REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL SUPERIOR PRIMERO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO FALCÓN
Santa Ana de Coro, 31 de Julio de 2013
Años 203º y 154º

ASUNTO No.: IP21-R-2013-000059.

PARTE QUERELLANTE: Sociedad Mercantil HAFRAN SERVICIOS MÚTIPLES, C. A., inscrita en el Registro Mercantil que se llevó por la Secretaría del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, con sede en Punto Fijo, en fecha 15 de marzo de 1998, bajo el No. 43, Tomo C, siendo su última modificación inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, con sede en Punto Fijo, en fecha 11 de agosto de 2005, bajo el No. 13, Tomo 14-A, de los Libros de Comercio respectivos.

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE QUERELLANTE: PEDRO PABLO CHIRINOS, ARGENIS MARTÍNEZ, BEATRÍZ JIMÉNEZ MONSALVE y/o LUISA FERNANDA RELAYSE, respectivamente inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos. 37.639, 28.943, 55.011 y 128.585.

PARTE QUERELLADA: INSPECTORÍA DEL TRABAJO ALÍ PRIMERA DE LOS MUNICIPIOS CARIRUBANA, FALCÓN Y LOS TAQUES CON SEDE EN LA CIUDAD DE PUNTO FIJO, ESTADO FALCÓN.

APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE QUERELLADA: Hasta la fecha no se ha presentado ni acreditado apoderado judicial alguno en representación de la parte querellada.

TERCERO COADYUVANTE: EZEQUÍAS GABRIEL FINOL SÁNCHEZ, venezolano, mayor de edad, identificado con la cédula de identidad No. V-9.725.585.

APODERADAS JUDICIALES DEL TERCERO COADYUVANTE: MARÍA EUGENIA DANIS, ABILIALÍCIA PEÑA y GABRIELA PETIT, respectivamente inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos. 116.431, 101.118 y 126.395.

MOTIVO: RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA DE PRIMERA INSTANCIA QUE DECLARÓ CON LUGAR LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL.

I) NARRATIVA:

I.1) SÍNTESIS DE LAS ACTUACIONES REALÍZADAS EN ESTA INSTANCIA.

Visto el Recurso de Apelación de fecha 14 de junio de 2013, ejercido por la abogada María Eugenia Danis, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 116.431, actuando en su carácter de apoderada judicial del tercero coadyuvante, ciudadano EZEQUÍAS GABRIEL FINOL SÁNCHEZ, en contra de la Sentencia Definitiva de fecha once (11) de junio de 2013, dictada por el Tribunal Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, con sede en la ciudad de Punto Fijo, mediante la cual se declaró:

“PRIMERO: CON LUGAR la presente acción de amparo constitucional interpuesta por la empresa HAFRAN SERVICIOS MÚLTIPLES, C. A., en contra de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO ALÍ PRIMERA DE LOS MUNICIPIOS CARIRUBANA, FALCON Y LOS TAQUES, C. A., ordenándose restituir de forma inmediata el derecho infringido. ASI SE DECIDE. SEGUNDO: Notifíquese de la presente decisión a la Fiscalía del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón. TERCERO: No hay condenatoria en costas”.

Dicho recurso fue recibido en este Circuito Judicial del Trabajo el 25 de junio de 2013 y en la misma fecha, este Juzgado Superior del Trabajo le dio entrada para efectos de su revisión y pronunciamiento, de conformidad con el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Razón por la cual, este Tribunal de Alzada procede a pronunciar su decisión en los siguientes términos:

I.2) ANTECEDENTES DEL EXPEDIENTE.

La presente causa se inicia mediante escrito presentado en fecha 30 de abril de 2013 ante el Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, el cual, por distribución le correspondió conocer al Tribunal Tercero de Primera Instancia de Juicio de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón con sede en la ciudad de Punto Fijo. Dicho escrito fue presentado por el abogado Argenis Martínez Medina, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 28.943, actuando en su carácter de apoderado judicial de la Sociedad Mercantil HAFRAN SERVICIOS MÚLTIPLES, C. A., contentivo de una Acción de Amparo Constitucional contra la decisión contenida en el Oficio No. 64-2013, de fecha 12 de abril de 2013, emanado de la Inspectoría del Trabajo Alí Primera de los Municipios Carirubana, Falcón y los Taques, con sede en la ciudad de Punto Fijo, mediante el cual se revocan las solvencias laborales Nos. 053-2013-10-00131, 053-2013-10-00132, 053-2013-10-00133, 053-2013-10-00134, 053-2013-10-00135, 053-2013-10-00136, 053-2013-10-00137, 053-2013-10-00138, 053-2013-10-00139, 053-2013-10-00140, 053-2013-10-00141 y 053-2013-10-00142 respectivamente, de fechas 04 de febrero de 2013, otorgadas a la Sociedad Mercantil HAFRAN SERVICIOS MÚLTIPLES, C. A.

Para fundamentar su Acción de Amparo Constitucional, la querellante de autos expuso los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

Es el caso que mi representada, la Empresa Mercantil HAFRAN SERVICIOS MÚLTIPLES, C. A., en fecha 04 de octubre de 2012, contrató los servicios personales del ciudadano EZEQUÍAS GABRIEL FINOL SÁNCHEZ, quien es venezolano, mayor de edad, Coordinador A, titular de la cédula de identidad No. V-9.725.585, domiciliado en la ciudad de Punto Fijo, Municipio Autónomo Carirubana del Estado Falcón; para que reAlízara o prestara servicios de Coordinador en la sede de la misma, ubicada en la Planta Baja del Edificio “HAFRAN”, en la Avenida Intercomunal Alí Primera, vía Judibana (frente a la Planta Eléctrica Josefa Camejo), Municipio Los Taques del Estado Falcón; por razones de culminación de OBRA, el ciudadano EZEQUÍAS GABRIEL FINOL SÁNCHEZ, fue despedido.

