso que el tribunal a su digno cargo le otorgare valor probatorio, el mismo no justifica la incomparecencia por sí o por medio de apoderados a las audiencias preliminares celebradas los días 27 y 28 de febrero del año en curso, haciendo hincapié del contenido de las constancias que en las mismas solo se limita a RECOMENDAR (mayúscula y negrilla mío), aislamiento domiciliario preventivo por catorce (14) días con valoración a los siete (7) días posteriores para nueva PCR. Estas documentales poseen ciertamente sello húmedo y se encuentra suscrita y firmada por el Dr., LAMENNAI SANCHEZ, indica su número de cedula de identidad y número de matrícula legibles, otorgado en el ASIC-I Dr., ADOLFO MARTINEZ GUZMAN. En ese sentido, dichas documentales auque se le puede otorgar repito valor probatorio nada aportaría al proceso pues no otorga reposo alguno solo se limita a Recomendar Aislamiento. Ver los originales que reposa en los autos (…)” Ahora bien, este Tribunal cumple en señalar que el referido instrumento, tiene valor probatorio por tratarse de un instrumento público administrativo, ya que lo suscribe un funcionario de la administración (Dr. Lamenai Sánchez en su carácter de Especialista MGI Médico Ocupacional C.I: V-12.790.266 // MPPS: 9634, ASIC Dr. Adolfo Martínez G, Coordinación de Epidemiología e Información en Salud del Ministerio del Poder Popular para la Salud), que no se admitieron prueba en contrario en la audiencia de apelación, que desvirtuara la presunción de legalidad que sobre las mismas pesa, ya que la parte demandante no recurrente esgrimió lo antes señalado en su escrito, pero no presentó prueba en contrario que desvirtuara la presunción de legalidad que sobre la misma pesa, por lo que se reproduce lo señalado en la valoración de los Justificativos Médicos en relación a los documentos públicos administrativos. En cuanto a lo señalado por el apoderado judicial de la parte demandante no recurrente, a que: “(…) En primer lugar porque está suscrito por un médico especialista en medicina ocupacional (…)”, observa este Tribunal de Alzada que el médico que suscribe la referida Constancia de Atención Medica y Aislamiento, tiene dos especialidades, tales como: Médico General Integral y Médico Ocupacional, y el hecho de tener una sola especialidad cualquiera de las dos, no demuestra la falsedad de los hechos documentados. En cuanto a lo esgrimido por el apoderado judicial de la parte demandante no recurrente, al momento del tener el control del referido medio de prueba, indica que la Constancia sólo se limita a Recomendar, es decir; no otorga reposo alguno solo se limita a Recomendar Aislamiento, no es un alegato suficiente ya que según las máximas de experiencias todo médico indica tratamiento, reposo e inclusive recomendación, ya queda a criterio del paciente dar cumplimiento a lo indicado por el médico tratante, como efectivamente sucedió en el caso de marras, el médico en dicha constancia procedió a indicar tratamiento medico al Sr. Franklin Arias Reyes y a su esposa Sra. Josmir Mendoza De Arias con recomendación de Aislamiento Domiciliario Preventivo por 14 días con valoración de 7 días posteriores para nueva PCR. Por lo que recomendó cumplir con indicaciones Facultativo – para Evitar posibles contactos, en consecuencia se le otorga pleno valor probatorio y de la misma se desprende que el día 23 de febrero del año 2024, los ciudadanos Franklin Arias Reyes y Josmir Mendoza De Arias, antes identificados, le fue expedida la referida Constancia de Atención Medica y Aislamiento fueron valorados por facultativo, por presentar sintomatología Respiratoria se procedió a realizar Test PCR con resultado (+) al COVID 19, por lo que indicó tratamiento medico para ambos ciudadanos, con recomendación de Aislamiento Domiciliario Preventivo por 14 días con valoración de 7 días posteriores para nueva PCR, es decir; que los 14 días comprende el periodo desde el 23/02/2024 hasta el 07/03/2024, que los ciudadanos Franklin Arias Reyes y Josmir Mendoza De Arias, antes identificados, en sus condiciones de Presidente y Vicepresidente de la sociedad mercantil “INVERSIONES EL GRAN MESON HÍPICO, C.A.”, según se evidencia de acta constitutiva y acta de asamblea, las cuales rielan a los folios 31 al 36, de la pieza I de I del asunto principal IP21-L-2024-000011, se encontraban imposibilitado para acudir a la audiencia preliminar que se llevo a cabo en fecha 27 de febrero del año 2024, por