En tal sentido, este Juzgador pudo constatar que el presente asunto se encuentra en el estado de sentencia, y que uno de los sujetos procesales en esta causa, es la Institución Financiera BANCO CANARIAS DE VENEZUELA, BANCO UNIVERSAL, C.A.,, por lo que dada la naturaleza de dicho ente, su patrimonio resulta de interés social del Estado, y por ello resulta imperativo dar cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia dictada en fecha 25 de febrero de 2011, por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dictada, con carácter vinculante, en concordancia con lo establecido en los artículos 95 y siguientes del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, motivo por el cual este Juzgado ordena la PARALIZACIÓN de la presente causa, por un lapso de treinta (30) días continuos, los cuales comenzaran a computarse una vez conste en auto la notificación de la Procuraduría General de la República, de conformidad con lo dispuesto en el artíc.....

Por las razones anteriores este Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, declara TERMINADO el presente procedimiento de ÚNICOS UNIVERSALES HEREDEROS presentado por la ciudadana ROCIO PÉREZ ROJAS, en representación de los ciudadanos LUISA MARGARITA ROJAS DE PÉREZ, MEIR JOSÉ PÉREZ ROJAS y FEDERICO ANTONIO PÉREZ ROJAS, por haberse verificado PÉRDIDA DEL INTERÉS PROCESAL. Se acuerda la devolución de los documentos originales.

En base de las consideraciones anteriormente descritas, entendiendo este Juzgado que en la notificación de la Procuraduría General de la República estuvieron llenos todos los extremos para considerarla efectiva y válidamente practicada y visto que quedó evidenciado que en efecto dicho ente recibió copia certificada del libelo de demanda, así como del auto de admisión, en miras a hacer valer los principios que rigen al proceso laboral, según los cuales la justicia social laboral debe ser expedita, ajustada a la realidad, sin formalismos que sacrifiquen la justicia y ante todo justa, es por lo que este Tribunal NIEGA LA SOLICITUD DE REPOSICIÓN DE LA CAUSA solicitada por la Procuraduría General de la República en fecha 16 de julio de 2012. Así se decide.

SE PROCEDIÓ A DISCERNIR EL CARGO DE TUTOR, PROTUTOR, SUPLENTE DEL PROTUTOR Y MIEMBROS DEL CONSEJO DE TUTELA.

Este Tribunal admitio la presente demanda, intimando a la Socidad Mercantil CENTRO CAUCHO VENEZUELA C.A (CECAVEN), representada por su presidente y vice-presidente, los ciudadanos GIUSEPPE ANTONIO RUSSO NASTASI y OLIVIA PASTORA ROSALES DE RUSSO para que comparezcan por ante este Tribunal.-

PRIMERO: Se admite a tramite el recurso de apelación interpuesto por la ciudadana Yolanda Borges, en su carácter de Defensora Pública Décima Cuarta de la Sección Penal de Responsabilidad del Adolescente del Área Metropolitana de Caracas. SEGUNDO: Se declara extemporáneo la contestación del recurso. La procedencia de la apelación será resuelta dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la publicación del presente auto, tal como lo establece el artículo 450, tercer aparte del Código Orgánico Procesal Penal.

Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Octavo Superior del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: DESISTIDA la apelación interpuesta por la parte actora contra la sentencia de fecha 13/02/2012, emanado del Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas; SEGUNDO: Se condena en costas a la parte actora, de conformidad con el Artículo 60 de la Ley Procesal del Trabajo.

Este JUZGADO SEPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad que le confiere la ley, declara CON LUGAR la acción intentada por la ciudadana NORA CARIDAD IBAÑEZ ARRIETA, suficientemente identificada en el cuerpo de la presente decisión. En consecuencia, se declara la existencia de una unión concubinaria entre la ciudadana NORA CARIDAD IBAÑEZ ARRIETA y el ciudadano JAVIER ALBERTO HERRERA PALMA, ambos identificados en el cuerpo de la presente decisión que se inició el mes de Octubre de 2001 hasta el mes de Octubre de 2009, ambas fechas aproximadamente. Se condena exime de costas a las partes en virtud de la naturaleza jurídica del fallo.

En virtud de las consideraciones precedentemente expuestas, este JUZGADO SUPERIOR SÉPTIMO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: Primero: CON LUGAR la apelación interpuesta por la abogada Blanca M. Escalante Orozco, en su carácter de apoderado judicial de la Iglesia Igreja Pentecostal Deus E Amor, en contra de la sentencia dictada por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 21 de febrero de 2012. Segundo: Se REVOCA la sentencia dictada por el por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 21 de febrero de 2012. Tercero: se ordena al Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de .....