Que como consecuencia del referido DESPIDO, el ciudadano EZEQUÍAS GABRIEL FINOL SÁNCHEZ, consideró que el mismo era “injustificado”, y acudió a la INSPECTORÍA DEL TRABAJO ALÍ PRIMERA DE LOS MUNICIPIOS CARIRUBANA, FALCÓN Y LOS TAQUES, con sede en la ciudad de Punto Fijo del Estado Falcón, para solicitar la restitución de la situación jurídica infringida con el respectivo reenganche y el correspondiente pago de sus Salarios Caídos.

Que una vez que la Solicitud de Reenganche y Pago de Salarios Caídos fue admitida mediante auto de fecha 19 de Febrero de 2013, en el expediente No. 053-2013-01-00096; nomenclatura llevada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO ALÍ PRIMERA DE LOS MUNICIPIOS CARIRUBANA, FALCÓN Y LOS TAQUES, con sede en la ciudad de Punto Fijo; Se Ordenó restituir al trabajador EZEQUÍAS GABRIEL FINOL SÁNCHEZ a sus labores habituales dentro de su horario de trabajo y el pago de los salarios caídos, desde el presunto írrito despido. Reenganche que se llevó a cabo al momento que el Inspector del Trabajo Ejecutor, se trasladó y constituyó en la sede física de mi representada a restituir al trabajador EZEQUÍAS GABRIEL FINOL SÁNCHEZ, a su labores habituales como Coordinador A, en la empresa mercantil HAFRAN SERVICIOS MÚLTIPLES, C. A. dentro de su horario de trabajo y a solicitar el pago de los salarios caídos, desde la fecha del presunto írrito despido.

Es el caso, que el día 26 de marzo de 2013, el Inspector del Trabajo Ejecutor se trasladó nuevamente a la sede física de mi representada, a objeto de constar el efectivo reenganche del trabajador EZEQUÍAS GABRIEL FINOL SÁNCHEZ a su labores habituales dentro de su horario de trabajo, como Coordinador A, como se había ordenado en el auto de fecha 19 de febrero de 2013, dictado en el expediente No. 053-2013-01-00096, por la Inspectoría del Trabajo Alí Primera de Punto Fijo. Allí la empresa de Trabajo agraviada le manifestó al funcionario del trabajo que el ciudadano EZEQUÍAS GABRIEL FINOL SÁNCHEZ, si fue reenganchado a sus labores habituales dentro de su horario de trabajo como Coordinador A de la empresa HAFRAN SERVICIOS MÚLTIPLES, C. A., pero como la obra para la cual fue contratado concluyó solo estaba limitado hasta nuevo aviso, a cumplir con el horario de trabajo y a recibir el pago de sus salarios caídos respectivos. Igualmente se le manifestó que el equipo de trabajo (computadora) del trabajador, estaba siendo sometido a mantenimiento correctivo y preventivo por no estar en uso (no había obra que realizar), pero que una vez concluido el mantenimiento, el equipo le sería restituido y en lo que respecta a la casa de habitación proporcionada por la empresa, el contrato de arrendamiento ya había vencido y se había concedido una nueva prórroga, hasta el día 30 de abril de 2013.

Asimismo indicó, que solo bastó esa información, para que tanto el trabajador EZEQUÍAS GABRIEL FINOL SÁNCHEZ y su apoderada, como el funcionario del trabajo actuante en el Acta de Inspección Especial, de fecha 26 de marzo de 2013, consideraran, que mi representada, la empresa mercantil HAFRAN SERVICIOS MÚLTIPLES, C. A., había incumplido total y absolutamente la orden de reenganche y a su vez, la apoderada del trabajador solicitara la apertura del Procedimiento de Sanción y la Revocatoria de la Solvencia Laboral otorgada a mi mandante.

Que esta situación se consumó el día 12 de abril del presente año 2013, cuando mi representada, la empresa mercantil HAFRAN SERVICIOS MÚLTIPLES, C. A., recibió el oficio No. 64-2013, de fecha 12 de abril de 2013, en el que la Inspectora del Trabajo Jefe, ciudadana Maryury Beatríz Valle Rico, de la Inspectoría del Trabajo Alí Primera de los Municipios Carirubana, Falcón y Los Taques, le comunicaba formalmente a mi poderdante, que en la misma fecha, había decidido Revocar las Solvencias Laborales Nos. 053-2013-10-00131, 053-2013-10-00132, 053-2013-10-00133, 053-2013-10-00134, 053-2013-10-00135, 053-2013-10-00136, 053-2013-10-00137, 053-2013-10-00138, 053-2013-10-00139, 053-2013-10-00140, 053-2013-10-00141 y 053-2013-10-00142 respectivamente, de fecha 04 de febrero de 2013, otorgadas a la Sociedad Mercantil HAFRAN SERVICIOS MÚLTIPLES, C. A., para los siguientes entes: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CAVIDI), PETROPIAR, HIDROFALCÓN, BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, PDV CARIBE, PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S. A, PETROLERA SINOVENSA, PETROLERA SINOVENSA (SIC), PDVSA GAS, PETROMONAGAS PEQUIVEN Y BARIVEN; como se evidencia de original del Oficio No. 64-2013.

De igual modo afirma, que con esa decisión de Revocar las Solvencias Laborales a su representada, se le viola el Derecho Laboral y la Garantía Constitucional Laboral, el Derecho al Debido Proceso y el Derecho a la Defensa (artículo 49 CNRBV), el Derecho al Trabajo y el Deber de Trabajar (artículo 87 CNRBV), el Derecho de las Personas para que puedan dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las previstas en la Constitución y la que establezcan las leyes, por razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del ambiente u otras de interés social (artículo 112 CNRBV).

