TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la
Circunscripción Judicial del estado Falcón
Años; 214° y 166°
ASUNTO: IP21-N-2025-000004

MOTIVO: Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial ejercido conjuntamente con solicitud de Medida Cautelar.

PARTE QUERELLANTE: Ciudadano DOUGLAS MARLON RAMÍREZ GARCÍA, titular de la cédula de identidad Nº V-14.397.535.

REPRESENTACIÓN JUIDICIAL: Abogado RAMÓN AGUSTÍN LOAIZA QUEIPO, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 155773.

PARTE QUERELLADA: CUERPO DE POLICÍA NACIONAL BOLIVARIANA.

En fecha veintisiete (27) de febrero de 2025, se recibió ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documento de este Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, el presente expediente contentivo de Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial ejercido conjuntamente con solicitud de Medida Cautelar, interpuesto por el ciudadano DOUGLAS MARLON RAMÍREZ GARCÍA, asistido por el abogado RAMÓN AGUSTÍN LOAIZA QUEIPO, ya identificados, contra el CUERPO DE POLICÍA NACIONAL BOLIVARIANA.

Siendo la oportunidad legal correspondiente para pronunciarse sobre la admisibilidad del referido recurso, este Juzgado lo hace en base a las siguientes consideraciones.

I
DE LA COMPETENCIA

Debe este Tribunal pronunciarse ab initio en relación a la competencia para conocer, sustanciar y decidir el presente Recurso instaurado, considerando en tal sentido, lo indicado por la parte querellante a través de su Escrito Libelar, que en fecha ocho (08) de febrero de 2024, procedió la Dirección Nacional Disciplinaria de los Cuerpos de Policía Del estado Falcón, a su destitución como Oficial adscrito a la Dirección de Inteligencia Estratégica (D.I.E), de lo cual se puede colegir, que la relación que mantenía es de carácter estrictamente funcionarial.

En virtud de ello, resulta menester indicar que el régimen jurídico de la función pública en Venezuela se encuentra contenido en la Ley del Estatuto de la Función Pública, publicada en la Gaceta Oficial Nº 37.482, de fecha 11 de julio del 2002. Esta Ley, además de regular el régimen de administración de personal y determinar los derechos y deberes de los funcionarios públicos, consagra en su título VIII, todo un proceso dirigido a controlar en sede jurisdiccional los actos, actuaciones, hechos u omisiones de la Administración Pública en ejercicio de la función pública, tal como lo establece en sus artículos 1, 93 y 95, que disponen lo siguiente:

“Artículo 1. La presente Ley regirá las relaciones de empleo público entre los funcionarios y funcionarias públicos y las administraciones públicas nacionales, estadales y municipales, lo que comprende:
1. El sistema de dirección y de gestión de la función pública y la articulación de las carreras públicas.
2. El sistema de administración de personal, el cual incluye la planificación de recursos humanos, procesos de reclutamiento, selección, ingreso, inducción, capacitación y desarrollo, planificación de las carreras, evaluación de méritos, ascensos, traslados, transferencia, valoración y clasificación de cargos, escalas de sueldos, permisos y licencias, régimen disciplinario y normas para el retiro.”
“Artículo 93. Corresponderá a los tribunales competentes en materia contencioso administrativo funcionarial, conocer y decidir todas las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de esta Ley, en particular las siguientes:
1. Las reclamaciones que formulen los funcionarios o funcionarias públicos o aspirantes a ingresar en la función pública cuando consideren lesionados sus derechos por actos o hechos de los órganos o entes de la Administración Pública.
2. Las solicitudes de declaratoria de nulidad de las cláusulas de los convenios colectivos.”
“Artículo 95. Las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de la presente Ley se iniciarán a través del recurso contencioso administrativo funcionarial, el cual consiste en una querella escrita…”

En este mismo orden de ideas, establece la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en su artículo 25 ordinal 6 lo siguiente:
Los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa son competentes para conocer de:

“Ordinal 6: Las demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos particulares concernientes a la función pública, conforme a lo dispuesto en la ley”.