ante el Tribunal Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, según se evidencia de acta de audiencia preliminar (admisión de hechos), la cual riela a los folios 21 al 22 de la pieza I de I del asunto principal IP21-L-2024-000011. De igual manera dicha constancia fue confirmada en cuanto a su autoría del documento, tanto en contenido y firma, en la testimonial obtenida al Dr. Lamenai Sánchez en su carácter de Especialista Médico General Integral, Médico Ocupacional C.I: V-12.790.266 // MPPS: 9634, en la respectiva continuación de la audiencia de apelación efectuada el día martes 16 de abril del año 2024 hora: 10:30 a.m., previo juramento legal y en donde ambas partes hicieron uso del control del medio probatorio, realizándole preguntas al galeno en relación con la emisión de la referida Constancia de Atención Medica y Aislamiento de fecha 23 de febrero del año 2024, así como, a la explicación realizada sobre el Protocolo del Covid-19, cual era su cargo, registro de morbilidad, si tuvo algún seguimiento el caso de los ciudadanos antes referidos, la diferencia entre recomendar y otorgar reposo médico, entre otras, siendo contestes en las mismas y con sus respuestas aclareció los hechos controvertidos en el presente asunto laboral, por lo que se les otorgan pleno valor probatorio a los fines de la presente decisión, de conformidad a lo establecido en los artículos 10 y 95 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Y Así se Establece. - Instrumento Público: 4) Originales y copias fotostáticas de Planilla Única Bancaria de fecha 26/02/2024, del Servicio Autónomo de Registros y Notarias SAREN, N° Planilla: 13200117492, N° de Trámite: 132.2024.1.891, tipo de acto: Poderes Judiciales, Nombres y Apellidos del Solicitante: Franklin Ricardo Arias Reyes, C.I. V.-13.106.472, Se observa la palabra ANTICIPADO, y; sello húmedo de la Notaria Pública Primera de Punto Fijo estado Falcón, Servicio Autónomo de Registros y Notarias SAREN, donde consta copia fotostática de cédula de identidad del ciudadano Franklin Ricardo Arias Reyes, antes identificado, mediante el cual confiere instrumento poder judicial amplio y suficiente en cuanto a derecho se requiere al ciudadano Carlos Luis Sánchez Goitia, quien es venezolano, mayor de dad, abogado en el libre ejercicio de la profesión, portador de la cédula de identidad N° 12.790.420, e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 149.127, el cual fue autenticado por la Notaria Pública Primera de Punto Fijo Estado Falcón en fecha 28/02/2024, bajo el N° 12, Tomo 14, Folios 46 hasta 49. (Folios 16 al 18 de la Pieza I de I del asunto IP21-R-2024-000009, y folios 28 al 30 de la Pieza I de I del asunto principal IP21-L-2024-000011). En relación a esta instrumental la parte demandante no recurrente, durante la audiencia de apelación la impugnó y lo desconoció, y; en el escrito presentado por dicha representación en fecha 12/04/2024, (Folios 29 al 31 de la pieza I de I del recurso de apelación), señaló: “(…) La información descrita y reseñada previamente evidencia que el ciudadano: Franklin Ricardo Arias Reyes; C.I/RIF: V-13.106.472, fue dos (2) veces a la notaria, la primera vez el día 26/02/2024 un día antes de efectuarse la dos (2) primeras audiencias preliminares la cual se produjo el dio 27/02/2024 y la segunda vez el día 28/02/2024, el día que se realizaba la segunda audiencia preliminar. No entendiéndose del porque si se le había recomendado el aislamiento hizo caso omiso y fue a la notaria no solo a realizar el trámite sino posteriormente a firmar, por lo que no tenían ambos cónyuges impedimentos para concurrir a las audiencia preliminares y más aun que desde su notificación de su representada el cual se produce el día 08/02/2024 hasta la fecha en que se celebro la primera audiencia preliminar 27/02/2024 había transcurrido entre días hábiles y no hábiles más de 20 días para tomar la previsiones de rigor, por lo que no se justifica la incomparecencia por sí asistido de abogados o por medio de apoderados a las audiencias preliminares celebradas los días 27 y 28 de febrero del año en curso. Ver copias simples del poder que reposa en los autos. (…)” En cuanto a esta Instrumental las cuales rielan a los folios 16 al 18 de la Pieza I de I del asunto IP21-R-2024-000009, y; folios 28 al 30 de la Pieza I de I del asunto principal IP21-L-2024-000011), observa este Tribunal de Alzada que la misma se refiere a las documentales