Asimismo señaló la parte querellante, que para que la Inspectora del Trabajo Jefe de la Inspectoría del Trabajo Alí Primera de Punto Fijo pueda sancionar, condenar o imponer a mi [su] mandante, la empresa mercantil HAFRAN SERVICIOS MÚLTIPLES, C. A., de una revocatoria de las Solvencias Laborales, debe abrir primeramente un Procedimiento Administrativo Sancionatorio Previo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 547 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, donde se hubiera realizado una propuesta de sanción de multa y revocatoria de solvencia laboral. (Subrayado del Tribunal).

Que luego de admitido y abierto el referido Procedimiento Administrativo Sancionatorio Previo de propuesta de sanción de multa y revocatoria de solvencia laboral, la Inspectora Jefe, ciudadana Maryury Beatríz Valle Rico, de la Inspectoría del Trabajo Alí Primera de los Municipios Carirubana, Falcón y Los Taques con sede en la ciudad de Punto Fijo; debía ordenar la notificación a la empresa mercantil HAFRAN SERVICIOS MÚLTIPLES, C. A., para que presente sus alegatos y luego promueva y evacue sus pruebas, debiendo concluir el mismo con una sentencia o Providencia Administrativa de Efectos Particulares, todo ello de conformidad con el proceso a seguir en materia de Procedimiento Administrativo Sancionatorio, establecido en el artículo 547 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras. (Subrayado del Tribunal).

Señaló igualmente que en el presente caso, la Inspectora del Trabajo Jefe prescindió totalmente del referido Procedimiento Administrativo Sancionatorio previo, de propuesta de sanción de multa y revocatoria de solvencia laboral y en un acto de abuso de autoridad y extralimitación de funciones, libró o emitió el Oficio No. 64-2013, de fecha 12 de abril de 2013, en el que la Inspectora del Trabajo Jefe le comunicaba formalmente a mi [su] poderdante que en la misma fecha había decidido revocar la solvencia laboral. Que en el caso contrario, es decir, en el caso de que hubiera abierto el procedimiento administrativo sancionatorio previo de propuesta de sanción de multa y revocatoria de solvencia laboral, su representada hubiese tenido la oportunidad para demostrar que el ciudadano EZEQUÍAS GABRIEL FINOL SÁNCHEZ, si fue reenganchado a su labores habituales dentro de su horario de trabajo como Coordinador “A” de la empresa mercantil HAFRAN SERVCIO MÚLTIPLES, C. A, pero como la obra para la cual fue contratado concluyó de acuerdo al Finiquito o Comprobante de Culminación y Recepción de Obra, estaba limitado, hasta nuevo aviso, a cumplir con el horario de trabajo y a recibir el pago de sus salarios respectivos.

Finalmente, de conformidad con el artículo 22 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, solicitó al Tribunal como medida, que se sirva oficiar al despacho administrativo del trabajo agraviante, la INSPECTORÍA DEL TRABAJO ALÍ PRIMERA DE LOS MUNICIPIOS CARIRUBANA, FALCÓN Y LOS TAQUES, con sede en la ciudad de Punto Fijo, Estado Falcón, se abstenga de ejecutar cualquier medida preventiva o ejecutiva sobre la solvencias laborales Nos. 053-2013-10-00131, 053-2013-10-00132, 053-2013-10-00133, 053-2013-10-00134, 053-2013-10-00135, 053-2013-10-00136, 053-2013-10-00137, 053-2013-10-00138, 053-2013-10-00139, 053-2013-10-00140, 053-2013-10-00141 y 053-2013-10-00142 respectivamente, fechadas el 04 de febrero de 2013, otorgadas a la Sociedad Mercantil HAFRAN SERVICIOS MÚLTIPLES, C. A., o cualquier otra solvencia laboral librada a beneficio de la empresa, si dichas medidas no han sido acordadas en un procedimiento administrativo sancionatorio previo y mediante sentencia definitivamente firme conforme a la Ley y en caso de haberla ejecutado, las revoque, mientras se decide la presente acción de amparo constitucional de derechos y garantías constitucionales.

Al respecto, en fecha 02 de mayo de 2013, el Tribunal Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón con sede en la ciudad de Punto Fijo, dictó sentencia interlocutoria mediante la cual declaró:

“1. COMPETENTE para conocer de la acción de amparo interpuesta por el Abogado ARGENIS MARTÍNES MEDINA, identificado en autos, en representación de la Empresa Mercantil HAFRAN SERVICIOS MÚLTIPLES, C. A., igualmente identificada en autos, por la presunta violación de derechos constitucionales como son el derecho a debido proceso y el derecho a la defensa; el derecho al Trabajo y el deber de trabajar; el derecho de todas las personas para que puedan dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin mas limitaciones que las previstas en la Constitución y las que establezcan las leyes, por razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del ambiente u otras de interés social. 2. SE ADMITE la presente acción de amparo constitucional y en consecuencia, ACUERDA su tramitación conforme al procedimiento establecido por este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, mediante decisión de fecha 1° de febrero de 2000. 3. SE ORDENA la notificación al Fiscal del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial del Estado Falcón, con sede en Santa Ana de Coro, mediante exhorto, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se ordena expedir copia certificada de la solicitud de Amparo. 4. SE ORDENA la notificación del presunto agraviante Inspectoría del Trabajo “Alí Primera” de los Municipios Carirubana, Falcón y Los Taques, con Sede en la ciudad de Punto Fijo, Estado Falcón….5. SE ORDENA oficiar al Despacho Administrativo del Trabajo Inspectoría del Trabajo Alí Primera de los Municipios Carirubana, Falcón y Los Taques, con sede en la ciudad de Punto Fijo, del Estado Falcón en la persona de la Inspectora del Trabajo Jefe, ciudadana MARYURI BEATRIZ VALLE RICO, venezolana, mayor de edad y de este domicilio; para que se abstenga de ejecutar cualquier medida preventiva o ejecutiva, sobre las solvencia laborales N° 053-2013-10-00131, 053-2013-10-00132, 053-2013-10-00133, 053-2013-10-00134, 053-2013-10-00135, 053-2013-10-00136, 053-2013-10-00137, 053-2013-10-00138, 053-2013-10-00139, 053-2013-10-00140, 053-2013-10-00141 y 053-2013-10-00142, respectivamente de fecha 04 de febrero de 2013, otorgadas a la empresa mercantil “HAFRAN SERVICIOS MÚLTIPLES, C. A., para los siguientes entes: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CAVIDI), PETROPIAR, HIDROFALCÓN, BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, PDV CARIBE, PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S. A, PETROLERA SINOVENSA, PETROLERA SINOVENSA (SIC) PDVSA GAS, PETROMONAGAS PEQUIVEN Y BARIVEN y en caso de haberla ejecutado las revoque y deje sin efecto las consecuencias producidas, mientras se decida la presente acción de amparo constitucional de derechos y garantías constitucionales”.

En fecha 21 de mayo de 2013 comparece por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) del Circuito Judicial Laboral con sede en Punto Fijo, el ciudadano EZEQUÍAS GABRIEL FINOL SÁNCHEZ, identificado con la cédula de identidad No. V-9.725.585, debidamente asistido por la abogada María Eugenia Danis, inscrita en el Instituto de Previsión Social del abogado bajo el No. 116.431, a los fines de consignar escrito mediante el cual solicita su intervención como Tercero Coadyuvante. Asimismo, solicitó la inadmisibilidad de la presente acción de amparo constitucional, por no haberse agotado las vías ordinarias como sería la prevista en el numeral 1 del artículo 9 y 76 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y por no haberse acreditado ante este Tribunal el cumplimiento de la decisión administrativa. De Igual modo, solicitó dejar sin efecto la medida cautelar dictada por ese Tribunal.

En fecha 24 de mayo de 2013, el Tribunal Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, con sede en la ciudad de Punto Fijo, dictó auto mediante el cual Admite la solicitud del Tercero Coadyuvante realizada por el ciudadano EZEQUÍAS GABRIEL FINOL SÁNCHEZ. Asimismo, niega la solicitud de inadmisibilidad de la presente acción de amparo, así como la solicitud de dejar sin efecto la medida cautelar dictada por ese Tribunal.

En fecha 27 de mayo de 2013, comparece por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) del Circuito Judicial Laboral con sede en Punto Fijo, el ciudadano EZEQUÍAS GABIREL FINOL SÁNCHEZ, identificado con la cédula de identidad No. V-9.725.585, debidamente asistido por la abogada María Eugenia Danis, inscrita en el Instituto de Previsión Social del abogado bajo el No. 116.431, a los fines de consignar diligencia mediante la cual apela de la medida cautelar dictada por el Tribunal Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón con sede en la ciudad de Punto Fijo, la cual fue escuchada en un solo efecto por ese Tribunal, en fecha 31 de mayo de 2013, ordenándose la apertura del Cuaderno de Medidas y su remisión mediante oficio al Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón.

En fecha 11 de junio de 2013, el Tribunal Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón con sede en la ciudad de Punto Fijo, actuando en sede constitucional dictó sentencia mediante la cual declaró:

“PRIMERO: CON LUGAR la presente acción de amparo constitucional interpuesta por la empresa HAFRAN SERVICIOS MÚLTIPLES, C. A., en contra de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO ALÍ PRIMERA DE LOS MUNICIPIOS CARIRUBANA, FALCON Y LOS TAQUES, C. A. ordenándose restituir de forma inmediata de derecho infringido. ASI SE DECIDE. SEGUNDO: Notifíquese de la presente decisión a la Fiscalía del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón. TERCERO: No hay condenatoria en costas”.

En fecha 23 de mayo de 2013 y en tiempo hábil, la abogada María Eugenia Danis, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 116.431, actuando en su carácter de apoderada judicial del ciudadano EZEQUÍAS GABRIEL FINOL SÁNCHEZ, Tercero Coadyuvante en el presente asunto, mediante escrito que obra inserto del folio 49 al 64 del Cuaderno de Apelación, recurrió de la decisión de fecha 11 de junio de 2013, expresando lo siguiente:

“CAPITULO I. DE LOS FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO. Ciudadano Juez, a los fines de que sirva como fundamento jurídico de la presente APELACIÓN que hoy ejerzo mediante el presente escrito, RATIFICO en todas y cada una de sus partes los argumentos desarrollados en escrito de Solicitud de Admisión de Terceros Interesados, o dicho en palabras de la Sala Político Administrativa, como terceros verdadera parte, donde se explica de forma detallada todas y cada una de las razones por la cuales la presente Acción de Amparo Constitucional, debió declararse INADMISIBLE a todas luces, o por vía de consecuencia debió declararse por el Juez A Quo, SIN LUGAR, por no cumplir o agotar el recurrente de la Acción de Amparo, con los requisitos de procedencia establecidos en el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, al detentar el recurrente mecanismos ordinarios para obtener la restitución de la situación jurídica infringida por otras vías, como sería la prevista en el ordinal 1., del artículo 9 y 76 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, y como quiera que el quejoso no demostró en la oportunidad respectiva, y así lo ratificó en la audiencia de Amparo Constitucional, que el uso de aquellos medios ordinarios resultaron inútiles para el restablecimiento de la situación jurídica presuntamente infringida, debió declararse INADMISIBLE, la acción de amparo propuesta por la Entidad de Trabajo HAFRAN SERVICIOS MÚLTIPLES, C.A.
Ciudadano Juez Superior, así fue peticionado por esta representación y por la representación del Ministerio Público quien indicó en Audiencia de Amparo Constitucional, no solo que la presente acción debió declararse Inadmisible, sino que no hubo violación de las Garantías Constitucionales, como el Derecho al Debido Proceso y el Derecho a la Defensa, el Derecho al trabajo y el Deber de Trabajar, y el Derecho de todas la Personas para que puedan Dedicarse Libremente a la Actividad Económica de su Preferencia sin más Limitaciones de las previstas en la Constitución y la que establezcan las leyes por parte de de la Inspectoría del Trabajo “Alí Primera”, al revocar las Solvencias emitidas a la Entidad de Trabajo recurrente, sin procedimiento previo, ya que dicha revocatoria se debe según criterio adoptado por el Tribunal Supremos de Justicia, a una MEDIDA ADMINISTRATIVA QUE EJERCE EL ESTADO EN EL EJERCICIO DE SUS POTESTADES REGULADORAS Y FISCALIZADORAS, MÁS NO SANCIONADORAS, IMPRESINDIBLES PARA LA TUTELA DEL INTERÉS PÚBLICO QUE REPRESENTA LA DIGNIFICACIÓN DEL TRABAJO COMO UN HECHO SOCIAL …
Ciudadano Juez Superior, la Juez A Quo desconoce que el Acto de revocatoria de Solvencia Laboral constituye un ACTO ADMINISTRATIVO en si mismo, susceptible del Control Jurisdiccional a través del Recurso de Nulidad, además de los recursos propios de la vía administrativa, a tenor de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y sin embargo sentencia que no es objeto de controversia la utilización de dichos Recursos, incurriendo con esto en un falso Supuesto de Derecho, al no exigir como necesarios los propios requisitos de procedibilidad contemplados en el ya citado artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo y Garantías Constitucionales …
CAPITULO II. DE LA INADMISIBILIDAD DEL PRESENTE AMPARO. a.- Inadmisibilidad por no haberse agotado las vías ordinarias. Ciudadano juez, la presente solicitud de amparo resultaba inadmisible, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, requisitos estos obviado por el Juez A Quo, por cuanto el recurrente no detentó mecanismos ordinarios para obtener la restitución de la situación jurídica infringida por otras vías, como sería la prevista en el ordinal 1., del artículo 9., y 76 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, y como quiera que, el quejoso no demostró que el uso de aquellos medios ordinarios resultaron inútiles para el restablecimiento de la situación jurídica presuntamente infringida, debió debe declararse INADMISIBLE la acción de amparo propuesta. Mal pudo el recurrente pretender que se vuelvan a instar actos de ejecución ante la Inspectoría del Trabajo, la cual ya los había agotado bajo el imperio de la ley, por ello entonces, mal pudo declararse la admisión de la presente acción, si atender a que el recurrente no agotó los medios ordinarios para la restitución de la supuesta situación jurídica infringida.
b.- Inadmisibilidad por no haberse acreditado ante el Tribunal Tercero de Juicio de Primera Instancia, el cumplimiento de la decisión administrativa. La ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, en cuanto al procedimiento de inamovilidad, en el artículo 425, concibe un procedimiento para la solicitud de Reenganche que, en el interés de proteger la institución de la inamovilidad laboral, hace ejecutar de manera forzosa e inmediata la orden de Reenganche, Restitución a su cargo o Restitución de las condiciones de trabajo y pago de salarios caídos que ordene el Inspector del Trabajo…
En los procedimientos de estabilidad e inamovilidad laboral previstos en la nueva ley se reitera el mecanismo de coacción a través de la privación de libertad para hacer cumplir una decisión judicial o administrativa y, además se obliga al cumplimiento forzoso de una decisión administrativa como condición para la admisión del recurso contencioso administrativote de nulidad e incluso estimo que es extensible a la admisión de cualquier recurso, entre ellos el amparo, para lo cual debería ser un presupuesto procesal de admisibilidad.
En el presente caso NO SE ACREDITÓ ANTE EL TRIBUNAL QUINTO DE JUICIO DE PRIMERA INSTANCIA, Tribunal quien emite la Sentencia hoy objeto de Apelación, EL CUMPLIMIENTO DE LA DECISIÓN ADMINISTRATIVA COMO CONDICIÓN PARA LA ADMISIÓN DEL RECURSO y no se dio cumplimiento por cuanto mi patrono HAFRAN SERVICIOS MÚLTIPLES C.A., señaló burlándose de la autoridad administrativa, que a pesar del contrato de trabajo por tiempo determinado que había suscrito con mi persona hasta el día 30 de septiembre de 2013, no tenía trabajo para mi representado, que solo estaría cumpliendo horario, dejando constancia de que no poseía sus implementos de trabajo (Consta en acta administrativa de fecha 26/03/2013), y debió inadmitirse por esa simple razón, por esta razón de igual forma APELO DE LA DECISIÓN PROFERIDA POR EL JUEZ A QUO DICTADA EN FECHA 11 DE JUNIO DE 2013.
