Visto el escrito de pruebas presentado por la abogada LUISA GIOCONDA YASELLI, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 18.205, actuando en su carácter de apoderada judicial del ciudadano JOSÉ GREGORIO PÉREZ MARÍN, titular de la cédula de identidad número V-6.553.648, parte querellante en la presente causa y por las abogadas YULIMAR GÓMEZ MUÑOZ y MARÍA AUXILIADORA ESCALONA, inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 104.824 y 41.902, respectivamente, actuando en su carácter de apoderadas judiciales del INSTITUTO AUTÓNOMO DE POLICÍA DEL ESTADO MIRANDA (IAPEM) parte querellada en la presente causa; pasa este Juzgado Superior a pronunciarse sobre la admisibilidad de las mismas en los términos siguientes:

Visto el escrito de promoción de pruebas presentado por el abogado YONNY PÉREZ BARAHONA, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 74.544, actuando en su carácter de apoderado judicial de la UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA, parte querellada, y por los abogados JUAN PABLO TORRES FIGUEREDO y OLENA ISABEL COLOMBANI DE TORRES, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 90.687 y 90.686, respectivamente, actuando en su carácter de apoderados judiciales del ciudadano LUCAS RANGEL HERNÁNDEZ, titular de la cédula de identidad número V-20.977.963, parte querellante en la presente causa, pasa este Tribunal a pronunciarse sobre la admisibilidad de las mismas en los términos siguientes:

Visto el escrito de promoción de pruebas presentado por el abogado JUAN MANUEL FERNÁNDEZ BREIDEMBACH, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 123.261, actuando en su carácter de apoderado judicial del ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, parte querellada en el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA por la ciudadana ANGELUCY FREDESBINDA TARAZONA CAMPOS, titular de la cédula de identidad número V- 8.680.591, e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 56.293, debidamente asistida por los abogados NARCISO FRANCO y BÁRBARA CALDERÓN LA ROCHE, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 21.656 y 69.597 respectivamente; y vista la diligencia de fecha 30 de octubre de 2014, suscrita por la abogada ZAYMARA BOHÓRQUEZ, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 123.272, actuando en su carácter de apoderado .....

Al respecto señala este Tribunal que la prueba de exhibición promovida por la parte actora no es manifiestamente ilegal ni impertinente, por cuanto cumple con los requisitos exigidos por el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil para su promoción, razón por la cual, éste Órgano Jurisdiccional declara improcedente la oposición formulada por la parte querellada y en consecuencia, se admite la prueba de exhibición promovida. Intímese al ciudadano Alcalde del Municipio Autónomo Sucre del estado Miranda, a fin que exhiba a las nueve y treinta antes meridiem (09:30 a.m.) del quinto (5to) día de despacho siguiente a aquel en que conste en autos su intimación, a objeto que exhiba los documentos, conforme fue solicitado por la parte querellante en la prueba de exhibición, de su escrito de promoción de pruebas, del cual se anexará copia debidamente certificada y del presente auto. Líbrese oficio. En alusión al mérito favorable de autos promovido por la parte querellante en su escrito .....

DECISIÓN Por las razones expuestas, este Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: Primero: IMPROCEDENTE la oposición formulada por la Abogada MAGALYS SUÁREZ de MOSQUEDA, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 157.562, actuando en su carácter de apoderada judicial del INSTITUTO AUTÓNOMO DE POLICÍA MUNICIPAL MUNICIPIO SIMON BOLIVAR DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, parte querellada, en contra de las pruebas documentales y testimoniales promovidas por la parte actora, conforme a la motiva de la presente providencia. Segundo: SE ADMITEN las pruebas documentales contenida en el Capítulo I, conforme a la motiva de la presente providencia. Tercero: SE ADMITEN las pruebas testimoniales contenidas en el Capítulos II, conforme a la motiva de la presente providencia.

DECISIÓN Por las razones expuestas, este Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: Primero: IMPROCEDENTE la oposición formulada por la Abogada la Abogada LUZ MARÍA AGUDELO CÁCERES, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 112.830, actuando en su carácter de apoderada judicial del ciudadano LUÍS ENRIQUE GONZÁLEZ BUSTAMANTE, parte actora, en contra de las pruebas documentales promovidas por la parte querellada, conforme a la motiva de la presente providencia. Segundo: SE DESESTIMA la promoción del expediente administrativo contenida en el Capítulos I, conforme a la motiva de la presente providencia. Tercero: Se ADMITEN las pruebas documentales contenidas en el Capítulo II, conforme a la motiva de la presente providencia.

Por la motivación que antecede este Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara INADMISIBLE la demanda por cumplimiento de contrato interpuesta por la ASOCIACIÓN COOPERATIVA MAXEGU, R.L., contra la Sociedad Mercantil "VIALIDAD Y CONSTRUCCIONES SUCRE, S.A.", en razón del artículo 35.3 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, el cual establece como requisito de admisibilidad el cumplimiento del procedimiento administrativo previo a las demandas de contenido patrimonial, establecido en los artículos 56 al 62 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Por lo antes expuesto este Tribunal administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley DECLARA: CON LUGAR la inhibición planteada por el Dr. ARTURO MARTINEZ JIMENEZ, en su condición de Juez Superior Segundo en lo Civil Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Publíquese, Regístrese y Remítase el presente expediente en su oportunidad legal correspondiente al Juzgado de la Causa. Dando cumplimiento a lo ordenado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 1175 del 23-11-2010, se ordena la notificación de la presente decisión al juez inhibido, Dr. ARTURO MARTINEZ JIMENEZ, Juez Superior Segundo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.- En Caracas, .....

(...)Por todos los razonamientos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, este JUZGADO NOVENO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÀREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: SIN LUGAR la defensa opuesta por la demandada, de inepta acumulación de acciones o pretensiones. SEGUNDO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda por diferencia de prestaciones sociales y otros conceptos incoada por: FRANCISCO ELEAZAR DIAZ contra BZS CONSTRUCCIONES S.A. TERCERO: No hay condenatoria en costas dada la naturaleza de la presente decisión(...)

DDISPOSITIVO En base a los razonamientos anteriormente expuestos, este JUZGADO SÉPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda por diferencias de prestaciones sociales, incoada por el ciudadano JOSÉ MANUEL BALZA contra FONDO DE GARANTÍAS RECIPROCAS PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, C.A (FONPYME), partes identificadas al inicio de la presente sentencia. SEGUNDO: Se ordena al pago de los conceptos que se señalan en la parte motiva del presente fallo. Asimismo, se condena al pago de los intereses de mora y la corrección monetaria, de acuerdo con los parámetros fijados en la parte motiva de esta decisión. TERCERO: No hay condenatoria en costas, dada la naturaleza de la presente decisión. CUARTO: Se ordena la notificación de la Procuraduría General de la República. .....