Por los razonamientos precedentemente expuestos, este Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SU COMPETENCIA para conocer de la demanda de nulidad conjuntamente con pretensión de medida cautelar de suspensión de efectos, interpuesta por los abogados DIXIE ALIDA CRUCES SIMANCA y OSCAR SANTIAGO BRICEÑO GUEDEZ, inscritos en el Instituto de Previsión Social del abogado bajo los números 115.882 y 3.280, respectivamente, actuando como apoderados judiciales de la ciudadana EUNIS DE JESÚS DE BRICEÑO, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº 2.941.199, en contra del acto administrativo contenido en la Resolución Nº 00015044 de fecha 18 de octubre de 2011, emanado de la Dirección General de Inquilinato hoy Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda, adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat. .....

En este sentido, en cuanto al capítulo referido a la prueba documental, este Tribunal observa que la misma esta constituida por un informe técnico elaborado por la sociedad mercantil Marítima Seamar, C.A., tercero no incorporado a la litis y por consiguiente sin cualidad jurídica, por lo que dicha documental carece de la condición de instrumento público, requisito necesario para que pudiera tenerse como validas las mencionadas copias certificadas del mismo, tal como lo señala el artículo anteriormente transcrito, ya que debería estar autorizado con las solemnidades legales por un registrador, por un juez u otro funcionario o empleado público que tenga facultad para darle fe pública, en el lugar donde el instrumento se haya autorizado. En tal ausencia de formalidades, se declara INADMISIBLE la prueba documental. Así se decide.- Por otra parte, en cuanto al capítulo de la inspección judicial, este Tribunal observa, que la misma fue realizada por el Juzgado Primero de Primera Instancia e.....

D I S P O S I T I V O Por todo lo anteriormente expuesto, esta Sala Cuatro de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, en estricto cumplimiento al mandato Constitucional contenido en el artículo 26, a tenor de lo dispuesto en los artículos 432, 437, 451, 452, 455 y 456, todos del Código Orgánico Procesal Penal vigente, ADMITE, el Recurso de Apelación de Sentencia interpuesto porel Abg. ROBERTO TARICANI LOZADA y SULMAIRA ANDREINA MARQUEZ, actuando en su carácter de Defensor de los ciudadanos: DEISY ALEJANDRA BELISARIO CARTAYA, JESUS RAEL FERNANDEZ MONTEZUMA y ELVIRA MONTEZUMA PAEZ, en el cual apela de la Sentencia proferida por el Juez Vigésimo Primero (21°) de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, publicada en fecha 22/05/2012, a cargo del Dr. ALBERTO ROSSI PALENCIA, en la .....

Este Juez del Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial de Protección del Niño, Niña y Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declaró PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda por COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES, INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTE DE TRABAJO LUCRO CESANTE Y DAÑO MORAL incoada por la ciudadana ROSA ELOISA GIMENEZ GUTIERREZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-9.610.150, representada por sus apoderados judiciales, abogados SALVADOR YANUZZI y JOHN DONZELLA, inscritos en el inpreabogado bajo los Nros. 11.566 y 81.343 respectivamente, contra la CORPORACION ELECECTRICA NACIONAL S.A. representada por su apoderado judicial, abogado IGNACIO PONTE BRANDT, inscrito en el inpreabogado bajo el Nro. 8.969.-

Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad que le confiere la Ley, declara: PRIMERO: Que en el presente caso se ha consumado la perención de la instancia prevista en el ordinal 1º del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. SEGUNDO: SIN LUGAR el recurso de apelación intentado por la abogada ANA KARINA GUZMÁN, actuando en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, contra la sentencia dictada el 23 de enero de 2012, por el Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró perimida la instancia. Queda CONFIRMADO el fallo apelado. De conformidad con el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil, no hay condenatoria en costas. Publíque.....

Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad que le confiere la Ley, declara: PRIMERO. Que en el presente caso se ha consumado la perención de la instancia prevista en el ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. SEGUNDO. SIN LUGAR el recurso de apelación intentado por el ciudadano ARNALDO PÉREZ AMITESAROVE actuando en su propio nombre y en su carácter de director general de la empresa PROMOTORA TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA, C.A., asistido por el abogado EDGARD SIMÓN RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, contra la sentencia dictada el 3 de febrero del 2012 por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró la perención de la instancia Queda C.....

DISPOSITIVA En este orden de ideas, este Tribunal procede a HOMOLOGAR LA PARTICIÓN Y LIQUIDACIÓN AMISTOSA DE BIENES DE LA SOCIEDAD CONYUGAL, existentes entre los ciudadanos PABLO JOSÉ ROJAS PARTIDAS y OIRASILEB EUNICE MAZA BELIZARIO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nº V-7.419.437 y V-12.396.089, respectivamente, en la forma por ellos convenida en su escrito de Transacción de fecha 01/06/2012, de conformidad con el artículo 788 del Código de Procedimiento Civil. Como consecuencia de la homologación y adjudicación antes señalada, se declaró disuelta y extinguida la comunidad de los bienes conyugales ya descritos en esta sentencia. De conformidad con lo previsto en el artículo 112 del Código de Procedimiento Civil, se acuerda, expedir dos (2) juegos de copias certificadas del escrito de fecha 01/06/2012 y de la presente decisión, una vez que conste en autos los fotostatos de las actuaciones antes señaladas.- Regístrese, publíquese y déjese .....

DECISIÓN Por las razones antes expuestas, este Tribunal Superior Tercero de lo Contencioso Tributario, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el Recurso Contencioso Tributario interpuesto por la sociedad civil BAKER & MCKENZIE S.C. en contra de la Resolución No. GRTICE-RC-DF-0330/2004/07, de fecha 29 de junio de 2004, emanada de la División de Fiscalización de la Gerencia Regional de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales de la Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT). En consecuencia: PRIMERO: Se CONFIRMA la Resolución No. GRTICE-RC-DF-0330/2004/07, de fecha 29 de junio de 2004, emanada de la División de Fiscalización de la Gerencia Regional de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales de la Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), en materia de impuesto al valor agregado, correspondiente a los períod.....

Este Órgano Jurisdiccional ordena la TERMINACIÓN del referido proceso. Archívese el expediente en la oportunidad legal correspondiente.

Este Órgano Jurisdiccional ordena la TERMINACIÓN del referido proceso. Archívese el expediente en la oportunidad legal correspondiente.