CAPITULO III. DE LA INEXISTENCIA DE LA VIOLACIÓN CONSTITUCIONAL DENUNCIADA.
a.- Inexistencia de la Violación al debido Proceso y al Derecho a la defensa e improcedencia del procedimiento previsto en el artículo 547 de la Ley Orgánica del Trabajo, para los Trabajadores y las Trabajadoras:
El artículo 512 de la actual Ley Orgánica del Trabajo, para los Trabajadores y las Trabajadoras establece que, cada Inspectoría del Trabajo contará con Inspectores de Ejecución dotados de la suficiente jerarquía, facultad y competencia para ejecutar y hacer cumplir todos los actos administrativos de efectos particulares que hayan quedado firmes y que requieran medios y procedimientos para hacer cumplir el contenido de los mismos que garanticen la aplicación de las normas de orden público del trabajo como hecho social y protejan el proceso social trabajo; a renglón seguido, dicha norma, establece las facultades y competencias de tales Inspectores de Ejecución, entre las que figuran, ejecutar los actos administrativos de efectos particulares aplicables a patronos, dictar medidas cautelares para los supuestos de incumplimiento del acto administrativo, pudiendo ordenar abrir el procedimiento de sanción por reincidencia o rebeldía e incluso solicitar la revocatoria de la Solvencia Laboral hasta tanto no se cumpla con el acto administrativo de que se trate…
Conforme a lo anterior debemos concluir entonces que el artículo 512 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, dota de la autoridad suficiente a los funcionarios de la Administración para poder ejecutar sus propios actos sin necesidad de recurrir a la vía jurisdiccional; nótese que, las facultades allí conferidas a los Inspectores de Ejecución se traducen prácticamente en las mismas de las que dispone la actividad jurisdiccional para ejecutar sus sentencias; sin embargo, lo que obvia el recurrente y asimismo lo hace este Tribunal al dictar la medida cautelar y que es absolutamente relevante en esta causa es que, la Providencia Administrativa cuya ejecución hoy se pretende recurrir a través de una acción de Amparo Constitucional, se dictó en fecha posterior a la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, y para ella se cumplieron por ante la Inspectoría del Trabajo todos los actos para obtener el cumplimiento de la Providencia Administrativa; así nótese la cronología de las actuaciones en anexo que hoy consigno. Se concluye entonces que, en el presente caso habiéndose efectuado todas las anteriores actuaciones, conforme a la ley y doctrina imperante para la época y no habiéndose obtenido el fin perseguido por el acto, cual era reenganchar al trabajador a su puesto de trabajo, lo procedente era el ejercicio de la potestad de establecer si el patrono cumple con un determinado requisito, para asegurar el acatamiento de la Providencia Administrativa dictada cuya ejecución se requiere, y ello se cumple mediante la aplicación de las potestades que señala el artículo 553 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, y los artículo 4 y 5 del Decreto N° 4.248. de fecha 30 de enero de 2006., publicado en la Gaceta Oficial N° 38.371., de fecha 2 de febrero de 2006.
b.- De la inexistencia de la violación al derecho y al deber de trabajar: En el caso de autos la negativa o revocatoria de la solvencia laboral por parte de la Inspectoría del Trabajo, responde a una medida administrativa que emplea el Estado para cumplir uno de unos sus más altos fines como lo es, la protección de los derechos humanos laborales y sindicales de los trabajadores y trabajadoras.
Dicha medida persigue uno de los objetivos estatales legítimos, esto es, consolidar los derechos de los trabajadores en un marco de ejercicio de la actividad económica bajo parámetros de responsabilidad social. A su vez, tal mecanismo es proporcional y adecuado ya que busca resguardar esos derechos de una forma más amplia y compleja a la establecida en leyes especiales, por lo tanto, debe concluir que no se vulnera el derecho al trabajo y del deber de trabajar de la recurrente, pues no impide en forma alguna que la recurrente desarrolle su objeto social en actividades para las cuales no requiere la solvencia laboral, pues no puede obviarse que la solvencia laboral constituye una limitación razonable al derecho de contratar con el Estado, pero no para continuar su giro normal en actividades para las cuales no la requiera.
c.- De la inexistencia de la violación al derecho a la libertad económica. Con respecto a esta denuncia la recurrente se limita a expresar que “la revocatoria de las solvencias impide a la entidad dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia” y es evidente que la denunciante no explica en que términos el acto impugnado contraría lo dispuesto en el artículo 112 del precitado texto legal.
Ciudadana Juez, en el artículo 4 del Decreto 4248, tantas veces mencionado, se lee expresamente lo siguiente:
“Artículo 4°. (…) El Inspector del Trabajo negará o revocará la solvencia laboral cuando el patrono o patrona:
a. (…)
b. Se niegue a cumplir efectivamente la providencia administrativa o cautelar de reenganche y pago de salarios caídos, así como cualquier otra orden o decisión que dicte la Inspectoría del Trabajo en el ámbito de su competencia;
c. (…)
El dispositivo transcrito no le otorga a las Inspectorías del Trabajo un margen de discrecionalidad para revocar o negar la solvencia laboral al patrono, todo lo contrario, le impone la obligación de hacerlo una vez que verifique la existencia de cualquiera de las causales allí establecidas de manera objetiva, por lo tanto, mal podría alegarse que se viola el derecho de la recurrente a dedicarse a la actividad económica lucrativa de su preferencia.
Es falso que con la revocatoria de la solvencia laboral exista una afectación ilegítima del derecho a la libertad económica previsto en el artículo 112 de la Constitución”.