indicadas en el artículo 77 de la Ley Adjetiva Laboral, sobre instrumentos públicos o auténticos; la única forma de cuestionar y desvirtuar el valor probatorio de éstos instrumentos, es mediante la tacha de falsedad, que no es otra cosa que un recurso específico para impugnar el valor probatorio de los instrumentos públicos o auténticos, que gocen de todas las condiciones de validez requeridos por la ley, tacha de falsedad que ataca la eficacia probatoria del instrumento público, para que no produzca convicción judicial, por lo que se les otorgan valor probatorio y de las mismas se desprenden que en fecha 26/02/2024, acudieron ante la Notaria Pública Primera de Punto Fijo Estado Falcón, (Servicio Autónomo de Registros y Notarias SAREN), no precisamente el ciudadano Franklin Ricardo Arias Reyes, antes identificado, ya que cualquiera pudo haber asistido y colocar la identificación del referido ciudadano como solicitante, ya que éste es el interesado, pudo haber comparecido el abogado que redactó el instrumento poder, en donde el ciudadano Franklin Ricardo Arias Reyes, antes identificado, confiere instrumento poder judicial amplio y suficiente en cuanto a derecho se requiere al ciudadano Carlos Luis Sánchez Goitia, quien es venezolano, mayor de dad, abogado en el libre ejercicio de la profesión, portador de la cédula de identidad N° 12.790.420, e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 149.127, el cual fue autenticado por la referida Notaria en fecha 28/02/2024, bajo el N° 12, Tomo 14, Folios 46 hasta 49, de lo cual se desprende que el ciudadano Franklin Ricardo Arias Reyes, antes identificado, si compareció ante dicha notaria en fecha 28/02/2024, a suscribir el instrumento poder, pudo haber ido cumpliendo al máximo todas las medidas de bioseguridad del COVID-19, procede esta Alzada a darle valor probatorio a dicho instrumento. Y Así se Establece. - Gaceta Municipal del Consejo Municipal de la Alcaldía del Municipio Carirubana del estado Falcón: 5) Consiga copias fotostáticas de Decreto N° 0038-2024, de fecha 23/02/2024, suscrito por el ciudadano Abel Tomas Petit Flores, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V.-11.768.779, en su carácter de Alcalde del Municipio Carirubana del estado Falcón, mediante el cual decretó Día de Jubilo No Laborable el día martes 27 de febrero de 2024 en toda la jurisdicción del Municipio Carirubana del estado Falcón, con motivo de la celebración del Día de Punto Fijo, el cual fue publicado en el Consejo Municipal de Carirubana Gaceta Municipal, Año: LIII Punto Fijo; 26 de Febrero de 2024 Extraordinaria: N° 0528-2024, y; se observa la identificación del Presidente, miembros del Consejo Municipal, así como, el Secretario Municipal, Sindico Municipal y Cronista Municipal, el cual fue verificado por este Tribunal de Alzada mediante, auto de fecha 10/04/2024, a través de llamada telefónica vía WhatsApp a la abogada Edicta García, Número Telefónico 0412-6621681, en su carácter de Coordinadora Laboral del Circuito Judicial Laboral del Estado Falcón, con sede en la ciudad de Punto Fijo, procediendo a informar ésta que en toda la jurisdicción del Municipio Carirubana, fue declarado día de Jubilo No Laborable, según Decreto No 0038-2024, y remitió vía telemática copia del referido Decreto, cuyo ejemplar este Tribunal ordenó agregar a las actas procesales en dos folios útiles. (Folios 19 al 20 y del 24 al 26 de la Pieza I de I del asunto IP21-R-2024-000009). Este Tribunal de Alzada señala que solo los hechos son objeto de prueba, no así, el derecho de conformidad con lo establecido en el artículo 2 del Código Civil, y; atendiendo al Principio Iura Novit Curia, el juez conoce, aplica el derecho y califica jurídicamente la acción, de donde se infiere, que las partes solo deben suministrar en el proceso los hechos para que el Juez pueda aplicar el derecho, en consecuencia el referido Decreto, no es objeto de prueba, sin embargo una vez verificado el mismo y anexado a las actas procesales, al igual que fue consignado en copias fotostáticas por la apoderada judicial de la parte demandada recurrente en la audiencia de apelación, del mismo se demuestra que el ciudadano Alcalde del Municipio Carirubana del estado Falcón decretó el día martes 27 de febrero de 2024, Día de Jubilo No Laborable, en toda la jurisdicción del Municipio Carirubana del estado Falcón, con motivo de la celebración del Día de Punto Fijo, cuyo instrumento