En cuanto a las pruebas documentales promovidas en el capitulo Primero, del escrito de pruebas presentado, este Tribunal ADMITE las documentales promovidas con las letras "A", "C" y "D", por cuanto la misma no son manifiestamente ilegales ni impertinentes, salvo su apreciación en la sentencia definitiva que recaiga en la presente causa, de conformidad en lo previsto en el artículo 429 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. En lo atinente a la prueba documental promovida con la letra "B" del Capítulo Primero del antes mencionado escrito de pruebas, este Tribunal señala que la misma no es objeto de Prueba por cuanto la misma ya se encuentra consignada en el libelo de la demanda, y de conformidad con lo establecido en el articulo 12 de Código de Procedimiento Civil el Juez está obligado de a analizar todo lo alegado y probado en autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera de éstos.

A razón de lo antes expuesto, se deja constancia que el mismo no es objeto de promoción de pruebas, por lo tanto este Juzgado declara INADMISIBLE, toda vez que el Juez está obligado de conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, a analizar todo lo alegado y probado en autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera de éstos. Segundo: En lo relativo a la prueba de exhibición de documentos, promovida en el Capítulo II, del citado escrito de prueba, este Tribunal de conformidad con lo establecido en el artículo 436 de la Norma Adjetiva Civil, la ADMITE por cuanto la misma no es manifiestamente ilegal, ni impertinente, salvo su apreciación en la sentencia definitiva que recaiga en la presente causa. En consecuencia, se ordena intimar mediante boleta al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, para que bajo apercibimiento comparezca por ante este Tribunal a las once de la mañana (11:00 a.m.), del tercer (3er.) día de des.....

Por las razones de hecho y de derecho precedentes, este Juzgado Sexto (6º) Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, actuando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, administrando justicia, y por autoridad de la Ley, declara: UNICO: Improcedente la solicitud de medida cautelar de suspensión del acto administrativo de efectos particulares dictado por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL) denominado CERTIFICACIÓN CMO: CAP-0081-2016 de fecha 23/08/2016, el cual se encuentra inmerso en el Expediente administrativo Nº DIC-19-IE-14-1190; HM Nº CAP-001020-11, bajo la nomenclatura llevada en sede Administrativa, y el OFICIO Nº GCV-1353-2016, de fecha 30/11/2016, formulada por la ciudadana CARMEN SULBARAN abogada en ejercicio, inscrito en el IPSA bajo los N° 81.869 actuando en su carácter de apoderado judicial de GRUPO MANPROLIN, C.A.

Se dictó sentencia mediante la cual, este Tribunal Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declaró CON LUGAR la demanda que DESALOJO fuere presentada por el ciudadano ROBERTO ANTONIO NAHMENS SILVA, contra el ciudadano LUCIANO CONTI CAMPORESE. En consecuencia, se declaró extinguido el contrato de arrendamiento celebrado por las partes el día 1º de diciembre de 1997 y, como consecuencia de ello, se condenó al demandado a entregar al actor el inmueble identificado como el apartamento Nº 81-B, Torre B, planta 8 del Edificio denominado Residencias Mily, ubicado en la Calle Caroní de la Urbanización Colinas de Bello Monte, Municipio Baruta del Estado Miranda.

Por las razones expuestas, este Tribunal Superior Segundo de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara LA FALTA DE JURISDICCIÓN en la presente causa interpuesta por la contribuyente ABASTOS XAGUA, contra la Resolución Nº HIJ-100-00279 de fecha 30 de julio de 1993 emanada de la Dirección Jurídico Impositiva del otrora MINISTERIO DE HACIENDA. Se ORDENA remitir el expediente judicial a la Gerencia General de Servicios Jurídicos del SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT), a los fines de que inicie el procedimiento de cobro ejecutivo.

Por las razones expuestas, este Tribunal Superior Segundo de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara LA FALTA DE JURISDICCIÓN en la presente causa interpuesta por la sociedad de comercio MOTORIENTE ANACO, C.A., contra la Resolución N° GJT-98-922 de fecha 10 de noviembre de 1998 emanada de la Gerencia Jurídico Tributaria del ahora SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT). Se ORDENA remitir el expediente judicial a la Gerencia General de Servicios Jurídicos del citado Órgano Recaudador, a los fines de que inicie el procedimiento de cobro ejecutivo.

En consecuencia, este Tribunal observa que el presente asunto se encuentra en fase de ejecución forzosa de sentencia y visto que la jurisdicción para dicha fase del proceso esta atribuida exclusivamente a la Administración Tributaria recurrida, este Juzgado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara la PÉRDIDA SOBREVENIDA DE JURISDICCIÓN en la presente causa, y ORDENA remitir el expediente a la Gerencia General de Servicios Jurídicos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), a los fines de su ejecución, obligándose a notificar a este Órgano Jurisdiccional una vez logre la referida ejecución, a los fines del cierre informático del asunto. Líbrese oficios, acta y remítase el expediente a la Coordinación Judicial de los Tribunales Superiores de lo Contencioso Tributario del Área Metropolitana de Caracas para su entrega definitiva a través de la Unidad de Actos de Comunicación (UAC). Dado, firmado y sellado.....