En consecuencia y con vista a los razonamientos planteados, al no existir despido por parte del Empleador mal puede solicitarse la calificación de un despido indirecto, pues ello sería contrario a Derecho, y con respecto a los efectos patrimoniales que correspondan, como lo son las indemnizaciones previstas en el artículo 125 de la Ley Sustantiva Laboral, existe expresamente la vía judicial idónea, cual es la presentación de una demanda en la cual se reclamen las prestaciones sociales, la indemnización por despido injustificado y la sustitutiva del preaviso, en caso de que patrono no pague extrajudicialmente lo que le correspondería en caso de existir despido indirecto. Así se decide.-

este Juzgado Vigésimo Cuarto (24°) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de este Circuito Judicial del Trabajo, en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley CONSIDERA DESISTIDO EL PROCEDIMIENTO Y TERMINADO EL PROCESO. Se condena en costas a la parte actora, de conformidad con lo establecido en los artículos 62 y 64 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. PUBLIQUESE Y REGISTRESE LA PRESENTE DECISION. En Caracas, a los Ocho (08) del mes de Abril de 2008. Años 149 ° y 197°.

SIN LUGAR la apelación interpuesta por la Asociación Civil Educativa para la Felicidad, Unidad Educativa Colegio Yale; SIN LUGAR la apelación interpuesta por la empresa Corporación Venezolana de Profesionales, C. A. ¿tercero interviniente- y CON LUGAR la solicitud de calificación de despido.

ADMITE el Recurso de Apelación interpuesto por el ciudadano Abogado ERNESTO ROSALES ARELLANO, en su condición de Defensor del ciudadano imputado JAVIER RODOLFO HERNÁNDEZ YÁNEZ, en contra de la decisión dictada por el Tribunal Vigésimo Tercero (23°) de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 08 de marzo de 2008, mediante la cual decretó Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad al ciudadano HERNÁNDEZ YANEZ JAVIER RODOLFO, de conformidad con lo establecido en los artículos 250 ordinales 1°, 2° y 3°, 251 ordinales 2° y 3°, Parágrafo Primero y 252 del Código Orgánico Procesal Penal.

este Juzgado a los fines de poder homologar la autocomposición procesal antes aludida, insta a la parte a consignar el documento constitutivo de la referida empresa y efectuada la misma el Tribunal procederá a emitir su pronunciamiento respecto a la homologación o no de la transacción celebrada.

DISPOSITIVA Por los razonamientos expuestos, este Juzgado Vigésimo Tercero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: CON LUGAR la cuestión previa propuestas por el ciudadano MARTIN RAFAEL PEREIRA LOZADA., Venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad número 6.851.918, con fundamento en el ordinal 6° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, referente al defecto de forma existente en el libelo de la demanda contenido en el ordinal 4° del artículo 340 ejusdem. ASÍ SE DECIDE.- SEGUNDO: SIN LUGAR la cuestión previa propuesta por el ciudadano MARTIN RAFAEL PEREIRA LOZADA., ya identificado, con fundamento en el ordinal 6° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el ordinal 6° del artículo 340 ejusdem. ASÍ SE DECIDE.- TER.....

Por todos los razonamientos precedentemente expuestos, este JUZGADO VIGÉSIMO PRIMERO DE MUNICIPIO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrado justicia en nombre de la REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, y por AUTORIDAD DE LA Ley, actuando en sede Civil, declara INADMISIBLE la presente demanda que por DESALOJO incoara CARMEN LEÓN RODRIGUEZ contra KATYANA ORELLANA MENDOZA .

De conformidad con los fundamentos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, este Juzgado Duodécimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR la demanda que por DESALOJO intentara el ciudadano FRANKLIN DA SILVA CONTRERAS en contra de la ciudadana SOFIA CABANZO MALABE, plenamente identificados al inicio del presente fallo, SEGUNDO: Se condena a la parte demandada a hacer entrega a la parte actora libre de personas y cosas, el inmueble constituido por una vivienda identificada de la siguiente manera 5 SN-1, ubicada en la azotea de la casa número 40 y en donde se encuentra un horno que sirve para hornear pan, ubicada en Monte Piedad, calle Colombia, detrás de la estación del metro Caño Amarillo, Municipio Libertador del Distrito Capital, y el cual esta comprendido entre los siguientes linderos: NORTE: Casa que es.....

-III- Por todos los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Quinto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana¬ de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, y para garantía del debido proceso y derecho a la defensa de las partes se ordena notificar a las partes, del auto de admisión de pruebas de fecha 31 de octubre de 2.007, así como del avocamiento de esta Juez, y de que conforme del Artículo 202 del Código de Procedimiento Civil, se reabre el lapso probatorio a los solos fines de la evacuación de la prueba de posiciones juradas promovidas y admitidas en dicho auto, por un lapso de ocho (08) días de despacho contados a partir de la ultima de la notificación que se haga. Quedan vigentes los demás actos procesales aquí no específicamente anulados, en virtud al juicio que por Desalojo, incoara el ciudadano GONZALO MONTOYA RAMSAY, contra el ciudadano FRANCISCO JOSE FRAIZ CARAMEZ, todos identificados en el texto de.....

Fue practicada medida de Entrega Material sobre el inmueble objeto de la práctica de la medida y se puso en posesión de la parte actora, en la persona de su apoderado judicial, abogado CARLOS CESAR MORENO, quien lo recibió libre de bienes y personas en el acto. Así mismo, se reservo el derecho de embargar bienes propiedad de la parte demandada para una nueva oportunidad.