Ahora bien, por cuanto en el presente caso, estamos frente a una reclamación de carácter funcionarial, este Juzgado resulta competente para conocer, sustanciar y decidir la querella interpuesta. Y así se establece.

Establecida como ha sido la competencia, corresponde a éste Juzgado revisar la admisibilidad de la querella funcionarial de conformidad con el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en concordancia con lo establecido en el artículo 98 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en tal sentido, el artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública dispone:

“…Artículo 94. Todo recurso con fundamento en esta Ley sólo podrá ser ejercido válidamente dentro de un lapso de tres meses contados a partir del día en que se produjo el hecho que dio lugar a él, o desde el día en que el interesado fue notificado del acto…”.

La caducidad, es lo que la doctrina define como una sanción jurídica en virtud de haber transcurrido el tiempo fijado por la Ley, para la reclamación en sede jurisdiccional de un derecho, lo cual acarrea la inadmisibilidad del recurso intentado. Por tanto, la misma puede ser declarada de oficio por el Juez, al ser materia de orden público, y la consecuencia de la declaratoria de caducidad, es la pérdida irreparable del derecho que se tenía de ejercer la acción.

Así pues, se refiere la caducidad a un término perentorio para que se intente la demanda, so pena del perecimiento de la acción, valga decir, de la postulación judicial del pretendido derecho.

En este sentido, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 00163 del 5 de febrero de 2.002, con ponencia del Magistrado Dr. Levis Ignacio Zerpa, expediente N° 2001-0314, señaló:

“… esta Sala observa: en primer lugar, debe precisarse que la caducidad es un plazo que concede la ley para hacer valer un derecho o ejercer una acción, con un carácter fatal, es decir, que una vez transcurrido dicho plazo, el derecho no puede ser ejercitado, lo cual conduce a que el interesado pierda la posibilidad que le concedía la ley. Por otra parte, debe la Sala aclarar que la prescripción y la caducidad son dos institutos jurídicos distintos, con solo una afinidad constituida por el transcurso del tiempo, pudiendo interrumpirse la prescripción, no así la caducidad…” (Cursivas de Tribunal).

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia del 10 de noviembre de 2.005, con ponencia de la Magistrada Dra. Carmen Elvigia Porras de Roa, en el expediente N° AA60-S-2004-001834, estableció:

“…siendo la caducidad un plazo que concede la ley para hacer valer un derecho mediante el ejercicio de la acción, con un carácter fatal, es decir, que una vez trascurrido dicho lapso el derecho no puede ser ejercido, lo cual conduce a que el interesado pierda la posibilidad que le concedía la ley…”. (Cursivas de este Juzgado).

Por su parte, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de 12 de agosto de 2.005, con ponencia del Magistrado Dr. Francisco Antonio Carrasqueño López en el expediente Nº 04-3051, dejó sentado lo siguiente:
“…Sobre este particular, en sentencia N° 364 del 31 de marzo de este mismo año, (caso Hotel Bar, Restaurant, C.A.), se asentó: “(…) Este lapso de caducidad creado por el legislador tiene como función primordial el mantenimiento de la paz social, y resulta ser un presupuesto de validez para el ejercicio de la acción. En este sentido, señala el procesalista Enrique Vescovi: (…) si se ha producido la caducidad de la acción, no podrá constituirse la relación valida. Luego, si estamos ante un plazo de caducidad y este ha vencido, irremisiblemente faltara el presupuesto procesal y el juez podrá decidirlo, aunque la otra parte no lo oponga”. (Ver. Enrique Vescovi: Teoría General del Proceso. Editorial Temis Librería. Bogota-Colombia 1984, Pág. 95), “…tratándose de un plazo de caducidad él es fatal, y desde que nace comienza a surtir los efectos extintivos de la acción, a menos que ella se interponga…”. (Cursivas de este Juzgado).