será de aporte para dilucidar la presente controversia aquí planteada. Y Así se Establece. Así las cosas, para decidir con relación a la presente apelación, esta alzada observa lo siguiente: La Ley Orgánica Procesal del Trabajo establece la obligación de las partes de comparecer a la audiencia preliminar o a cualquiera de sus prolongaciones, entendiéndose que la audiencia preliminar es una sola. La intención que tuvo el legislador al dejar sentado como obligación, la comparecencia a la audiencia preliminar de ambas partes, fue la de propiciar el encuentro entre ellas, dado que la audiencia preliminar es un acto fundamental y estelar del proceso laboral, es la oportunidad que poseen ambas partes, para discutir sus posiciones y a través de los medios alternos de resolución de conflictos, avenir a la solución de la controversia existente entre los contendientes. Ello se encuentra consagrado en el artículo 129 de la Ley in commento, que expresamente señala: “La audiencia preliminar será en forma oral, privada y presidida personalmente por el Juez…, con la asistencia obligatoria de las partes o sus apoderados…” (Cursivas de este Tribunal). En casos muy excepcionales es que permite el legislador patrio que pueda justificarse la incomparecencia a la celebración de la audiencia preliminar, pudiendo el recurrente hacerlo por ante el Tribunal Superior del Trabajo competente, dejando la clara salvedad de que debe ser motivada tal incomparecencia por caso fortuito o fuerza mayor y que sea plenamente comprobable, debidamente justificado a criterio del Tribunal Superior, lo cual queda establecido en el artículo 131 de la precitada Ley. La Ley Orgánica Procesal del Trabajo, establece sanciones a las partes cuando ocurra la incomparecencia de alguna de ellas a la celebración de la audiencia preliminar, así tenemos que, los Tribunales de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo, frente a la incomparecencia de la parte actora deberán declarar desistido el procedimiento y terminado el proceso, en el caso de la incomparecencia de la parte demandada, estos deberán declarar la admisión de todos y cada uno de los hechos explanados por el actor en su escrito libelar, correspondiéndole al Juez, solamente revisar que las pretensiones del actor no sean contrarias a derecho (como ocurrió en el caso de auto) y frente a la incomparecencia de ambas partes a la celebración de la audiencia preliminar deberán declarar extinguido el proceso. En relación con este tema (Audiencia Preliminar, Incomparecencia, Caso Fortuito o Fuerza Mayor), resulta útil y oportuno transcribir parcialmente lo que la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia dispuso en la célebre Sentencia No. 115 de fecha 17 de febrero de 2004, con ponencia del Magistrado, Dr. Omar Alfredo Mora Díaz, indicando las condiciones necesarias para considerar que un hecho particular sea considerado caso fortuito o fuerza mayor y consecuencialmente, convertirse en causa justificada y suficiente de incomparecencia a una audiencia, verbigracia a una Audiencia Preliminar, la cual fue ratificada en la Sentencia N° 0232, Expediente N° 06-2186, de fecha 04 de marzo del año 2008, en el procedimiento de Recurso de Control de la Legalidad, partes Janetzi Saavedra contra Centro Clínico Nardulli, C.A., con ponencia del Magistrado Luis Eduardo Franceschi Gutiérrez, proferida de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia. Tal decisión es del siguiente tenor: “Tales causas extrañas no imputables que configuran el incumplimiento involuntario del deudor (obligado) las adminicula el legislador en correspondencia con la norma transcrita en el caso fortuito y la fuerza mayor, y ante tal categorización, debe la Sala necesariamente aclarar las condiciones necesarias para su procedencia y consecuente efecto liberatorio. Toda causa, hecho, obstáculo o circunstancia no imputable que limite o impida el cumplimiento de la obligación, debe necesariamente probarse. Tal condición limitativa o impeditiva debe resultar de orden práctico. Asimismo, tal imposibilidad plena en ejecutar la obligación necesariamente debe instaurarse como sobrevenida, es decir, que se consolida o materializa con posterioridad a contraerse legítimamente la obligación. De otra parte, la causa externa (no imputable) generadora del incumplimiento no puede resultar previsible, y aún desarrollándose en imprevisible, la misma debe ser inevitable, a saber, no