En acatamiento a la doctrina asentada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, este JUZGADO SUPERIOR OCTAVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS, actuando en sede constitucional en nombre de LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, y por la autoridad que le confiere la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la empresa GARAGE CAIMPRES S.R.L y el ciudadano EUGENIO SAENZ ARBIZA, titular de la cédula de identidad N° 6.819.975., contra la decisión de fecha veintidós (22) de Febrero de dos mil doce (2012), dictada por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas. SEGUNDO: SE CONFIRMA la decisión apelada, que declaro con lugar la Acción de Amparo Constitucional interpuesta, en fecha 18/01/2012, por el ciudadano LUIS ELOY MENDOZA PEÑA, venezolano, mayor de edad, de este domicili.....

/ Se publicó y consignó resolución declarándose: 1.- CON LUGAR la acción de amparo constitucional autónoma interpuesta por el ciudadano Carlos A. Bravo M. contra la sociedad mercantil denominada: "Mudanzas Internacionales Global c.a.", ambas partes debidamente identificadas en los autos y decreta el siguiente Mandamiento de Amparo Constitucional: 1.- Se concede amparo constitucional al ciudadano Carlos A. Bravo M. y se ordena a la sociedad mercantil denominada: "Mudanzas Internacionales Global c.a." que cumpla con la providencia administrativa n° 297/11, fechada 12/05/2011, dictada por la Inspectoría del Trabajo en el Este del Área Metropolitana de Caracas, adscrita al Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social, mediante la cual se declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos interpuesta por el mencionado ciudadano.-

este JUZGADO SEPTIMO DE MUNICIPIO EJECUTOR DE MEDIDAS E ITINERANTE DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana y Por Autoridad de la Ley, declara que en vista que esta causa no se encuentra comprendida en los presupuestos de la Resolución No. 062, emitida por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 30 de Noviembre de 2011, en razón de haber sido sentenciada en fecha 28 de septiembre de 2004, se ordena su remisión original en el estado en que se encuentra al Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los fines que se continúe con el proceso de ejecución de sentencia.

V DECISIÓN. Por los razonamientos antes expuestos este Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación, interpuesto por la parte demandada, abogado Hilario Guanipa, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 7.617, en fecha veintiocho (28) de junio del año dos mil cuatro (2004). SEGUNDO: se CONFIRMA, en cada una de sus partes, la Sentencia de fecha veintiocho (28) de abril del año dos mil cuatro (2004), proferida por el Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunsccripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró parcialmente con lugar la demanda. Déjese copia, de la presente decisión en el copiador de sentencias de este Juzgado.

V DECISIÓN En virtud de las razones expuestas anteriormente este Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto en fecha 23 de febrero de 2012, por el abogado Natty Goncalves Pereira, Ïnpreabogado Nº 124.61, en su carácter de apoderado judicial de la parte actora Banesco Banco Universal, C.A., contra la sentencia de fecha 15 de Febrero de 2012, dictada por el Juzgado Décimo Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. SEGUNDO: En consecuencia, se confirma la sentencia del Juzgado Décimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Déjese copia de la presente decisión en el copiador de sentencias. Remítase en su oportunidad legal al Tribunal de origen.

Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: HOMOLOGADO EL DESISTIMIENTO DE LA ACCION Y SU PROCEDIMIENTO, suscrito por la apoderada judicial de la parte actora, la abogada MARIA TERESA SANCHEZ CORDERO, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº. 4.679.817, en su escrito de fecha 25 de junio de 2009, de conformidad con lo establecido en los artículos 263 y 264 del Código de Procedimiento Civil, por lo cual se da por terminado el presente juicio y se ordena el archivo del expediente.- SEGUNDO: Se condena en costas a la parte actora, de conformidad con lo establecido en el artículo 282 eiusdem.- Dada, firmada y sellada en la sede del Juzgado Décimo de Primera Instancia en .....

Por las razones antes expuestas, este Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PERIMIDA LA INSTANCIA en el presente juicio que por COBRO DE BOLÍVARES incoara BANCO PROVIVIENDA C.A., BANCO UNIVERSAL (Banpro), Institución Resultante de la de la fusión por absorción de PROVIVIENDA, ENTIDAD DE AHORRO Y PRESTAMO C.A. contra la Sociedad Mercantil POSTNET COMPAÑÍA ANONIMA, en virtud de haber transcurrido más de un (01) año sin haberse ejecutado algún acto de procedimiento por las partes.- Dada la naturaleza del presente fallo no hay especial condenatoria en costas.- PUBLÍQUESE, Y DÉJESE COPIA. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de.....

Por lo anteriormente expuesto, este Tribunal de conformidad con lo establecido en los artículos 585 y 588 ordinal 1º y 630 del Código de Procedimiento Civil, decreta MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO PROVISIONAL sobre los bienes muebles propiedad de la parte demandada Sociedad Mercantil Agropecuaria Cubagua, C.A., identificada en el Registro de Información Fiscal J-31306518-8, domiciliada en el Distrito Metropolitano de Caracas, inscrita en el Registro Mercantil V de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, el 30 de marzo de 2005, bajo el número 48, tomo 1086-A, modificados sus estatutos según consta en Asamblea Extraordinaria inscrita en citado Registro Mercantil, el 18 de julio de 2005, bajo el No. 48, Tomo 1140-A, hasta cubrir la suma de Dieciocho Millones Trece Mil Veintisiete Bolívares Fuertes Con Veintiséis Céntimos (Bs. 18.013.027,26) que comprende el doble de la suma demandada más las costas procesales calculadas prudencialmente por este Tribunal en el diez.....

SE DECLARÓ LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 267, EN CONCORDANCIA CON LO ESTATUIDO EN EL ARTÍCULO 269 AMBOS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, CON LA CONSECUENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 271 EIUSDEM, ES DECIR, QUE NO PODRÁ INTENTARSE DE NUEVO LA DEMANDA ANTES DE QUE TRANSCURRAN NOVENTA (90) DÍAS CONTINUOS DESPUÉS DE VERIFICADA LA PERENCIÓN. DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 283 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL NO HA LUGAR A COSTAS.

Se DECLARA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el artículo 267, en concordancia con lo estatuido en el artículo 269 ambos del Código de Procedimiento Civil, con la consecuencia prevista en el artículo 271 eiusdem, es decir, que no podrá intentarse de nuevo la demanda antes de que transcurran noventa (90) días continuos después de verificada la perención.