Tomando en cuenta que la presente querella fue presentada en fecha 16 de julio de 2008, ante el Juzgado Distribuidor de Primera Instancia Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, a los fines de su sorteo y distribución, resulta evidente que la querella se presenta pasado mas del año de los hechos que denuncian como perturbadores, por lo que debe tenerse presente lo indicado en el artículo 782 del Código Civil antes transcrito, en el sentido que, a los fines del ejercicio de la acción interdictal y la petición del amparo posesorio, ha debido ser ejercida "...dentro del año, a contar desde la perturbación,...". Así se establece. Como corolario de todo lo anteriormente expuesto, al no haber sido intentada la acción interdictal posesoria dentro del año de la perturbación, no se encuentran llenos los extremos legales de admisibilidad establecidos en el artículo 698 del Código Civil, resulta obligante para este Tribunal negar, como en efecto NIEGA LA ADMISIÓN de la .....

Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por los abogados OSCAR ELÍAS OMAÑA GUERRERO, MARIA TERESA ARRIAGA RODRÍGUEZ y ALFONSO MÉNDEZ, de este domicilio e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 37.382, 47.112 y 33.662, respectivamente, actuando en su carácter de apoderados judiciales del ciudadano HUMBERTO ELI MÉNDEZ PÉREZ, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº 1.667.962, contra el INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES.-

DISPOSITIVA En razón de las consideraciones anteriores y habiéndose constatado que el sancionado de autos ha dado cumplimiento a la Medida de Libertad Asistida, y verificado el respectivo cómputo, este Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Ejecución de la Sección Penal de Responsabilidad del Adolescente del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, de conformidad con lo establecido en los artículos 645, 646 y 647 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, DECRETA LA CESACIÓN DE LA MEDIDA DE LIBERTAD ASISTIDA, que por el lapso de seis (06) meses, cumplió de manera efectiva el joven SE OMITE IDENTIDAD, venezolano, titular de la Cédula de identidad N° V- SE OMITE IDENTIDAD, nacido en Valencia Estado Carabobo, hijo de SE OMITE IDENTIDAD y de SE OMITE IDENTIDAD. Así mismo, se acuerda su libertad plena. ASÍ SE DECIDE. Dictada en la sala de audiencias en Carac.....

En consonancia con lo razonado anteriormente, este Tribunal aplicando al caso que nos ocupa las normas antes transcrita, este Juzgado por cuanto la transacción judicial celebrada entre ALEJANDRO RAFAEL GONZALEZ MANZO actuando en su carácter de avalista de las obligaciones asumidas por la obligada principal la sociedad mercantil GRUPO EXPRESS 21, C.A., debidamente asistido por JUAN CARLOS VERA, abogado inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 93.172 y ALEJANDRO BOUQUET GUERRA (apoderado judicial de la parte accionante), todos plenamente identificados, no es contraria al orden público la HOMOLOGA en consecuencia téngase como sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, conforme a lo previsto en el en el artículo 255 del Código Civil Adjetivo. Se acuerda la devolución de los originales solicitados, previa su certificación en autos y se acuerda hacer entrega de los mismos a la parte interesada, quien estampará diligencia en señal de recibirlos. Se suspende la medida de embargo ejec.....

En fuerza de lo expuesto, este Juzgado Superior Primero, declara INADMISIBLE el recurso de Casación anunciado por el abogado JAVIER CARRERA ECHEGARAY, en su carácter de apoderado judicial de la parte demandada, ciudadanos JOSÉ JOAQUIN PINTO Y JOSÉ ILIDIO PINTO TEIXEIRA, en fecha 24.09.2008, por tratarse de un recurso que obra contra una sentencia interlocutoria que no pone fin al juicio. Haciendo constar que el último de los diez (10) días que se dan para el anuncio lo fue el día viernes tres (03) de Septiembre de 2008. Y ASÍ SE DECIDE. EL JUEZ DR. FRANK PETIT DA COSTA LA SECRETARIA ABOG. FLOR CARREÑO

