este Juzgado de conformidad a lo establecido en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 10 y 11 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, imparte correspondiente HOMOLOGACIÓN dicha transacción en los términos en que fue expuesto, en consecuencia, se da por terminado el presente juicio. Cúmplase lo ordenado.

este Juzgado de conformidad a lo establecido en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 10 y 11 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, imparte correspondiente HOMOLOGACIÓN dicha transacción en los términos en que fue expuesto, en consecuencia, se declara terminado el presente juicio. Cúmplase lo ordenado.

este Juzgado de conformidad a lo establecido en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 10 y 11 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, imparte correspondiente HOMOLOGACIÓN dicha transacción en los términos en que fue expuesto, en consecuencia, se da por terminado el presente juicio. Cúmplase lo ordenado.

Por las razones y consideraciones antes expuestas, este Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR la apelación interpuesta en fecha 30 de septiembre de 2010, por el abogado GUIDO ANTONIO PUCHE, en su carácter de apoderado judicial de la parte demandante contra la decisión dictada en fecha 9 de julio de 2010, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, la cual se confirma en los términos expuestos en el presente fallo. SEGUNDO: INADMISIBLE la Acción Reivindicatoria incoada por la ciudadana CARMEN RAMONA URBINA DE ALTUVE contra los ciudadanos ALEJANDRO, JESÚS OCTAVIO, JOSÉ JESÚS, JOSÉ MARÍA, GRACIELA Y JESÚS MARÍA LARA VALVERDE, y RUTH VALVERDE DE LARA, en .....

Se Decreta MEDIDA DE EMBARGO SOBRE LAS PRESTACIONES SOCIALES del obligado, ciudadano HERNY FABIÁN DE JESÚS HERNÁNDEZ SERRANO, titular de la cédula de identidad Nro. V- 11.736.487, por lo que se ORDENA LA RETENCION de las sumas que corresponden a las mensualidades de los meses de diciembre del año 2010, enero, febrero, marzo y abril del presente año 2011, las cuales se encuentran vencidas a razón de DOSCIENTOS SETENTA BOLIVARES (Bs. 270,00) cada mes; más las mensualidades siguientes que se sigan venciendo hasta la culminación de la presente causa, por la misma cantidad, con sus respectivos intereses calculados a la rata de doce por ciento (12%) anual. ASÍ SE DECIDE.-

Por los fundamentos antes expuestos, y criterio jurisprudencial arriba citados, este Tribunal Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y por lo tanto se CONFIRMA en todas y cada una de sus partes la decisión dictada por el Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas en fecha veintiséis (26) de febrero de 2010, relativa al juicio que por disolución de compañía, interpuso el ciudadano José Eliodoro Da Silva, representado judicialmente por los profesionales del derecho Pedro Vicente Rivas Molleda, Pedro Miguel Reyes y Pedro Miguel Reyes Reyes, en contra de la Sociedad Mercantil Don Antonio, C.A., Donanca, representada judicialmente po.....

este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el ciudadano Wiliam Arístides Rebolledo Martínez, apoderado judicial de los ciudadanos Yoel Alfredo Soto Soto Y Maria Auxiliadora Valera Azuaje, terceros intervinientes, en contra de la sentencia definitiva dictada por el Juzgado Décimo Sexto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 05 de noviembre del 2007. SEGUNDO: CON LUGAR la presente pretensión que por Resolución De Contrato incoara la sociedad mercantil Organización Inmobiliaria F & T 2002, C.A., en contra del ciudadano Jacinto Cabrera Mendieta. En consecuencia se confirma la sentencia dictada por el Juzgado Décimo Sexto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Ca.....

En razón de los planteamientos antes analizados, este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la Autoridad que le otorga la Ley, ha decidido: PRIMERO: declararse INCOMPETENTE EN RAZÓN DE LA MATERIA para decidir la presente causa y DECLINAR su competencia a los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital. SEGUNDO: ORDENAR la remisión mediante oficio de las presentes actas a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, previo el vencimiento del lapso establecido en el Artículo 69 del Código de Procedimiento Civil. TERCERO: No hay condena en costas debido a la naturaleza del presente fallo. Regístrese, publíquese y déjese copia. Dada, firmada y sellada en la sala de despacho del Juzg.....

Ahora bien, revisados y analizados los recaudos consignados por la parte demandante, así como los alegatos esgrimidos para que se le decrete la medida de secuestro, considera esta Juzgadora que no hay constancia en autos de algún medio de prueba que demuestre el peligro de que quede ilusoria la ejecución del fallo. Como consecuencia de ello, faltando uno de los requisitos para que se decrete la medida de prohibición de enajenar y gravar (periculum in mora), este órgano jurisdiccional considera IMPROCEDENTE la solicitud de la medida antes señalada. Y ASÍ SE DECIDE.

este Tribunal administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PERIMIDA LA INSTANCIA. De conformidad con lo previsto en el artículo 283 del citado Código, no hay condenatoria en costas en esta decisión.