II) MOTIVA:

II.1) DE LA COMPETENCIA.

En primer lugar, debe este Sentenciador determinar su competencia para conocer en apelación el fallo recurrido, dictado el 11 de junio de 2013 por el Tribunal Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, con sede en la ciudad de Punto Fijo.

Al respecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia No. 01, de fecha 20 de enero de 2000, Caso: Emery Mata Millán, Expediente No. 00-0002, con ponencia del Magistrado, Dr. Jesús Eduardo Cabrera y en la Sentencia No. 1.539, de fecha 08 de diciembre de 2000, Caso: Yoslena Chanchamine Bastardo, Expediente No. 00-0779, con ponencia del Magistrado, Dr. Iván Rincón Urdaneta, por interpretación del nuevo texto constitucional, se determinó la competencia de la propia Sala y de los demás Tribunales de la República en materia constitucional y a tal efecto se estableció:

“Omisis …
3.- Corresponde a los Tribunales de 1° Instancia de la materia relacionada o afín con el Amparo, el conocimiento de los amparos que se interpongan, distintos a los expresados en los numerales anteriores, siendo los superiores de dichos Tribunales quienes conocerán las apelaciones y consultas que emanen de los mismos, de cuya decisión no habrá ni apelación, ni consulta”. (Subrayado de este Tribunal).

Asimismo, el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en su segundo párrafo, dispone en relación con la competencia para conocer del amparo contra decisiones judiciales, lo que a continuación se transcribe:

“Artículo 4.- Igualmente procede la acción de amparo cuando un Tribunal de la República, actuando fuera de su competencia, dicte una resolución o sentencia u ordene un acto que lesione un derecho constitucional.
En estos casos, la acción de amparo debe interponerse por ante un Tribunal Superior al que emitió el pronunciamiento, quien decidirá, en forma breve, sumaria y efectiva". (Subrayado del Tribunal).

De la decisión parcialmente transcrita y en apego a la doctrina vinculante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, siendo éste el Juzgado Superior al que emitió la sentencia afín por la materia, con competencia sobre todo el territorio del Estado Falcón, se declara competente para conocer la presente apelación. Y así se decide.

II.2) DE LOS MOTIVOS DE APELACIÓN Y SU RESOLUCIÓN.

Observa este Tribunal de Alzada que el presente asunto versa sobre el recurso de apelación intentado por la abogada María Eugenia Danis, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 116.431, actuando en su carácter de apoderada judicial del ciudadano EZEQUÍAS GABRIEL FINOL SÁNCHEZ, Tercero Coadyuvante en el presente asunto, en contra de la sentencia definitiva de fecha 11 de junio de 2013, dictada por el Tribunal Tercero de Primera Instancia de Juicio Laboral del Estado Falcón, con sede en la ciudad de Punto Fijo. Del mismo modo se observa que la sentencia recurrida ha declarado Con Lugar el Amparo Constitucional solicitado por la parte querellante, la Sociedad Mercantil HAFRAN SERVICIOS MÚLTIPLES, C. A., en contra de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO ALÍ PRIMERA DE LOS MUNICIPIOS CARIRUBANA, FALCÓN Y LOS TAQUES, con sede en la ciudad de Punto Fijo del Estado Falcón.

Así las cosas, pasa este Tribunal a pronunciarse en su orden, sobre cada uno de los motivos de apelación o alegatos de impugnación de la sentencia recurrida, expresados por la parte querellante en su escrito de fundamentación del presente recurso de apelación, de fecha 14 de junio de 2013, el cual obra inserto del folio 49 al 64 de la segunda pieza de este expediente.

En este orden de ideas se observa que la apoderada judicial del tercero coadyuvante EZEQUÍAS GABRIEL FINOL SÁNCHEZ, fundamentó sus motivos de apelación en dos grupos. En un primer grupo se encuentran los alegatos que a su juicio hacen inadmisible la presente acción de amparo constitucional, los cuales se encuentran en el Capítulo denominado así: “CAPÍTULO II. DE LA INADMISIBILIDAD DEL PRESENTE AMPARO”, donde explica dos (2) razones que según su apreciación debieron conducir a la inadmisibilidad de esta causa, a saber: a) que la parte querellante no agotó las vías ordinarias antes de recurrir a esta vía del amparo constitucional; y b) que la parte querellante no acreditó ante el Tribunal de Juicio el cumplimiento efectivo de la providencia administrativa, antes de acudir al amparo. Por su parte, el segundo grupo de motivos de apelación recoge los alegatos dirigidos a demostrar la improcedencia de esta acción de amparo constitucional, improcedencia ésta a juicio de la apoderada judicial del tercero coadyuvante. Este segundo grupo de alegatos lo denominó así: “CAPÍTULO III. DE LA INEXISTENCIA DE LA VIOLACIÓN CONSTITUCIONAL DENUNCIADA”, donde explica las razones que a su entender hacen inexistente: a) la violación del debido proceso y del derecho a la defensa, así como la improcedencia de aplicar el artículo 547 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras; b) la inexistencia de la violación al derecho y al deber de trabajar; y c) la inexistencia del derecho a la libertad económica, que son precisamente los derechos constitucionales que la parte querellante denuncia como conculcados por la querellada de autos.

Pues bien, conforme a la fundamentación planteada por la apoderada judicial del tercero coadyuvante y único recurrente, pasa este Tribunal de Alzada a pronunciarse sobre el primer motivo de apelación:

PRIMERO: “CAPÍTULO II. DE LA INADMISIBILIDAD DEL PRESENTE AMPARO”.

Sobre este primer motivo de apelación, la parte recurrente estableció en primer lugar, que la querellante no demostró ante el Tribunal de Primera Instancia haber agotado las vías ordinarias que le confiere la Ley, antes de acudir a la vía extraordinaria y excepcional del amparo constitucional, lo que constituye un requisito de admisibilidad de toda acción de amparo constitucional, conforme al numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Inclusive, sobre este mismo argumento de apelación, la parte recurrente expresó en su escrito de apelación, lo que a continuación se transcribe:

“… la jurisprudencia en materia de Amparo Constitucional ha sido celosa y reiterativa al sostener que la existencia de otro medio para la resolución del conflicto planteado, es una causa de inadmisibilidad, de modo que su utilización está restringida a casos donde la claridad, la eficacia y la idoneidad reclamen un procedimiento de Amparo.” (Negritas y subrayado originales del escrito de fundamentación, folio 53 de la Pieza II).