Por las razones expuestas, este Juzgado Superior Octavo del Trabajo de este Circuito Judicial, administrando justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR la apelación de la parte actora en contra de la decisión contenida en la sentencia de fecha 13-11-2006 producida por el Juzgado SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS ; SEGUNDO: SIN LUGAR la demanda propuesta por el ciudadano REYES ALBERTO TORRELLAS GONZALEZ, contra la empresa COLECTIVOS BRIPAZ, C.A.: TERCERO: Se confirma el fallo apelado. CUARTO: No hay condenatoria en costas de conformidad con el Artículo 64 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

DISPOSITIVA.- Con base a los razonamientos expuesto este Juzgado Cuadragésimo Sexto de Primera Instancia en función de Control Del Circuito Judicial Penal Del Área Metropolitana, y por Autoridad de la Ley: ACUERDA: SUSTITUIR la Medida Privativa de Libertad impuesta a los imputados RESQUE BOTINI EDWIN OMAR, titular de la cédula de identidad Nro V- 19.873.002, y LEAL SANCHEZ JOSE ANGEL titular de la cédula de identidad Nro V-16.179.388, por las medidas cautelares contenidas ene. artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, que se mencionan a continuación, en los términos que aquí se expresan: PRIMERO: Se impone al hoy encausado de la medida cautelar sustitutiva contenida en el ordinal 2º, consistente en la obligación de someterse al cuidado de un (01) familiar en primer grado de consanguinidad, el cual prestará Acta Juramento ante este Juzgado, a fin de garantizar el fiel y cabal cumplimiento de todo las exigencias de este Juzgado, respecto a la sujeción al proceso penal que se l.....

Sobre la base de los razonamientos anteriores, esta Sala Segunda Accidental de Reenvío en lo Penal para el Régimen Procesal Transitorio de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: 1. Declara: Admisible de conformidad con el artículo 111 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el recurso de apelación interpuesto, por el abogado Juan Claudio Vegas, procediendo como defensor privado del ciudadano LEANDRO JOSE JIMENEZ TREMARIA, contra la sentencia definitiva del 14 de agosto de 2008, dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en funciones de Juicio de Violencia Contra la Mujer de éste Circuito Judicial Penal. 2.- Acuerda fijar la Audiencia a que se contrae el artículo 111 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Muj.....

DISPOSITIVA Con base a todos lo razonamientos de hecho y derecho que han sido expresado en la parte motiva del presente fallo este JUZGADO DÉCIMO CUARTO (14°) DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: CON LUGAR la PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN opuesta por la demandada y SIN LUGAR la demanda intentada por los ciudadanos BORIS DARIO LAMPE, CARLOS CHACIN, DOUGLAS RAMIREZ, EDUARDO VILLALOBOS, FANNY ACEVEDO DE CALDERA, FANNY BRACHO, FELIPE SOTO, FRANCISCO URDANETA, GEOVANIS GUTIERREZ, GODOFREDO ALMARZA, GUSTAVO MARTINEZ, ISABEL VILCHEZ, JOSE COHEN, JOSE FUENMAYOR, MIREYA DE SANCHEZ, HERMOGENES PERAZA, CARMEN ZENAIDA CAICEDEO, ROSARIO ANTONIO GIMON, LUIS DEMENTARIO FLORES, y IVONNE POLEO COVA, venezolano mayores de edad, de este domicilio y titular de las cedulas de identidad Nos. 2.859.692, 4.996037, 3.681.071, 5.048.803, 5.167.100, 4.743.....

Así las cosas, considera esta Juzgadora que si bien la jubilación conserva su conexión con la relación laboral preexistente, no le es aplicable las disposiciones establecidas en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo, pues en el momento de hacerse exigible el derecho a cobrar cada una de las pensiones mensuales, ya ha terminado la prestación de servicios.- Por lo que resultaría injusto para un trabajador jubilado que se le aplique esta prescripción (Art. 61 LOT) contada a partir de la terminación de la prestación de servicios. No se trata de que sea imprescriptible la acción, sino de que su prescripción a falta de disposición expresa de la legislación especial, se rige por las reglas de derecho común, concretamente, por el artículo 1.980 del Código Civil, que establece la prescripción por tres (3) años de todo cuanto deba pagarse, criterio reiterado por Jurisprudencia emitida por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 24 de enero de 2001, cuando s.....