Sentado lo anterior este Tribunal considera, que es improcedente acordar la indexación monetaria, por cuanto la misma ya se realizó tal y como se evidencia de experticia contable presentada el 07 de junio de 2000; aunado a ello ya se decretó el cumplimiento voluntario de la sentencia, y según la jurisprudencia supra señalada, la indexación debe realizarse antes de acordar el cumplimiento voluntario y no después, ya que de ser así conllevaría a infringir el derecho de defensa y el debido proceso del ejecutado. No obstante ello, en vista que han transcurrido ocho (8) años desde que se realizó la experticia contable que determinó la indexación de la suma demandada y el cálculo de los intereses de mora hasta el día 31 de mayo de 2000, este Juzgado, tomando en cuenta el principio de igualdad de las partes (Ex Art. 15 del Código de Procedimiento Civil) y el debido proceso, y en vista que la sentencia de fecha 18 de febrero de 2000 dispuso que se efectuara el cálculo de los intereses hasta qu.....

(...) DECLARA: CON LUGAR, la demanda intentada por la ciudadana NIDIA ENOE MORENO GUTIERREZ, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad número V- 5.687.160, en contra de la PROVEDURIA DEL HOSPITAL MUNICIPAL, RICARDO BAQUERO (ADSCRITA A LA ALCALDIA DEL DISTRITO METROPOLITANO), por motivo de ESTABILIDAD LABORAL, CALIFICACIÓN DE DESPIDO, REENGANCHE Y PAGO DE SALARIOS CAÍDOS, en consecuencia, ser ordena a la parte demandada: PRIMERO: Al Reenganche de la ciudadana actora en las mismas y similares condiciones en que se encontraba para el momento de su despido; SEGUNDO: Cancelar los salarios caídos los cuales se ordenan cuantificar mediante una experticia complementaria del fallo a cargo de un único experto, desde la fecha de la notificación de la demandada, es decir, desde el dos (02) de julio de 2003, excluyendo los días de suspensión acordados por las partes, los tiempos de suspensión no imputables a las partes como recesos judiciales y vacaciones dece.....

DECISIÓN Por las razones antes expuestas, este Tribunal Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: 1.- SU COMPETENCIA, para conocer de la Querella Funcionarial interpuesta conjuntamente con acción de amparo cautelar, por el ciudadano RICARDO KARIM KHLIEFAT ARAQUE, titular de la cédula de identidad Nº 6.502.504, asistido por el Abogado Francisco Lépore Girón, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 39.093, contra la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA por órgano del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS FINANZAS a través del SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT). 2.- ADMISIBLE la referida querella funcionarial conjuntamente con acción de amparo cautelar y medida cautelar de suspensión de efectos. 3.- PROCEDENTE la acción de Amparo Constitucional por violación del derecho a la estabilidad en el trab.....

IV DECISIÓN Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, decide y declara:  Parcialmente Con Lugar la querella funcionarial por diferencia de prestaciones sociales interpuesta por el abogado Ronald Golding Monteverde, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 57.225, actuando en este acto como apoderado judicial la ciudadana ROSALBA MONCADA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 4.446.452, en contra del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN.  Se ordena el pago por concepto de los intereses moratorios producidos desde el veintidós (22) de agosto de 2005 hasta el diez (10) de diciembre de 2007, calculados en base al monto de la diferencia de prestaciones sociales, de Doscientos Cincuenta y Cinco Bolívares Fuertes con Cincue.....

Por la motivación que antecede este Juzgado Superior Séptimo Contencioso Administrativo, en nombre de la República y por Autoridad de la Ley declara SIN LUGAR, el presente recurso contencioso administrativo funcionarial incoado por la ciudadana Rosa Benilde Guerra Gamez, venezolana, mayor de edad y titular de la Cédula de Identidad N° 3.715.923, asistida por la abogada Margot Gamez Ñañez, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 20.031, contra el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

El tribunal de conformidad con lo establecido en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, la admite cuanto ha lugar en derecho.

Se declara PERIMIDA LA INSTANCIA, por haber transcurrido más de un año de inactividad de las partes conforme lo dispuesto en el primer aparte del artículo 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil.

El Tribunal de conformidad con lo establecido en el artículo 646 ejusdem, DECRETA MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO sobre los bienes propiedad de la parte demandada antes identificada.

Por todas las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara FIRME EL DECRETO INTIMATORIO de fecha de fecha 13 de junio de 2008. Y como consecuencia de la declaratoria anterior, se condena a la parte demandada, ciudadanos JUAN VALERIO MARTÍN RODRIGUEZ y WILLIANS FERNANDO MORENO, supra identificados, al pago de las siguientes cantidades dinerarias: PRIMERO: CIENTO CINCUENTA MIL BOLÍVARES FUERTES (BsF.150.000,00) por concepto de capital. SEGUNDO: NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA BOLÍVARES FUERTES CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS FUERTES (BsF.9.480,54), por concepto de intereses convencionales, causados desde el 01 de septiembre de 2007 hasta el 28 de enero de 2008. TERCERO: MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE BOLÍVARES FUERTES CON CINCUENTA CÉNTIMOS FUERTES (Bs F. 1.4.....

DISPOSITIVO En torno a lo antes expuesto este Juzgado Superior Primero Agrario administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: Sin lugar el recurso ordinario de apelación ejercido en fecha 08 de mayo de 2.008, por la ciudadana abogada YOLIMAR GUTIÉRREZ BALZA, actuando en su carácter de co-apoderada judicial de la parte demandada, ciudadano MOISES DE JESÚS GONZÁLEZ RODRÍGUEZ. SEGUNDO: Se confirma la sentencia proferida por el Juzgado de Primera Instancia del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, en fecha 28 de abril de 2.008. TERCERO: Se condena en costas a la parte demandada, de conformidad con el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil, aplicable éste por remisión expresa del artículo 197 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, en virtud de haber resultado totalmente vencido en el presente juicio. CUARTO: Se hace del conocimiento de las partes intervinient.....