Por las razones antes expuestas este Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, dispone en los siguientes términos: PRIMERO: Sin analizar la caducidad y a los solos fines de emitir pronunciamiento sobre el amparo cautelar, ADMITE el recurso de nulidad interpuesto conjuntamente con solicitud de amparo cautelar por el abogado Harvey G. Abbruzzese Wisintainer, actuando como apoderado judicial de la Sociedad Mercantil "TÉCNICA 15-15, C.A.", contra la Providencia Administrativa Nº 98 dictada en fecha 18 de marzo de 2004 por la Inspectoría del Trabajo del Municipio Guaicaipuro, Los Teques Estado Miranda. SEGUNDO: Declara IMPROCEDENTE la pretensión de amparo cautelar. TERCERO: Por auto separado el Tribunal deberá examinar la causal de caducidad obviada en esta oportunidad.

En tercer lugar, la sentencia que se analiza cumple con los dos requisitos establecidos en el numeral 3° del artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado de Venezuela, dado que por una parte, la misma no versa sobre derechos reales respecto a bienes inmuebles situados en la República Bolivariana de Venezuela y por la otra, no se le arrebató a los tribunales venezolanos la jurisdicción para conocer de la demanda, ya que las partes (demandante y demandada) tenían su último domicilio conyugal en el lugar donde el Tribunal tiene jurisdicción, esto es en República Dominicana; por lo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 40, 42 y 44 de la Ley de Derecho Internacional Privado de Venezuela, se determinó la jurisdicción de los tribunales del Estado sentenciador...". Ahora bien, dado que este Juzgado Superior ha verificado que la decisión de fecha 14 de marzo de 2008 contiene errores materiales se ordena corregir los mismos, por lo que procede a dictar aclaratoria de.....

En el día de hoy, 21/04/2008, esta Sala de Juicio dictó senencia, mediante la cual se fijó PROVISIONALMENTE a la ciudadana Giuseppina Minerva Carrer Vera, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cédula de identidad No. 5.534.942 para que pase con sus hijos el adolescente y niña

DISPOSITIVA Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Vigésimo Tercero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la demanda que por DESALOJO sigue ROMERO SIDONIO CORREIA contra CECILA MARIA ARENAS GOMEZ, ambas partes identificadas en autos, y como consecuencia de ello, se condena a la parte demandada en: PRIMERO: La entrega del inmueble que se identifica a continuación: "Una casa de dos (02) plantas, en la cual la parte alta es el objeto de la presente demanda, que se encuentra identificada con el Nº 1, situada en el lugar denominado Cortada de Catia, en la intersección de la Calle Bolivar con la Segunda Calle, Parroquia Sucre, Municipio Libertador del Distrito Capital de la Ciudad de Caracas" totalmente desocupado de bienes y personas, en el mismo perfecto estado de aseo, conservación, limpieza y manten.....

Por las razones antes expuestas, esta SALA DE JUICIO DEL CIRCUITO DE PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS. JUEZ UNIPERSONAL VIII; Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA LA PERENCION DE LA PRESENTE INSTANCIA de conformidad con lo establecido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 269 eiusdem y en consecuencia se producen los efectos indicados en el artículo 271 ibidem. Dada la naturaleza del presente fallo y de conformidad con el artículo 283 del Código in comento, no hay especial condenatoria en costas.

este Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley declara la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo previsto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil.

este Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley declara la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo previsto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil.

este Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley declara la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo previsto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil.

En consecuencia, este Tribunal de Municipio se declara incompetente en razón de la cuantía para conocer y decidir la presente demanda de RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE VENTA CON RESERVA DE DOMINIO intentada por BFC BANCO FONDO COMUN, C.A. BANCO UNIVERSAL, a través de su apoderado judicial ciudadano JOSE JOAQUIN SILVA NEGRIN, contra la CONSTRUCTORA T.J.R., C.A., y así se declara.- Por todos los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Décimo Cuarto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: se declara incompetente para conocer la presente demanda por razón de la cuantía. SEGUNDO: Se DECLINA LA COMPETENCIA, en un Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a fin de que conozca de la misma. Remítase el presente expediente original junto con oficio al.....

declara CON LUGAR el Recurso Contencioso Administrativo funcionarial, mediante el cual el ciudadano JOSÉ GABRIEL VISO ESPINEL, representado por el abogado Miguel Eduardo Romero, ya identificados en el encabezamiento del presente fallo, solicita se ordene la cancelación de sus prestaciones sociales y el pago de los intereses de mora. En consecuencia: PRIMERO: Se ORDENA al Instituto Autónomo de Policía Municipal del Municipio Sucre del Estado Miranda, proceda a realizar el pago de las prestaciones sociales del querellante de conformidad con lo establecido en el artículo 92 constitucional, conforme lo expuesto en la parte motiva del presente fallo. SEGUNDO: Se ORDENA al Instituto Autónomo de Policía Municipal del Municipio Sucre del Estado Miranda, proceda a calcular y cancelar los intereses moratorios generados por el retardo en el pago de las prestaciones del recurrente, los cuales deben ser calculados desde la fecha de su egreso del ente querellado, ello es, 21 de mayo de 2007 (.....