TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR
DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS BUCHIVACOA Y DABAJURO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO FALCON
Dabajuro, 22 de enero del 2024
-213° y 164°-

EXP. 164-2019
MOTIVO: OBLIGACION DE MANUTENCION
SENTENCIA: INTERLOCUTORIA CON FUERZA DE DEFINITIVA
DEMANDANTE: Ciudadana JOHANA JOSEFINA GUERRERO PERDOMO, venezolana, mayor de edad, soltera, de oficios del hogar, titular de la cedula de identidad No. 21.186.703, números telefónicos personal: 0414-6098410 y
0424-6428629 y domiciliada en la Calle Principal San Benito de la población de Zazarida, parroquia Zazarida del municipio Buchivacoa del estado Falcón; actuando sin asistencia y en representación de sus hijos (omitida la identidad de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la LOPNNA).
DEMANDADO: Ciudadano MAIKER GREGORIO MAVARES MUJICA, titular de la cedula de identidad No. 19.006.718, venezolano, mayor de edad, soltero, comerciante de venta y compra de pescado y pescador, número telefónico de su madre: 0424-6257065, y domiciliado en la Calle Principal San Benito, diagonal a la cancha deportiva de la población de Zazarida, parroquia Zazarida del municipio Buchivacoa del estado Falcón. En su condición de padre los menores objeto de la presente obligación de manutención (omitida la identidad de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la LOPNNA).

En fecha diez (10) de junio del año dos mil diecinueve (2019) se recibió de distribución la presente demanda de Obligación de Manutención presentada por la ciudadana JOHANA JOSEFINA GUERRERO PERDOMO, venezolana, mayor de edad, soltera, de oficios del hogar, titular de la cedula de identidad No. 21.186.703, números telefónicos personal: 0414-6098410 y 0424-6428629 y domiciliada en la Calle Principal San Benito de la población de Zazarida, parroquia Zazarida del municipio Buchivacoa del estado Falcón; actuando sin asistencia y en representación de sus hijos (omitida la identidad de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la LOPNNA); en contra del ciudadano MAIKER GREGORIO MAVARES MUJICA, titular de la cedula de identidad No. 19.006.718, venezolano, mayor de edad, soltero, comerciante de venta y compra de pescado y pescador, número telefónico de su madre: 0424-6257065, y domiciliado en la Calle Principal San Benito, diagonal a la cancha deportiva de la población de Zazarida, parroquia Zazarida del municipio Buchivacoa del estado Falcón; constante de cuatro (04) folios útiles. La prenombrada ciudadana expone mediante acta que el padre de sus hijos, MAIKER GREGORIO MAVARES MUJICA, no cumple con la obligación de manutención para con sus hijos, motivo por el cual le demanda para que sea obligado aportar la cantidad de cien mil bolívares soberanos (Bs. 100.000,00) de manera semanal, así como uniformes y útiles escolares cuando lo necesiten, medicinas cuando lo requiera según récipe medico y ropa dos veces al año, compartido entre ambos padres.
Admitida la obligación por manutención en fecha once (11) de junio del dos mil diecinueve (2019), se ordeno formar expediente y fue signado bajo
No. 164-2019; seguidamente se ordeno la citación del padre de los menores, ciudadano MAIKER GREGORIO MAVARES MUJICA, y la notificación respectiva mediante oficio al Fiscal Especializado del Ministerio Publico del estado Falcón. (Folios 6 al 9).
En fecha seis (06) de agosto del dos mil diecinueve (2019), el Alguacil Titular de este Juzgado, consignó boleta de citación donde fue imposible localizar al demandado. (Folios 10 y 12 al 15).
En fecha seis (06) de agosto del dos mil diecinueve (2019) el Tribunal estampó auto al presente expediente donde se procede a esperar que la parte demandante acuda a este Tribunal y suministre la dirección actual del demandado a los efectos de proceder con los tramites legales respectivos. (Folio 11).