subsanable por el obligado. Igualmente y de manera conclusiva, debe especificarse que la causa del incumplimiento no puede responder a una actitud volitiva, consciente del obligado (Dolo o intencionalidad)”. (Subrayado y negritas de este Tribunal Superior). Para decidir la apelación planteada por la parte demandada recurrente, esta superioridad previamente pasa a hacer las siguientes observaciones: En primer orden, la apelación puede basarse en los posibles motivos que puedan ser alegados para justificar la incomparecencia a una Audiencia Preliminar, como el hecho calificado como caso fortuito o fuerza mayor los cuales se han definido como el suceso ocurrido que no ha podido evitarse, o que, previsto, no ha podido evitarse. Los eventos considerados como casos fortuitos, lo mismo que la fuerza mayor, pueden ser producidos por la naturaleza o por el hecho del hombre. Para algunos autores no existe diferencia ni teórica ni práctica entre el hecho fortuito y la fuerza mayor. Jurídicamente, la distinción entre una y otra tiene escasa importancia, ya que la ocurrencia de un hecho catalogado como tal pueden ser justificativas del incumplimiento de una obligación, si así lo permitiere la Ley. En este sentido, la Sala de Casación Social, en innumerables decisiones, entre ellas la N° 1532 de fecha 10 de noviembre de 2005, con ponencia del Magistrado Juan Rafael Perdomo, se ha pronunciado sobre las condiciones necesarias para la procedencia del caso fortuito o fuerza mayor como causas no imputables a las partes en caso de incomparecencia a la celebración de la audiencia preliminar o a las prolongaciones de estas, decisión ratificada el 28 de julio de 2006 N° 1202, y que este Tribunal de Alzada comparte en todo sus ámbitos, esta decisión es del siguiente tenor: “(…) No obstante, el Juzgado Superior podrá revocar la decisión dictada por el Juzgado de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo, que declaró la admisión de los hechos, cuando considerare que existen motivos justificados y fundados para la incomparecencia a la audiencia, por caso fortuito o fuerza mayor, o eventualidades del quehacer humano que siendo previsibles e incluso evitables, impongan cargas complejas, irregulares al deudor para cumplir con la obligación adquirida, plenamente comprobables a criterio del sentenciador, y, en consecuencia, declarar la nulidad y reposición de la causa al estado de celebrarse nuevamente la audiencia preliminar, o en su defecto, ordenar su continuación, para el caso de encontrarse en una prolongación. Para ello, tanto los Juzgados de Sustanciación, Mediación y Ejecución, como los Juzgados Superiores del Trabajo deben tomar en cuenta los parámetros y lineamientos establecidos por la Sala, a los fines de pronunciarse sobre las consecuencias y el efecto liberatorio de una causa extraña eximente de la responsabilidad para comparecer a la audiencia, o a un acto de prolongación de la audiencia preliminar, cuya valoración y apreciación será de la libre soberanía del Juez, pero siempre ajustando y fundamentando su decisión en los pautas delineadas por la Sala, las cuales se resumen a continuación: 1) La causa, hecho o circunstancia no imputable a la parte que limite o impida la comparecencia a la audiencia o a la prolongación, debe ser probada por la parte que la invoca; (Negrillas y subrayados de este Tribunal). Es decir la parte demandada recurrente probó con los medios probatorios (Pruebas Documentales Escritas o Instrumentales), el hecho no imputable a la misma que impidió la comparecencia a la audiencia preliminar celebrada el 27 de febrero del año en curso a las 10:30 a.m., por ante el Tribunal Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución, de este Circuito Judicial Laboral, ubicado en la Ciudad de Santa Ana de Coro Estado Falcón. 