En este sentido, luego de un análisis exhaustivo de los alegatos expuestos por la apoderada judicial del tercero coadyuvante y único recurrente, es preciso anotar que ciertamente, tal y como ha sido afirmado en su escrito de fundamentación, tanto la Ley, como la doctrina y hasta la jurisprudencia, resultan contestes al establecer que el amparo constitucional constituye un recurso judicial extraordinario, en el sentido que para su admisión exige el agotamiento previo de todos los recursos judiciales ordinarios que ofrece la Ley al querellante y es evidente de las actas procesales, que la sociedad mercantil que demanda amparo constitucional en este caso, HAFRAN SERVICIOS MÚLTIPLES, C. A., no agotó y de hecho, ni siquiera intentó ejercer ninguno de los “recursos ordinarios” que según el recurrente, le ofrece la Ley para revertir las consecuencias que denuncia como lesivas a sus derechos constitucionales. Exactamente la parte querellante de autos no ejerció en sede administrativa el Recurso de Reconsideración, ni el Recurso Jerárquico y en sede judicial, no intentó el Recurso de Nulidad, por lo que a primera vista (y sólo a primera vista), pareciera inadmisible esta acción de amparo constitucional, como lo denuncia la apoderada judicial del tercero coadyuvante y único recurrente.

Sin embargo, del análisis detallado del supuesto “acto administrativo” contra el cual obra la presente acción de amparo constitucional y respecto del que la empresa querellante no ejerció ningún “recurso ordinario”, como lo denuncia la apoderada judicial del recurrente (Oficio No. 64-2013, de fecha 12 de abril de 2013, emanado de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO ALÍ PRIMERA -parte querellada-), el cual obra inserto al folio 43 de la primera pieza de este expediente; se observa que el mismo constituye un acto de comunicación mediante el cual se le informó a la sociedad mercantil HAFRAN SERVICIOS MÚLTIPLES, C. A. (parte querellante), la Revocatoria de sus Solvencias Laborales que van en orden correlativo ascendente desde la No. 053-2013-10-00131, hasta la No. 053-2013-10-00142. No obstante, es evidente que ese acto de comunicación no está motivado de forma alguna -que es el principal requisito de fondo de todo acto administrativo, conforme al artículo 9° y al numeral 5 del artículo 18 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos- y muy especialmente, el referido Oficio No. 64-2013 no indicó (como ha debido hacerlo), “los recursos que proceden con expresión de los términos para ejercerlos y de los órganos o tribunales ante los cuales deban interponerse”, tal y como lo exige el artículo 73 de la mencionada Ley. A tales efectos debe recordarse que es la propia Resolución No. 4.524 de fecha 21 de marzo de 2006, dictada por el Ministerio del Poder Popular Para el Trabajo y la Seguridad Social, la que dispone en su artículo 17 que, “contra la negativa de otorgamiento o revocatoria de la solvencia laboral, el afectado podrá interponer los recursos previstos en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos”, la cual es aplicable y exigible en casos de Solvencia Laboral por disposición de su artículo 1° (ámbito de aplicación) y por ausencia de un procedimiento especial y expreso que regule dicha revocatoria, ello de conformidad con el artículo 47 ejusdem.

Luego, se pregunta esta Alzada: ¿Cómo puede exigirse al administrado (que en este caso es la parte querellante, la sociedad mercantil HAFRAN SERVICIOS MÚLTIPLES, C. A.), que agote los recursos ordinarios que le otorga la Ley, si la Administración (que en este caso encarna en la INSPECTORÍA DEL TRABAJO ALÍ PRIMERA), no cumplió su obligación de indicar en la notificación de su supuesto “acto administrativo”, cuáles son esos recursos o vías ordinarias de impugnación? Así planteada esta interrogante, por supuesto que su respuesta supone que la parte querellada e inclusive su tercero coadyuvante, es decir, la INSPECTORÍA DEL TRABAJO ALÍ PRIMERA y el ciudadano EZEQUÍAS GABRIEL FINOL SÁNCHEZ, no pueden pretender, ni mucho menos exigir al administrado (la empresa querellante), el cumplimiento de una conducta que estando la propia Administración obligada a indicársela y ha advertírsela, no lo hizo, tal y como se evidencia dicha omisión en el señalado Oficio No. 64-2013 del 12/04/2013. En otras palabras, estando obligada la INSPECTORÍA DEL TRABAJO ALÍ PRIMERA por el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos a indicarle expresamente a la sociedad mercantil HAFRAN SERVICIOS MÚLTIPLES, C. A., cuáles son los recursos que proceden contra la Revocatoria de su Solvencia Laboral y adicionalmente, cuáles son los términos y/o lapsos para hacerlo y cuáles los órganos administrativos y/u órganos jurisdiccionales competentes, ésta no cumplió dicha obligación, en consecuencia, mal puede entonces exigir para la admisibilidad de esta acción de amparo constitucional, que la querellante de autos debió agotar tales o cuales “recursos ordinarios”, pues en todo caso, es evidente que la omisión del ejercicio de esos mecanismos recursivos por parte de la sociedad mercantil HAFRAN SERVICIOS MÚLTIPLES, C. A., obedece a la omisión sobre su expresa indicación por parte de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO ALÍ PRIMERA, ello además de que tal notificación (el Oficio No. 64-2013 del 12/04/2013), se considera defectuosa y por tanto, sin ningún efecto, por no satisfacer los extremos del artículo 73 de la mencionada Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, conforme lo dispone el artículo 74 ejusdem.

Así las cosas, por una parte se tiene un supuesto “acto administrativo” que