Por las razones antes expuestas este Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la querella interpuesta por los abogados Oscar Borges Prim, Diurkin Bolívar Lugo y Judith Criollo Posada, Inpreabogado Nros 91.625, 97.465 y 156.096, respectivamente, actuando como apoderados judiciales de la ciudadana María Soledad Rivas de Gutiérrez, titular de la cédula de identidad Nº 3.716.798, contra el Concejo Municipal del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital (Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital).

Ahora bien, encontrándose en la oportunidad correspondiente para emitir pronunciamiento sobre la admisibilidad de la demanda de nulidad, atendiendo a las causales establecidas en el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, este Tribunal observa de la revisión preliminar de las actas que conforman este expediente judicial que la caducidad no es evidente, que no existe acumulación de acciones que se excluyan mutuamente o que se tramiten con procedimientos incompatibles; que no contiene conceptos irrespetuosos; no existe cosa juzgada, no resulta contraria al orden público ni a las buenas costumbres, no existe prohibición legal alguna para su admisión, que el recurso fue acompañado con los documentos fundamentales para el presente análisis y, finalmente que el referido recurso cumple con los requisitos previstos en el artículo 33 eiusdem, por lo que este Órgano Jurisdiccional, de conformidad con el artículo 36 eiusdem, lo ADMITE en cuanto ha lugar en d.....

DECISIÓN Por las razones expuestas, este Tribunal Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- SE HOMOLOGA la transacción efectuada por las partes el 28 de abril de 2011, de conformidad con lo establecido en los artículos 261 y 262 del Código de Procedimiento Civil. 2.- CONCLUIDA la presente demanda por pago de daños y perjuicios causados por incumplimiento de contrato conjuntamente con medida cautelar de embargo preventivo sobre bienes incoado por los abogados RAFAEL BADELL MADRID, ÁLVARO BADELL MADRID, NICOLÁS BADELL BENÍTEZ y ROLAND PETTERSSON STOLK, actuando como apoderados judiciales de la compañía anónima ELECTRIFICACIÓN DEL CARONÍ, C.A. (C.V.G. EDELCA), contra las sociedades mercantiles S & J SERVICIOS C.A. y SEGUROS CORPORATIVOS, C.A., ya identificados, conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Cont.....

Vista la diligencia de fecha veintisiete (27) de septiembre del presente año, suscrita por el abogado Raúl Miguel Hidalgo Guzmán, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 91.551, actuando con el carácter de Apoderado Judicial de la SOCIEDAD DE CAPITAL DE RIESGO VENEZUELA, C.A. (SCR), mediante la cual manifiesta su renuncia como Consultor Jurídico y Subsecuentemente como Apoderado Judicial de dicha sociedad, solicitando se suspenda la presente causa por un lapso de treinta (30) días, de conformidad con lo establecido en el artículo 202, parágrafo segundo del Código de Procedimiento Civil. En consecuencia este Órgano Judicial procede a suspender la presente causa por un lapso de treinta (30) días continuos, a partir de la fecha en que conste en autos el recibo de la notificación. Notifíquese a la Sociedad de Capital y Riesgo de Venezuela, C.A. Cúmplase lo ordenado.

SE ADMITIERON PRUEBAS.

- I I I - DECISIÓN En merito de lo anteriormente expuesto, este Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara IMPROCEDENTE la medida cautelar de suspensión de efectos solicitada por la ciudadana Nicola Pasquale Bianco, titular de la Cédula de Identidad Nº 5.072.869 actuando con el carácter de apoderada judicial de la Sociedad de Comercio Taller Miura, C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda el 27 de Diciembre de 1983, bajo el Nº 57, Tomo 166-A, asistida por la abogada Patricia Vaccara Raga, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 105.990 contra la Certificación de Salud por Enfermedad Ocupacional emitida por el INPSASEL en el Expediente Nº MIR-29-IE08-0738, del ciudadano Elías José Delgado, titular de la Cédula de Identidad Nº 7.281.188; Publíquese y regístrese. Notifíquese al accionan.....

- I I I - DECISIÓN En merito de lo anteriormente expuesto, este Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara IMPROCEDENTE la medida cautelar de suspensión de efectos solicitada por las abogadas María Verónica Zapata Arvelo y Adriana Virginia Bracho Garcia, inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 131.662 y 138.491, respectivamente, actuando con el carácter de apoderadas judiciales de la Sociedad Mercantil Fospuca Baruta, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda en fecha 26 de Noviembre de 1993, bajo el Nº 24, Tomo 97-a Sgdo., contra la Providencia Administrativa Nº 00024-2010 de fecha 21 de Enero de 2010, emanada de la Inspectoría del Trabajo "Pedro Ortega Diaz" (Sede Sur); Publíquese y regístrese. Dada, firmada y sellada en el despacho del Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso.....

(...) En cuanto a la Experticia Complementaria promovida en el escrito de promoción de pruebas, con la finalidad de verificar los montos exactos a los que hubiere lugar y en caso que hubiese error al momento de la cancelación de las prestaciones del actor se proceda a su subsanación, este Juzgado niega su admisión por cuanto el referido medio probatorio se encuentra condicionado al dictamen que pudiera realizar este Sentenciador en la sentencia que decida el fondo del asunto. ASÍ SE DECIDE.

(...) DECLARA: SIN LUGAR, la demanda incoada por la ciudadana MARIA HAIDEE PINEDA AVILA, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V-15.486.561, en contra de la JUNTA COORDINADORA DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DEL BANCO CANARIAS DE VENEZUELA, BANCO UNIVERSAL, C.A. (Banco en Liquidación Administrativa), Inscrita ante el Registro Público del Municipio Autónomo Mariño del Estado Nueva Esparta, en fecha 28 de noviembre de 1966, bajo el N° 73, Folio 126 al 129, Protocolo Primero, Tomo Segundo, por motivo de COBRO DE DIFERENCIA DE PRESTACIONES SOCIALES. No hay condenatoria en costas de conformidad con lo previsto en la norma del artículo 64 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Por aplicación analógica de acuerdo a lo dispuesto en la norma del artículo 11 de Ley Orgánica Procesal del Trabajo en concordancia con el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil se ordena dejar copia certificada de la presente sentencia. Se ordena la publicaci.....

(...) En lo que corresponde a la Prueba de Informes promovida en el Capítulo III del escrito de promoción de pruebas con la finalidad de oficiar al BANCO DE VENEZUELA, se observa que a la luz de la norma del artículo 69 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, los medios probatorios tienen por norte acreditar los hechos expuestos por las partes y producir certeza en el Sentenciador respecto de puntos controvertidos los cuales constituyen la litis procesal. Realizada tal consideración pensamos que resulta impertinente, tanto el medio como ciertos hechos que pretende la parte promovente demostrar a través del mismo, en virtud de que no se constituyeron en controvertidos en el presente procedimiento. Con respecto a la pertinencia de la prueba ha señalado el DR. JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO en su obra "CONTRADICCIÓN Y CONTROL DE LA PRUEBA LEGAL Y LIBRE", Editorial Jurídica Alva, Tomo I, pág. 98, lo siguiente: "(...) la pertinencia es un concepto diferente al de la conducencia. Este está.....