Por todos lo antes expuestos este Juzgado Décimo Cuarto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas en Nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara HOMOLOGADO el desistimiento de la solicitud de inspeccion judicial Archívese el presente expediente. Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del Juzgado Décimo Cuarto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Caracas, a los catorce (14) días del mes de Enero del año Dos Mil Ocho (2.008).- EL JUEZ TEMPORAL Dr. REINALDO JOSE CABRERA ESPINOZA LA SECRETARIA, DIOCELIS PEREZ BARRETO En esta misma fecha se publicó y registró la anterior decisión, siendo las 03:20 p.m. LA SECRETARIA, DIOCELIS PEREZ BARRETO RJCE/DPB/Gian. AP31-S-2007-000751

ordena subsanar el error en la foliatura y librar nuevo oficio a la Sala de Casación Civil.

Al no verificarse la concurrencia de los extremos establecidos en los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, es deber de este sentenciador NEGAR el decreto de la providencia de la medida preventiva de prohibición de enajenar y gravar solicitada, y así se decide.

"...Acto seguido la secretaria notificada informo al Tribunal que el cheque por el monto embargado será remitido al Juzgado Comitente a la brevedad posible..."

IV DECISION Por las razones precedentes, este Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley dicta la siguiente decisión: PRIMERO: Se declara HOMOLOGADA la transacción celebrada el 30 de noviembre de 2007 por los ciudadanos JOSE A. MASSA G. (actor), actuando en nombre y representación propia, ALVARO DUARTE GONZALEZ (recurrente), y su hija ERIKA DUARTE RODRIGUEZ, asistidos por el abogado GUILLERMO TRUJILLO HERNANDEZ, por ante la Notaría Pública Octava del Municipio Baruta del Estado Miranda, quedando anotado bajo el No 37, tomo 194, en el juicio que por COBRO DE BOLIVARES incoara JOSE A. MASSA G. en contra de la sociedad mercantil SUPLEMENTOS LACTEOS DEL CARIBE, "CARIBELAC" C.A., y los ciudadanos GERARDO LOPEZ N., y ALVARO DUARTE GONZALEZ; SEGUNDO: No se produce especial condenatoria en costas dad.....

Por lo antes expuesto, este JUZGADO SUPERIOR NOVENO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, declara: INADMISIBLE la pretensión de Amparo Constitucional intentada por los Abogados RICARDO ARTURO NAVARRO URBAEZ e IRMA SILVA BERMUDEZ, en su carácter de apoderados judiciales del ciudadano JUAN CARLO CASIQUE PELUFFO contra el auto del 09-10-2007 y el Oficio N° 12.323 de la misma fecha, dictados por el Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, por haberse configurado la causal de inadmisibilidad establecida en el numeral 3° del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. De conformidad con lo previsto en el artículo 33 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, no hay condenatoria en costas.

3. Dispositiva. En fuerza de las consideraciones expuesta, este JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, en Sede Constitucional, administrando Justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: IMPROCEDENTE in limine litis la acción de amparo interpuesta por la ciudadana LESBIA DE LA COROMOTO CEVALLOS PINA, asistida de abogado, contra la decisión definitiva dictada el 11.04.2007 por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en el juicio de Desalojo seguido por el ciudadano ENRIQUE MIGUEL JIMÉNEZ HARDERS contra la ciudadana LESBIA DE LA COROMOTO CEVALLOS PIÑA. SEGUNDO: No hay pronunciamiento sobre las costas dada la naturaleza de la decisión y tratarse de un proceso que obra contra actuaciones judiciales. PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE y DÉJESE COPIA. EL JUEZ.....

Por las razones antes expuestas este Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, dispone en los siguientes términos: PRIMERO: Se declara COMPETENTE para conocer de la acción de amparo constitucional interpuesta por los abogados Juan Domingo Alfonso Paradisi, Luis Mariano Rodríguez y Juan Korody, contra la Resolución N° 416 dictada en fecha 29 de octubre de 2007 por el ciudadano Eduardo Samán, Director General (E) del Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (SENCAMER). SEGUNDO: Se declara INADMISIBLE la acción de amparo constitucional aquí interpuesta.

En virtud de lo anteriormente expuesto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 265 del Código de Procedimiento Civil y cumplidos como se encuentran los extremos legales contenidos en los artículos 264 y siguientes del mismo cuerpo legal; este Tribunal actuando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DA POR CONSUMADO el desistimiento anterior y, por consiguiente, se da por terminado el juicio, debiéndose considerar la presente providencia como Sentencia pasada en autoridad de Cosa Juzgada.

En el caso de autos debe señalarse que desde el día 13/07/2006, fecha en que la representante del Ministerio Público expuso que no tenia nada que objetar a la solicitud de divorcio, hasta el 26/10/2007, fecha en que la misma solicitó que fuese declarada la perención de la instancia de la presente causa, no existe ningún acto de procedimiento realizado por la parte actora, dirigido a citar a la demandada y proseguir el proceso, lo que evidencia que en el presente juicio ha transcurrido más de un año sin que el actor haya realizado ningún acto de procedimiento, por lo que ha incumplido sus obligaciones de impulsar el proceso, todo lo cual es traducido en inactividad procesal dentro de los preceptos sancionatorios previstos en el supra transcrito artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, considerando este Tribunal que se da el mencionado presupuesto sancionatorio por inactividad de las partes, por lo que, de conformidad con la referida norma, administrando ju.....