Con fundamento en lo que precede, esta Sala N° 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, emite el siguiente pronunciamiento: SE DECLARA SIN LUGAR, el recurso de apelación interpuesto por la ciudadana MAGDALY XIOMARA RODRÍGUEZ MORALES, en su carácter de Fiscal Auxiliar Cuadragésimo Primero del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en contra de la decisión proferida por el Tribunal Primero (1º) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 11 de junio de 2008, mediante la cual acordó la libertad sin restricciones de los ciudadanos CRISTIAN ALFREDO PÁEZ ALBARRACIN, MEZA APONTE CHARLI ESTARKI, CHAVEZ PÉREZ ALFREDO Y MAURO DE JESUS BRICEÑO, así como la nulidad del allanamiento y del acta de inves.....

Por todos los argumentos de hecho y de derecho señalados con anterioridad, esta SALA DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, JUEZ UNIPERSONAL Nº III, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por la Autoridad que le confiere la Ley, decreta la ADOPCIÓN NACIONAL PLENA Y CONJUNTA de la adolescente PAOLA SILVA, a los ciudadanos RICHARD ALBERTO HUERFANO y ANA YSABEL CHIREMA CALIXTO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-9.713.530 y V-6.273.956, respectivamente, confiriéndose a la referida adolescente la condición de hija de los adoptantes, y a los prenombrados ciudadanos la condición de padre y madre, respectivamente, todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 425 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

declara: 1- ADMITE, el recurso interpuesto conjuntamente con suspensión de los efectos, por el abogado CESAR ENRIQUE RODRÍGUEZ URDANETA, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 22.537, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano JHONNY IVAN MONTES CARLIER, portador de la cédula de identidad Nro. 9.248.823, contra el acto administrativo emanado del Comandante General del Componente Guardia Nacional Bolivariana, contenido en la Resolución Nro. GN-8662, de fecha 18 de marzo de 2005, notificado en fecha 06 de mayo de 2008. En consecuencia, se ordena citar a la Procuradora General de la República, e informar al Ministro del Poder Popular para la Defensa. 2- NIEGA la suspensión de los efectos de la Resolución impugnada, conforme la motiva del presente fallo

Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE la presente querella interpuesta por la ciudadana FRANCISCA VARGAS CHOMPRE, titular de la Cédula de Identidad No. V-3.510.386, actuando debidamente asistida por la abogado MARGOT GAMEZ ÑAÑEZ, inscrita en el inpreabogado bajo el No. 20.031, contra el antes MINISTERIO DE SANIDAD, hoy MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD.

Por las consideraciones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana MARIA ANGELICA SÁNCHEZ LINARES, debidamente asistida por el abogado MANUEL DE JESUS DOMÍNGUEZ, antes identificados, contra el INSTITUTO AUTÓNOMO DE POLICÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO EL HATILLO DEL ESTADO MIRANDA, y en consecuencia: 1.- SE ORDENA: Al Instituto Autónomo de Policía Municipal del Hatillo del Estado Miranda, al pago de la cantidad que resulte del cálculo de el bono vacacional fraccionado de la ciudadana María Angélica Sánchez Linares, titular de la cédula de identidad Nº V-4.625.730, el cual deberá ser calculado sobre la base de Ochocientos Diez Mil Bolívares sin Céntimos (Bs. 810.000,00), hoy Ochocientos Diez Bolívares (Bs. 810,0.....

DECISIÓN Por los fundamentos de hecho y de derecho que se dejan expuestos, el Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil Bancario con competencia Nacional y sede en la ciudad de Caracas (en transición), administrando justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, DECLARA EXTEMPORANEA POR ADELANTADA LA OPOSICIÓN presentada por el abogado PEDRO LARA HURTADO, actuando como apoderado judicial de la parte demandada.

-III- DECISIÓN Por los razonamientos expuestos, este Tribunal Noveno de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y Sede en la ciudad de Caracas, en régimen de transición, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR la pretensión que por COBRO DE BOLÍVARES (INTIMACIÓN) ha incoado el BANCO CANARIAS DE VENEZUELA, BANCO UNIVERSAL, C. A., contra la sociedad mercantil SISCA CONSTRUCCIÓN, C.A., (SISCACA), y los ciudadanos NELSON FELIPE SALIMA ZAVALA, JORGE AVIA MUÑOZ, GREGORIO CONCEPCIÓN SÁNCHEZ, GREGORIA MARTÍN DE AVILA y MARISELA SALIMA DE SÁNCHEZ, ampliamente identificados al inicio de este fallo y en consecuencia, condena a la demandada a pagarle al Banco demandante: PRIMERO: La cantidad de CIEN MIL BOLÍVARES FUERTES (Bs. F. 100.000,00), por concepto de capital insoluto, derivados de los préstamos otorgados por su representada según consta de documento de línea d.....

Por todos los razonamientos anteriormente expuestos se declara INADMISIBLE la demanda.

De conformidad con lo establecido en los artículos 585 y 588, ordinal 1º, ambos del Código de Procedimiento Civil, DECRETA MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO sobre bienes propiedad de la parte demandada, hasta cubrir la suma de DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE BOLIVARES FUERTES CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS (Bs. F. 2.457.389,99),

declara PERIMIDA LA INSTANCIA