En fecha veintitrés (23) de septiembre de dos mil diecinueve (2019) se recibió y se agregó al expediente el oficio No. 170-2019, de fecha 02-08-2019, emanado del Tribunal Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Miranda de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, remitiendo comisión de notificación al Fiscal cumplida. (Folios 16 al 23).
En fecha veintitrés (23) de septiembre de dos mil diecinueve (2019) se recibió escrito de opinión favorable mediante oficio No. FAL-8-0032-2019 de fecha 06-08-2019, emanado de la Fiscalía Octava del estado Falcón; se recibió y se agregó. (Folios 24 al 26).
Ahora bien, examinadas las actas procesales que conforman el presente expediente, se pudo observar que la presente causa se encuentra paralizada por falta de impulso procesal de la ciudadana demandante al no realizar ninguna otra actuación desde la fecha trece (13) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); lo cual se observa en el folio uno (01) y su vuelto del presente expediente. Razón por la cual se evidencia en los autos que conforman el presente expediente, que desde la última actuación anteriormente señalada en autos, la ciudadana JOHANA JOSEFINA GUERRERO PERDOMO no ha realizado ninguna otra actuación, es decir, no le ha dado impulso procesal correspondiente a la presente causa.
Al respecto, este Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Buchivacoa y Dabajuro, con Sede en Dabajuro de la Circunscripción Judicial del estado Falcón; para decidir observa lo siguiente:
Los artículos 267, 268 y 269 del Código Procedimiento Civil disponen:
“Artículo 267.- Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por la partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención.
También se extingue la instancia:
1. Cuando transcurrido treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado.
(…)”
“Artículo 268.- La perención procede contra la Nación, los Estados y las Municipalidades, los establecimientos públicos, los menores y cualquier otra persona que no tenga la libre administración de sus bienes, salvo el recurso contra sus representantes.”
“Artículo 269.- La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del articulo 267, es apelable libremente.”
En virtud de las norma antes citadas se desprende que, al regular el legislador la institución de la perención de la instancia, pretende sancionar la inactividad de las partes, previendo la extinción del proceso como consecuencia de tal inactividad o negligencia, sin producir tal declaratoria efecto alguno respecto de la acción, habida consideración, que por naturaleza, la perención únicamente pone fin al proceso a partir de su declaratoria.
La perención obra cuando las partes no han impulsado al proceso dentro del plazo legal establecido (perención genérica) o cuando la parte accionante no ha cumplido determinados deberes legales dentro del lapso que la ley establece (30 días para la perención breve), sin haber distinción alguna en cuanto a la perención de quien dimana la omisión o la inactividad, existiendo norma expresa de la posibilidad de declarar la perención contra niños, niñas y adolescentes independientemente de la materia tratada.
Ahora bien, la institución de la perención no esta regulada expresamente en la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescentes, de tal forma que deben aplicarse supletoriamente las disposiciones contenidas en el Código de Procedimiento Civil.
Ha sido reiterada la jurisprudencia en torno a este tema, es así como lo establece la sentencia dictada por la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha de doce (12) de mayo del año dos mil tres (2003), con ocasión de un Recurso de Amparo Constitucional contra la sentencia dictada por la Corte Superior del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, en la cual se fijó criterio sobre la declaratoria de perención de los juicios de alimentos, asentando lo siguiente:
“(…) Del análisis del expediente, y de la apreciación de las exposiciones realizadas por las partes en la audiencia oral del presente procedimiento, la sala observa que en el presente caso surge un conflicto entre los derechos constitucionales individuales de los litigantes y el interés superior del menor (…) en efecto admitida la demanda y decretada y practicada la medida preventiva para garantizar los derechos de los menores, la parte actora mantuvo una inactividad procesal anual, por lo que el hoy accionante solicito se declarara la perención de la instancia, por parte del Juzgado de Primera Instancia. Apelada dicha decisión la alzada revoco el fallo en base a que el interés superior del menor (sic) impedía la perención. Para esta sala, la institución de la perención “castiga” la negligencia de las partes, sin diferenciar si estos son menores o no, tal como lo expresa el articulo 268 del Código de Procedimiento Civil. Dicha negligencia no puede ser premiada, fundada en el interés de los menores, manteniendo indefinidamente el demandado sujeto a juicio, ya tal situación sub iudice indefinida contraria al debido proceso y la propia finalidad del mismo. Si se toma en cuenta que el efecto de la perención de la instancia no es extinguir el derecho, sino a raíz de su declaración, postergar por espacio de tres meses que se incoe de nuevo la acción para reclamar el derecho, en principio, ningún perjuicio causa la declaratoria de la perención al demandante, así se trate de un menor y así se declara (…)”.