2) La imposibilidad de cumplir tal obligación debe ser sobrevenida, es decir, debe materializarse con posterioridad al conocimiento inicial que se tenía sobre la comparecencia previamente convenida entre las partes, o a la inicialmente fijada por el Tribunal; (Negrillas y subrayados de este Tribunal). En el caso de autos los hechos narrados por la parte demandada recurrente se materializaron con posterioridad al conocimiento que ésta tenía sobre la comparecencia fijada por el Tribunal, es decir; que la audiencia preliminar se efectuaría el día 27 de febrero del año que discurre, hora: 10:30 a.m., y que ésta estaba en pleno conocimiento de la celebración del referido acto procesal, ya que los hechos narrados y probados fueron sobrevenidos es decir, que el día 23 de febrero del año 2024, los ciudadanos Franklin Arias Reyes y Josmir Mendoza De Arias, antes identificados, le fue expedida Constancia de Atención Medica y Aislamiento fueron valorados por facultativo, por presentar sintomatología Respiratoria se procedió a realizar Test PCR con resultado (+) al COVID 19, por lo que indicó tratamiento medico para ambos ciudadanos, con recomendación de Aislamiento Domiciliario Preventivo por 14 días con valoración de 7 días posteriores para nueva PCR, es decir; que los 14 días comprende el periodo desde el 23/02/2024 hasta el 07/03/2024, que los ciudadanos Franklin Arias Reyes y Josmir Mendoza De Arias, antes identificados, en sus condiciones de Presidente y Vicepresidente de la Sociedad Mercantil “INVERSIONES EL GRAN MESON HÍPICO, C.A.”, según se evidencia de acta constitutiva y acta de asamblea, las cuales rielan a los folios 31 al 36, de la pieza I de I del asunto principal IP21-L-2024-000011, se encontraban imposibilitado para acudir a la audiencia preliminar, que se llevo a cabo en fecha 27 de febrero del año 2024, por ante el Tribunal Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Falcón. Como un tercer requisito de procedibilidad del caso fortuito o fuerza mayor, se tiene: 3) La causa no imputable debe ser imprevisible e inevitable, es decir, no puede en modo alguno subsanarse por el obligado a comparecer; (Negrillas y subrayados de este Tribunal). La parte demandada recurrente, alegó y probó que la causa no imputable fue imprevisible e inevitable, no pudo ser subsanada por ésta, como es el hecho que en fecha 23 de febrero del año en curso los ciudadanos Franklin Arias Reyes y Josmir Mendoza De Arias, antes identificados, en sus condiciones de Presidente y Vicepresidente de la sociedad mercantil “INVERSIONES EL GRAN MESON HÍPICO, C.A.”, ante la sintomatología que presentaban le practicaron Prueba PCR arrojando positivo para el Covid-19, según Constancia de Atención Medica y Aislamiento supra valorada. y, 4) La causa del incumplimiento no puede devenir de una conducta consciente y voluntaria del obligado, pues la causa que se invoque debe provenir de factores externos y ajenos a las partes. (Negrillas y subrayados de este Tribunal). En cuanto a este criterio, observa este Tribunal de Alzada que la causa de incumplimiento no devino de la conducta consiente y voluntaria de la parte demandada recurrente, pues la causa invocada y probada por ésta, provino de factores externos y ajenos a las partes, como fue el hecho como anteriormente se indicó que en fecha 23 de febrero del año en curso los ciudadanos Franklin Arias Reyes y Josmir Mendoza De Arias, antes identificados, en sus condiciones de Presidente y Vicepresidente de la sociedad mercantil “INVERSIONES EL GRAN MESON HÍPICO, C.A.”, ante la sintomatología que presentaban le practicaron Prueba PCR arrojando positivo para el Covid-19, según Constancia de Atención Medica y Aislamiento supra valorada. En este sentido, observa este sentenciador, que en el presente caso, una vez realizado el análisis de cada una de las circunstancia que ha establecido nuestra Sala de Casación Social en reiteradas oportunidades, se concluye, que en el presente caso están llenos los extremos para reponer la causa al estado inicial de que se celebre nueva Audiencia Preliminar de acuerdo a las previsiones que están contenidas en nuestra Ley Orgánica Procesal del Trabajo, las cuales no son otras que los actos procesales deben de celebrarse para que con ello, se contribuya al fin ultimo de la Justicia. Y de no ser así, también ha sido justo nuestro Tribunal Supremo de Justicia cuando establece lo siguiente: De no demostrarse las causas extrañas alegadas, el Juez debe aplicar las consecuencias jurídicas establecidas en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, según sea el caso. Si la incomparecencia ocurre en la audiencia preliminar, el desistimiento del procedimiento, al actor, y la admisión de los hechos, al demandado, en conformidad con los artículos 130 y 131 de la Ley Adjetiva del Trabajo. Si por el contrario la incomparecencia se materializa en la audiencia de juicio, se aplica al actor el desistimiento de la acción, y al demandado, la confesión de los hechos, en aplicación del artículo 151 eiusdem. De considerar la Alzada insuficientes las razones expuestas