SE PROCEDIÓ A DISCERNIR EL CARGO DE CURADOR AD HOC EN EL PRESENTE ASUNTO, TODO CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 110 DEL CC.

Se dictó resolución mediante la cual este JUEZ DEL JUZGADO DECIMO PRIMERO DE MEDIACION Y SUSTANCIACION DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRIBUBAL DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS Y NACIONAL DE ADOPCIÓN INTERNACIONAL, impartiendo Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, discierne el cargo como CURADOR AD-HOC de la niña MARIA ALEJANDRA GONZALEZ MORALES, de once (11) años de edad, en la persona de la ciudadana MARIA ELENA MORALES MADRIZ.

RESOLUCIÓN/DESISTIMIENTO/CURAT DH/Se dictó resolución en la cual este Tribunal considera DESISTIDA la presente solicitud de nombramiento de Curador Ad Hoc, presentada por el ciudadano HENRY JOSÉ URBANEJA CEDEÑO, venezolano, mayor de edad y portador de las cédula de identidad Nº V-16.388.956, actuando en representación de sus hijos SE OMITE LA IDENTIFICACION, de cinco (05) y cuatro (04) años de edad, respectivamente, y la declara TERMINADA, en consecuencia, se ordena el CIERRE Y ARCHIVO del presente asunto, de conformidad a lo establecido en el art. 514 de la LOPNNA.

En consecuencia de lo anterior señalado este Juzgado Superior Primero, dando estricto cumplimiento a lo ordenado por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia REANUDA la presente causa, en el estado en que se encontraba para el momento en que se acordó la suspensión de la misma. Se ordena la notificación de las partes mediante boleta y una vez que conste en autos, la última de las notificaciones acordadas, se continuará con la tramitación del presente proceso judicial.- ASI SE DECIDE.- LA JUEZ DRA. INDIRA PARIS BRUNI LA SECRETARIA ABOG. MARIELA ARZOLA PADILLA Exp. N° 11.10303 Desalojo/Definitiva Materia: Civil IPB/MA/Elias.

En fuerza de las anteriores consideraciones, éste Tribunal Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley DECLARA CON LUGAR, la demanda incoada por la SOCIEDAD MERCANTIL TOYOTA SERVICES DE VENEZUELA, C.A. en contra del ciudadano ALEJANDRO H. PIETRI MORLOY, plenamente identificada en autos. En consecuencia, de acuerdo al petitorio de la demanda, se declara: a) Resuelto el contrato de Venta con reserva de dominio objeto de este juicio, y b) De conformidad con lo establecido en el contrato quedan en beneficio de la parte actora todas las sumas de dinero recibidas, a titulo de indemnización por el uso del vehiculo vendido. A tenor de lo establecido por el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, se le imponen costas a la parte demandada por haber resultado totalmente vencida en este proceso.

DISPOSITIVA En mérito de los razonamientos de hecho y derecho anteriormente expuestos, este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR la apelación interpuesta por el abogado José Luis Núñez Quintero, en su carácter de apoderado judicial de la parte demandada, sociedad mercantil VENEZOLANA INTERNACIONAL DE FIANZAS INTERFIANZAS, C.A., contra la sentencia definitiva de fecha 17.12.2009, dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró Parcialmente Con Lugar la demanda por cumplimiento de contrato de arrendamiento incoada por la ciudadana BEATRIZ SALINAS de JIMÉNEZ, contra la sociedad mercantil VENEZOLANA INTERNACIONAL DE FIANZAS INTERFIANZAS, C.A. SE.....

En consecuencia, este Juzgado, en virtud que la Transacción celebrada no vulnera normas de orden público, ni derechos irrenunciables del trabajador, de conformidad con lo establecido en el parágrafo único del artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, en concordancia, con los artículos 9 y 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo le imparte su le imparte su HOMOLOGACION, DANDOLE EFECTOS DE COSA JUZGADA.

Por su parte, en cuanto a la existencia de un periculum in damni constitucional, se observa que la noción de periculum in mora resulta insuficiente pues la misma no se indica con claridad, en cambio la noción de periculum in damni implica un fundado temor de daño inminente, patente, causal y manifiesto en la esfera jurídica del justiciable al decir que fundamenta la pretensión en un hecho futuro e incierto, por lo anteriormente expuesto se declara IMPROCEDENTE la acción de amparo cautelar interpuesta por INSTITUTO NACIONAL DE LOS SERVICIOS SOCIALES (INASS). Así se decide

PRIMERO: SIN LUGAR EL RECURSO de apelación interpuesto por la parte demandada contra la decisión de fecha 27 de junio de 2011, dictada por el Juzgado Cuadragésimo Cuarto (44°) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas. SEGUNDO: SE CONFIRMA la decisión apelada, en consecuencia, se condena a la empresa demandada a pagar la cantidad de CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO BOLÍVARES CON 87 CÉNTIMOS (Bs. 42.448,87) a favor del ciudadano Luis Efraín Villalobos Martínez y la cantidad de CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIEZ Y OCHO BOLÍVARES CON 52 CENTIMOS (Bs. 41.518,52) a favor del ciudadano WALTER JAVIER FERREIRA, en ambos casos, por concepto de salarios caídos. No hay condenatoria en costas.

Visto lo anterior, este Juzgado, previa revisión del referido los escritos y del instrumento poder que acredita a los abogados Simón Jurado-Blanco Sandoval y Johny Gomes, como apoderados judiciales de la parte oferente, considera que la transacción celebrada, no vulneran normas de orden público ni derechos irrenunciables del ex-trabajador; observándose así mismo, que Las partes celebran la presente transacción, de conformidad con lo previsto en el artículo 1713 y siguientes del Código Civil, el parágrafo único del artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, en concordancia con los artículos 10 y 11 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, y los artículos 255 y 256 del Código de Procedimiento Civil. En consecuencia, se imparte su HOMOLOGACION, QUEDANDO CONSUMADO EL ACTO COMO COSA JUZGADA Y TERMINADO EL PROCESO.