Ahora bien, revisado exhaustivamente como fue el expediente judicial, observa este Tribunal que en el presente caso no existe indicio alguno que permita deducir el peligro inminente e irreparable que pudiera sufrir la contribuyente con la ejecución del acto administrativo y que consiguiera poner en peligro su estabilidad patrimonial. Por el contrario, se observa que la representación judicial de la recurrente se limitó únicamente a solicitar la suspensión de los efectos del acto administrativo impugnado sin hacer mención alguna ni esgrimir argumentos relacionados con el posible daño que la ejecución de dicho acto administrativo pudiera ocasionarle, sin aportar elementos que demostraran el inminente grave perjuicio en el patrimonio de dicha contribuyente, es decir, no consignó documento contable y/o financiero que hicieran presumir este posible daño. En este sentido, al no constar en autos elementos que permitan concluir objetivamente sobre el cumplimiento del requisito relativo al per.....

Tribunal Superior Séptimo de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR, el recurso contencioso tributario interpuesto por los abogados la Generoso Mazzocca Medina y Nayadet C. Mogollón Pacheco, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. 7.831.212 y 6.507.467, respectivamente, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 31.648 y 42.0414, respectivamente, en su carácter de apoderados judiciales de la empresa MAKRO COMERCIALIZADORA, S.A. En consecuencia: i) Se desestima el alegato de violación del derecho al debido proceso planteado por la contribuyente. ii) Se ANULA la Resolución S/N y sin fecha, dictada por el Alcalde del Municipio Sucre del estado Miranda, notificada el 06 de abril de 2004, la cual impuso una multa por la suma de Bs. 381.374.051,97. iii) Se ORDENA a la Alcaldía del Municipio Sucre del esta.....

CONVENIO POR MEDIACIÓN. Se HOMOLOGÓ el CONVENIMIENTO DE RÉGIMEN DE CONVIVENCIA FAMILIAR y OBLIGACIÓN DE MANUTENCIÓN suscrito por los ciudadanas ARMANDO GUTIERREZ GIL y LILIANA ANDREA DUQUE GÓMEZ, venezolano y colombiana, mayores de edad, de este domicilio y titulares de las cédulas de identidad Nros. V-13.112.768 y y E-82.216.896 respectivamente, a favor de sus hijos de 12 y 09 años de edad.

Por las motivaciones precedentes, este Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, por autoridad de la Ley y en sede constitucional de primer grado dicta la siguiente sentencia: PRIMERO: Se ADMITE la acción de amparo constitucional propuesta por la ciudadana Anabel Orozco García en contra del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que guarda relación con el juicio que por cumplimiento de contrato de arrendamiento incoara la sociedad mercantil Óptica Colibrí C.A. en contra de la ciudadana Anabel Orozco García (aquí accionante); SEGUNDO: Se ORDENA la notificación del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caraca.....

Por las motivaciones precedentes, este Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, dicta la siguiente sentencia: PRIMERO: NO HA LUGAR AL TRÁMITE de la apelación interpuesta por la representación judicial de la ciudadana Ghislaim Tamara Camacho Guerrero en contra del auto de fecha 23 de mayo de 2011 proferido por el Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por cuanto en el procedimiento fue declarada la inadmisibilidad de la acción de amparo constitucional el 03 de junio de 2011 por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas; SEGUNDO: Se ordena al Juzgado a-quo el archivo del expedien.....

Cumplidos como han sido los requisitos de admisibilidad previstos en los artículos 259 y siguientes y 266 del Código Orgánico Tributario; en efecto, el recurrido es un acto de efectos particulares que puede ser objeto de impugnación mediante el recurso jerárquico; en el escrito se expresan las razones por las cuales se interpone el recurso, se acompañan los documentos donde aparece el texto del acto recurrido, la recurrente tiene cualidad e interés dada su condición de contribuyente a nombre de quien se emitió el acto administrativo recurrido; el recurso fue interpuesto dentro del lapso de caducidad de veinticinco (25) días hábiles previsto en el artículo 261 ejusdem; no ha caducado, como se vió, el lapso para ejercer el recurso, no hay ilegitimidad del apoderado de la contribuyente, ya que tiene capacidad para comparecer en juicio por ser abogado y no es manifiesta la falta de representación que se atribuyen a quienes ejercen el recurso en nombre de la contribuyente; cumplidos tam.....

Cumplidos como han sido los requisitos de admisibilidad previstos en los artículos 259, siguientes y 266 del Código Orgánico Tributario; en efecto, el recurrido es un acto de efectos particulares que fue objeto del recurso jerárquico; en el escrito se expresan las razones por las cuales se interpone el recurso, se acompañan los documentos donde aparece el texto del acto recurrido, la recurrente tiene cualidad e interés dada su condición de contribuyente a nombre de quien se emitió el acto administrativo recurrido, el recurso fue interpuesto dentro del lapso de caducidad de veinticinco (25) días hábiles previstos en el artículo 261 ejusdem, no hay ilegitimidad del asistente de la recurrente, ya que tiene capacidad para comparecer en juicio por ser abogado y no es manifiesta la falta de representación que se atribuye a quien ejerce el recurso en nombre de la Contribuyente; cumplidos también como han sido los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 19 de la Ley Orgánica del T.....

Por las razones expresadas, este Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Tributario, a fin de garantizar una efectiva administración de justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE LOS EFECTOS DEl ACTO RECURRIDO, contenido en la Resolución Nro. SNAT/INTI/GRTI/RCA/CRA/2010-000609, de fecha 21/12/2010, emitida por la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria SENIAT, y notificada en fecha 24/02/2011, realizada por la abogada ARCELA FERMIN FERNANDEZ, titular de la Cédula de Identidad No V- 3.628.023, inscrita en el INPREABOGADO bajo el No 15.582, actuando en su carácter de apoderada judicial de la Sociedad Mercantil REPUESTOS VOLFORCEL, C.A.

El Tribunal admite cuanto ha lugar en derecho, salvo su apreciación en la definitiva, las pruebas promovidas por la representación judicial de la recurrente, por cuanto en su contenido no son manifiestamente ilegales ni impertinentes en los términos expuestos en la presente decisión

Con fuerza en la motivación anterior esta SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la ciudadana Dra. ENZA FEMMINELLA, Defensora Pública Nº 72 del Área Metropolitana de Caracas en su condición de Defensora de la ciudadana RANGEL DARLIN ALEXANDRA, en contra de la decisión dictada por el Juzgado Cuarto (4°) de Primera Instancia en Función de Juicio de este Circuito Judicial Penal, a cargo del Doctor JUVENAL BARRETO, de fecha 15 de Abril de mediante la cual declaró sin lugar la solicitud de decaimiento de la Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad. En consecuencia se CONFIRMA la decisión impugnada.