por la accionada para su incomparecencia; o que no se demostraron los motivos aducidos por ésta; o que el fundamento del recurso de apelación no lo constituye una causa extraña no imputable al obligado a comparecer, debe entonces entrar a decidir sobre la admisión de hechos declarada por el a quo, analizando para ello si la pretensión del actor se encuentra ajustada a derecho. (…)” (Negrillas y subrayados de este Tribunal de Alzada). En un caso análogo, la misma Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia Nº 319 del 27 de marzo de 2008 (caso: Liliana Guerrero Arroyo, contra la Sociedad Civil Bentata Abogados) estableció: Como ha explicado la Sala en otras oportunidades, ha sido criterio reiterado y sostenido que en el nuevo proceso laboral los Jueces de Instancia tanto los de Sustanciación y Mediación, como los de Juicio, así como los de Segunda Instancia, deben utilizar el proceso como un instrumento para la justicia, y una de las columnas vertebrales de este nuevo proceso laboral es precisamente estimular la realización de las audiencias de cara a lograr una efectiva y real mediación o realizar la audiencia de juicio que garantiza el debido proceso y la justa resolución de la controversia. También ha sido doctrina reiterada de esta Sala, que cuando la parte no comparece por falta de diligencia deben aplicarse las consecuencias de Ley. Pero también ha dicho la Sala, que cuando por razones de fuerza mayor o de caso fortuito la parte no puede comparecer a las audiencias, los jueces tienen que humanizar el proceso y buscar la verdad verdadera. En el caso en particular, la Sala verificó que ya para el momento de la realización de la audiencia de juicio los apoderados de la actora habían renunciado al poder otorgado por ésta por lo que se considera que la misma, estaba representada por un solo profesional del derecho. Ha sido doctrina además, entre otros casos, que cuando hay varios profesionales del derecho la situación es diferente, si uno está enfermo y no puede comparecer, otro puede hacerlo, pero en este caso consta en autos la renuncia del poder por parte de los apoderados que representaban a la actora. (Negrillas y subrayados de este Tribunal). Una vez, realizado el análisis de los criterios jurisprudenciales anteriormente expuestos, los cuales comparte esta Alzada a plenitud y los acata, en el entendido que en el nuevo proceso laboral los Jueces de las distintas instancias, deben utilizar el proceso como un instrumento para la justicia, y una de las columnas vertebrales de este nuevo proceso laboral es precisamente estimular la realización de las audiencias de cara a lograr una efectiva y real mediación, o realizar la audiencia de juicio que garantiza el debido proceso y la justa resolución de la controversia, entendiéndose que las partes son los únicos actores del proceso y nuestros Circuito Judiciales Laborales, están como garantes que ese proceso se realice conforme a los postulados contenidos en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el resto del ordenamiento jurídico y la doctrina Casacional de nuestro Máximo Tribunal Supremo de Justicia. Ahora bien, en el presente caso, este Tribunal Superior del Trabajo debe señalar que los motivos que la apoderada judicial de la parte demandada recurrente narra como fundamento de no haber comparecido los representantes legales de la sociedad mercantil Inversiones El Gran Mesón Hipico C.A., a la audiencia preliminar, lo cual arrojo como resultado haber quedado incompareciente al acto de Audiencia Preliminar, debe considerarse como justificado, habida cuenta que, quedó plenamente evidenciado en las actas procesales, una situación de hecho que se escapó de la voluntad de los ciudadanos Franklin Arias Reyes y Josmir Mendoza De Arias, antes identificados, en sus condiciones de Presidente y Vicepresidente de la sociedad mercantil “INVERSIONES EL GRAN MESON HÍPICO, C.A.”, que ese día -27 de febrero del año 2024- iban a comparecer a la audiencia preliminar; ello quedó demostrado de los medios probatorios antes valorados. De modo pues que, por todos los razonamientos precedentemente establecidos este Tribunal Superior del Trabajo considera que en el presente caso, el motivo que se invoca para la incomparecencia de la parte demandada recurrente a la audiencia preliminar, dadas las circunstancias anotadas, dan lugar a considerarlo justificado. Por tanto, se declara con lugar el presente recurso de