Así mismo la sentencia nueve (09) de septiembre del dos mil cinco (2005), el Tribunal Supremo de Justicia (T.S.J – Sala Político Administrativa) establece que:
“(…) opera de pleno derecho de perención, porque la parte demandante no cumplió con la obligación de impulsar la citación de la parte demandada (…)”.
Por otra parte la jurisprudencia reiterada de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia y acogida por la Sala Constitucional ha dejado sentado que la perención es una institución de orden publico no renunciable por convenio de alguno entre las partes, la cual se verifica de derecho, esto es, se consumo desde el momento en que se han transcurrido los plazos previstos en la ley, y la declaratoria judicial solo ratifica lo que virtualmente ya estaba consumado, en consecuencia una vez consumada y declarada la perención produce efectos desde que esta operó. (T.S.J. Sala Constitucional de 10-10-2007).
De los artículos antes transcritos y en apego a la máxima de nuestros Tribunal Supremo de Justicia y al principio de seguridad jurídica, la perención obra de pleno derecho y en cualquier asunto, aun tratándose de asuntos relacionados con los niños, niñas y adolescentes; por lo que una vez producida, a la Juzgadora no le queda otro camino que declararla, poniendo fin a través de tal declaratoria a la perpetuidad del procedimiento.
En el presente caso se evidencia de las actas procesales que la parte actora no cumplió con la obligación que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado, como era su carga, produciendo con ello una inactividad procesal por más de treinta (30) días.
Seguidamente, el artículo 335 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, establece que las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional sobre el contenido y el alcance de las normas y principios constitucionales son vinculantes para otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás Tribunales de la Republica, y en las jurisprudencias transcritas se sostiene que la negligencia de las partes no puede ser premiada manteniendo al demandado sujeto a juicio, pues ello contraviene el debido proceso y propia finalidad del mismo, en consecuencia por ser el debido proceso garantía de carácter constitucional, es procedente la declaración de la perención de la instancia.
Por los fundamentos expuestos, este TRIBUNAL SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS BUCHIVACOA Y DABAJURO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO FALCON, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR LA AUTORIDAD DE LA LEY, acogiéndose al criterio establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y a las normas establecidas por el Código de Procedimiento Civil, DECLARA LA PERENCION DE LA INSTANCIA en la presente causa por Obligación de Manutención interpuesta por la ciudadana JOHANA JOSEFINA GUERRERO PERDOMO, en beneficio de sus menores hijos (omitida la identidad de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la LOPNNA); de conformidad con lo dispuesto en los artículos 267, 268 y 269 del Código de Procedimiento Civil, en consecuencia, se remitirá al Archivo Judicial Regional del estado Falcón con sede en la ciudad de Coro en la oportunidad correspondiente. ASÍ SE DECIDE.-
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la presente decisión a los fines provistos en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1.384 del Código Civil y los numerales 3 y 9 del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal del Municipio Dabajuro de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón. Dabajuro a los veintidós (22) días del mes de enero del dos mil veinticuatro (2024). Años: 213° de la Independencia y 164° de la Federación.
La Juez Provisoria, La Secretaria Titular,

Abg. Teodora Borregales Piña. Abg. María Martha Reyes.
En misma fecha de hoy, veintidós (22) de enero del dos mil veinticuatro (2024), siendo la una de la tarde (1:00 p.m.), se publicó la presente decisión, quedando registrada bajo el No. 288.
La Secretaria Titular,

Abg. María Martha Reyes.