No obstante el anterior pronunciamiento, se observa que la parte demandada así como la tercera opositora a la ejecución, argumentan además como fundamento para ejercer la oposición que ocupa a éste Juzgado, que el inmueble en cuestión viene siendo utilizado por éstas para la prestación del servicio público de cuidado diario de niños, por lo que resultaría indefectible a los fines de la prosecución de la ejecución, que la misma le hubiera sido notificada a la Procuraduría General de la República en los términos del artículo 97 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, para lo cual aportó en original constancias emitidas por la Asociación Civil "A.C. MARÍA ANTONIA BOLÍVAR, HOGARES DE ATENCIÓN Integral" , emitidas en fecha 05 de Agosto de 2008, en la que se hace constar que las ciudadanas Sra. Genoveva Castro, portadora de la cédula de identidad Nº V-2.893.580 (folio 148) e Iris Castro, portadora de la cédula de identidad Nº V-6.131.996, prestarían:(SIC)"...su colabor.....

SEGUNDO Vista y analizadas como han sido las actas procesales que conforman el presente expediente, así como la transacción celebrada el día 07 de Mayo de 2008, entre la parte actora, Sociedad Mercantil Grupo Italsaib C.A., debidamente representada por la abogada Tamara Succurro González, en su carácter de Directora Gerente de la mencionada sociedad mercantil, y el ciudadano Edgar Armando Maceda Velez, debidamente representado por la abogada Beatriz Delgado Silva, parte demandada en el presente juicio, todos previamente identificados, y como quiera que no existe presunción alguna que la transacción que nos ocupa lesione o menoscabe de manera directa o indirecta derechos de terceros, ni de las partes que intervienen en este juicio, ni es contraria al orden público, ni a ninguna disposición expresa de la Ley, este Tribunal le imparte su correspondiente HOMOLOGACIÓN, teniéndosele como sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, de conformidad con lo establecido en los artículos 25.....

De este modo se observa que ciertamente como lo afirmó la representación judicial de la parte demandada, el poder aportado por el abogado Luís Manuel Herrera resulta insuficiente a los efectos del presente proceso, razón por la cual, se hace forzoso para el Tribunal, declarar CON LUGAR la cuestión previa invocada por la representación judicial de la parte demandada y como consecuencia de ello se fija el plazo de cinco días de despacho, contados a partir de la presente fecha, para que la parte actora subsane la cuestión previa invocada y una vez vencido dicho plazo el Tribunal pasará a pronunciarse al fondo. Así se decide.

En virtud de los razonamientos antes expuestos, este juzgado Cuarto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia y en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la demanda incoada por FRANKLIN DA SILVA CONTRERAS contra RAFAEL NUÑES. Así se decide. Se condena en costas a la actora por haber resultado vencida.

A través de SENTENCIA INTERLOCUTORIA el Tribunal impartió la Homologación a la Transacción celebrada en fecha 07 de Agosto de 2.008, sólo en lo que respecta a la decisión de las partes de terminar el presente juicio, más no así, respecto a la convención en ella celebrada, cuyas diferencias, exigencias de su contenido, que en relación a ella surja entre las partes, deberán sustanciarse y resolverse conforme al procedimiento establecido en la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios; dándose por consumado el acto y procediéndose como sentencia pasada en autoridad de Cosa Juzgada. Se ordenó notificar a las partes.

A través de SENTENCIA INTERLOCUTORIA el Tribunal de conformidad con el artículo 60 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el contenido del artículo 70 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se declaró Incompetente por el valor para conocer de la presente causa, que por DESALOJO sigue la ciudadana ONEIDA QUINTERO DE CABANILLA contra el ciudadano ALBERO GONZALEZ, y declinó la competencia en un Tribunal de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, que previa Distribución de ley, le sea asignado el presente asunto.

Con fundamento en las consideraciones explanadas en el cuerpo del presente fallo, este Tribunal, administrando justicia, en nombre de la República y por la autoridad que le confiere la Ley, declara SIN LUGAR la demanda que por DESALOJO, interpusieron la ciudadana HEBE FERNÁNDEZ DE TEHLIKIAN y la sociedad mercantil NAZ DAR DE VENEZUELA, C.A. contra el ciudadano FERNANDO DANILO ORDÓÑEZ, identificados supra. Se condena en costas a la parte actora, por resultar totalmente vencida en el presente proceso, en interpretación de lo dispuesto en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil. Por cuanto el presente fallo se publica dentro del lapso legalmente establecido para hacerlo, no es necesaria su notificación a las partes.

DECLARA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 en concordancia con lo estipulado en el artículo 269, ambos del Código de Procedimiento Civil, con la consecuencia establecida en el artículo 271 eiusdem, es decir, que no podrá intentarse de nuevo la demanda antes que transcurran noventa (90) días continuos después de verificada la perención.

Este Juzgado Noveno de Municipio Ejecutor de Medidas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, materializa medida de ENTREGA MATERIAL, sobre a) una (1) planta superior y la mezzanina del galpón industrial ubicado en la carretera Petare-Santa Lucia, kilómetro uno (1), filas de Mariche, margen derecho, de quinientos metros cuadrados (500 mts2) planta superior y ochenta y siete (87, mts 2) parte superior o mezzanina y b) deposito uno (1) del galpón industrial ubicado en la carretera Petare-Santa Lucia, kilómetro uno (1) filas de Mariche, margen derecho, planta baja, de doscientos noventa y tres metros cuadrados (299,33 mts2).............................,

DECLARA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el Artículo 267 en concordancia con lo establecido en el Artículo 269 ambos del Código de Procedimiento Civil, con la consecuencia establecida en el Artículo 271 eiusdem, es decir, que no podrá intentarse de nuevo la demanda antes de que transcurran Noventa (90) días continuos después de verificada la perención.