apelación, revocándose en todas y cada una de sus partes el pronunciamiento contenido en Sentencia de (Admisión de Hechos), dictada en fecha 05 de marzo del año 2024, dictada por el Tribunal Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, con sede en Santa Ana de Coro, y se ordena al precitado Tribunal fije oportunidad para que tenga lugar una nueva audiencia preliminar en la presente causa, sin necesidad de notificar a las partes pues las mismas se encuentran a derecho en la presente causa, de conformidad a lo establecido en el principio de notificación Única, establecido en el articulo 7 de la Ley Adjetiva Laboral, donde ambas partes podrán consignar cualquier medio probatorio de los ya consignadas en actas los cuales deberán ser analizados y valorados en su conjunto por el Juez de Sustanciación Mediación competente y que serán tomados como presentados por el Tribunal de Primera Instancia competente, ya que el presente asunto será remitido al Tribunal Quinto de Sustanciación, Mediación y Ejecución de este Circuito Judicial Laboral, toda vez, que ya hubo pronunciamiento del fondo del otro Tribunal Competente. Así se Declara. Para mayor ilustración al caso planteado, observa esta Alzada que nuestra Sala de Casación Social en Sentencia No 0044, de fecha 14 de Marzo del año 2013, con Ponencia del Magistrado Dr. Octavio Sisco Ricciardi, cita “Sentencia No 115 del 2004, (caso: Arnaldo Salazar Otamendi contra Publicidad Vepaco, C.A), donde consideró que nuestra Ley Adjetiva del Trabajo faculta al Juez Superior del Trabajo, a revocar aquellos fallos constitutivos de la presunción de admisión de los hechos por la incomparesencia de la parte demandada a la audiencia preliminar, bien sea en su apertura o en sus posteriores prolongaciones, siempre y cuando la contumacia a una situación extraña no imputable (al demandado)”, así pues y conforme a los lineamientos precedentes afirma la referida Sala e insertándola al presente asunto, se ratifica la revocatoria del fallo apelado y se le ordena al Juez de Instancia fijar oportunidad para una nueva Audiencia Preliminar, cosa que nuestras Salas del Tribunal Supremo de Justicia han determinado que se debe celebrar nuevamente las audiencias respectivas, para que con ello pueda darse el fin ultimo del derecho, que es que las partes se sometan a un arbitro neutral que les garantice el debido proceso y derecho a la defensa, fuere cual fuere el resultado de la misma, y donde deberán ambas partes consignar sus respectivos medios de prueba, aparte de los ya consignados. Notifíquese de la presente decisión al Tribunal Primero de Primera Instancia de Sustanciación Mediación y Ejecución del Trabajo, de este Circuito Judicial Labora, de la ciudad de Santa Ana de Coro Estado Falcón, para que tenga conocimiento de la misma, y pueda excluir de sus causas suspendidas por Recurridas y elevadas. III) DISPOSITIVA: Este Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR el Recurso de Apelación, interpuesto por la representaron Judicial de la parte demandada Recurrente INVERSIONES EL GRAN MESON HIPICO C.A. SEGUNDO: Se revoca la Sentencia recurrida en toda y cada una de sus partes. TERCERO Se repone la causa al estado, de celebrar nuevamente Audiencia Preliminar, ante el Tribunal Quinto de Sustanciación Mediación y ejecución, de este Circuito Judicial Laboral, toda vez, que ya hubo pronunciamiento del fondo del otro Tribunal competente, ello sin necesidad de notificación alguna a las partes, dado las partes se encuentran a derecho. CUARTO: No hay condenatoria en costa dado lo decidido en la presente causa. Remítase el presente expediente al Tribunal Quinto de Sustanciación Mediación y Ejecución, para que continúen su curso, una vez que el presente fallo, haya quedado definitivamente firme. Publíquese, regístrese, agréguese y Notifíquese. Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, con sede en Santa Ana de Coro, a los veinticuatro (24) días del mes de abril del año dos mil veinticuatro (2024). Años 214° de la Independencia y 165° de la Federación. EL JUEZ SUPERIOR. ABG. DANILO CHIRINO DIAZ. LA SECRETARIA. ABG. YENNIFER PARTIDAS. Nota: La anterior decisión se dictó y publicó en su fecha, 24 de abril del año 2024, siendo las diez y Veinte de la mañana (10:20 a.m.). Se dejó copia certificada de la misma en el Copiador de Sentencias de este Tribunal. Conste, en Santa Ana de Coro, en la fecha señalada. LA SECRETARIA. ABG. YENNIFER PARTIDAS.