Por su parte, el Juzgado Nacional Primero de lo Contencioso Administrativo, dictó Sentencia N° 2024-0053 de fecha veinticuatro (24) de enero de 2024, a través de la cual señalo:
“…Es por ello que, una vez que el justiciable es habilitado para acudir ante la vía jurisdiccional, bien porque está dentro del lapso que la ley autoriza para ello en razón de su notificación, porque haya agotado la vía administrativa, o porque se haya producido el silencio por parte de la Administración, o se materialice el hecho que se denuncia como añoso, deberá proponer su recurso judicial en tiempo hábil, esto es, antes de la consumación del lapso de caducidad que dispone la ley, toda vez que, tanto la doctrina como la jurisprudencia han reiterado de manera pacífica, que el lapso de caducidad para el ejercicio de la acción no admite paralización, detención, interrupción, ni suspensión; sino que el mismo transcurre fatalmente y su vencimiento, por tanto ocasiona la extinción del derecho que se pretende hacer valer, ergo, la acción ha de ser interpuesta antes de su vencimiento.
En efecto, la finalidad del lapso de caducidad, es la materialización de la seguridad jurídica y el aseguramiento de tras el transcurso del lapso que establece la ley, se extinga el derecho de toda persona al ejercicio de la acción que el ordenamiento jurídico le autorice; ello para evitar que acciones judiciales puedan proponerse indefinidamente en el tiempo…”.

Es decir, será admisible toda pretensión invocada contra cualquier manifestación de la actividad administrativa que menoscabe o vulnere algún derecho subjetivo del funcionario público, siendo y cuando tal pretensión se plantee dentro de un lapso de tres (3) meses, lapso este que comenzará a computarse a partir de la fecha en que el funcionario considere lesionados sus derechos subjetivos, o desde el día en que fuese notificado del acto administrativo presuntamente lesivo, so pena de declararse la caducidad de la acción.

En tal sentido, una vez revisadas como fueron las actas que conforman la presente causa, así como del computo que antecede, se evidenció el lapso transcurrido desde la notificación del querellante, esto es, desde el ocho (08) de noviembre de 2024, exclusive, oportunidad en la cual fue notificado de la decisión emitida, con ocasión al Recurso Jerárquico presentado por él mismo, (F.11), hasta la fecha en la cual interpuso el presente Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial ejercido conjuntamente con Solicitud de Medida Cautelar por ante esta Sede Judicial, a saber, el veintisiete (27) de febrero de 2025, inclusive, transcurriendo un total de ciento once (111) días continuos, considerando quien suscribe que transcurrió con creces los tres (3) meses, conforme al contenido del artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, por lo que debe forzosamente este Órgano Jurisdiccional, declarar la INADMISIBILIDAD del presente recurso por haber operado LA CADUCIDAD. Y así se decide.
II
DISPOSITIVO

Con fundamento en las consideraciones anteriormente expuestas, este Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara:

Primero: COMPETENTE:, para conocer el recurso interpuesto.

Segundo: INADMISIBLE POR CADUCIDAD el recurso contencioso administrativo funcionarial, presentado por el Ciudadano DOUGLAS MARLON RAMÍREZ GARCÍA, titular de la cédula de identidad Nº V-14.397.535, asistido por el Abogado RAMÓN AGUSTÍN LOAIZA QUEIPO, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 155773, contra el CUERPO DE POLICÍA NACIONAL BOLIVARIANA.

Publíquese, regístrese, diarícese y notifíquese a la parte actora. Déjese copia certificada.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, en Santa Ana de Coro, a los once (11) días del mes de marzo del año dos mil veinticinco (2025). Años: 214º de la Independencia y 166º de la Federación.
LA JUEZ SUPERIOR,
LA SECRETARIA,
ABG. MIGGLENIS ORTIZ
Abg. María P. Rodríguez

Nota: En la fecha up supra se publicó y registró la decisión siendo las 10:20 AM bajo el Nº 25 del copiador de Sentencias Interlocutorias con Fuerza de Definitiva.

La Secretaria

Abg. María P. Rodríguez

MO/Mpr/Hrpa.-