Ahora bien, visto que el acuerdo celebrado entre las partes para poner fin al presente procedimiento, CUMPLE con los requisitos de una transacción en los términos del artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, al establecerse una relación circunstanciada de los hechos que motivaron el acuerdo, así como del derecho comprendido en el mismo; es por ello, que este tribunal considera el referido acuerdo como una TRANSACCIÓN conforme a lo previsto en la citada disposición legal; asimismo siendo que ambas partes acordaron UN PAGO TOTAL de Bs. 500.000,00, por concepto de liquidación de prestaciones sociales y demás conceptos derivados de la relación de trabajo, pagaderos en una sola cuota al momento de presentar la transacción, lo cual se materializó de manera conforme a través de un cheque de gerencia a nombre del trabajador por el referido monto, de lo cual se dejó constancia en la cláusula TERCERA del escrito transaccional; y en virtud de la solicitud formulada por ambas partes de que se ho.....

(...) este Juzgado de conformidad a lo establecido en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 10 y 11 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, acuerda impartirle la HOMOLOGACIÓN a dicha transacción en los términos en que fue expuesta (...)

ADMITE el recurso de casación

Se dicto sentencia mediante la cual se homologó CONVENIMIENTO DE REGIMEN DE CONVIVENCIA FAMILIAR, presentado por la abogada MARISA LISTA, Defensora Pública N° 03 del Municipio El Hatillo del Estado Bolivariano Miranda, FRANKLIN E. SOLORZANO GUEVARA y AMARILIS DEL VALLE VEGAS MORALES, Venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-16.813.247 y V-19.378.723, respectivamente, a favor de sus hijos.-

Se Homologó el Convenimiento de Régimen de Convivencia Familiar así como sus recaudos, presentada por la abogada CELIA VIRGINIA MENDOZA RODRIGUEZ, en su carácter de fiscal Centésima Quinta (105°) del Ministerio Público, a petición de los ciudadanos DOUGLAS ALBERTO CACERES BRUZUAL y DEILY CAROLINA SANCHEZ, titulares de las cédulas de identidad. V-17.387.299 y V-19.023.138, respectivamente, a favor de su hija, "cuya identificación se omite de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes",de cuatro (04) años de edad

PRIMERO: CON LUGAR el recurso de apelación ejercido en fecha 18 de enero de 2012, por el abogado HÉCTOR ALONZO ROJAS TRIAS en su condición de apoderado judicial de los intimados ciudadanos BRIGGITT GONZÁLEZ de GONZÁLEZ, EDUARDO ANTONIO GONZÁLEZ y BRIGGITT SCARLET GONZÁLEZ GONZÁLEZ, contra el auto dictado en fecha 16 de enero 2012, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el cual queda revocado con la motivación aquí expuesta. SEGUNDO: Se ordena al tribunal a quo que proceda, en forma inmediata, a oficiar al Registro Público Inmobiliario del Primer Circuito del Municipio Baruta del estado Miranda, participándole el levantamiento de la medida de prohibición de enajenar y gravar decretada en fecha 20 de junio de 2011.

En mérito de las razones expuestas precedentemente, este Juzgado Superior Séptimo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad ejercido por la ciudadana Maria Merces Gomes de Pereira, en su carácter de Presidenta de la Empresa Panadería, Pastelería y Charcutería Plaza Yare, C.A, debidamente asistida por el Abogado Fernando Lucas de Freitas, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº Nº 97.228 contra el acto administrativo contenido en la Providencia Administrativa Nº 00326/2009, de fecha 25 de septiembre de 2009, y la Boleta de Notificación de fecha 30 de noviembre de 2009, emanadas de la Inspectoría del Trabajo de los Valles del Tuy, en el cual se le impuso, a la referida empresa, el pago de una multa por la cantidad de SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS BOLÍVARES CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS (Bs. 7.392,92) y multas .....

Por las razones anteriormente expuestas, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley declara SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el abogado ALEXANDRO MARIN OCANTO, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 119.095, actuando en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil REPRESENTACIONES ZUATA, C.A. plenamente identificada, contra el acto administrativo contenido en la Resolución número 011633, de fecha 11 de diciembre de 2007, dictada por la Dirección General de Inquilinato del Ministerio del Poder Popular para Obras Públicas y Viviendas, hoy DIRECCIÓN GENERAL DE INQUILINATO DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA VIVIENDA Y HÁBITAT.- Se ordena la publicación de la presente sentencia en la página web del Tribunal Supremo de Justicia.-

Por las razones anteriormente expuestas, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley declara SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la ciudadana FROILANA SUSANA DE JESÚS DE ABREU, titular de la cédula de identidad número V- 13.162.070, representada por su apoderada judicial la abogada CARMEN YASMÍN CÓRDOBA BARRIOS, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 32.804, el acto administrativo contenido en la Resolución número 00014142, de fecha 20 de mayo de 2010, dictada por la Dirección General de Inquilinato del Ministerio del Poder Popular para Obras Públicas y Viviendas, hoy DIRECCIÓN GENERAL DE INQUILINATO DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA VIVIENDA Y HÁBITAT, y en consecuencia: Primero: se ORDENA librar oficio a la ciudadana DEFENSORA DEL PUEBLO, a los fines que inicie las gestiones que se i.....

Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara PROCEDENTE la solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos del acto administrativo contenido en la Resolución Nº 00014902, de fecha 7 de julio de 2011, emanado de la DIRECCIÓN GENERAL DE INQUILINATO DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA VIVIENDA Y HÁBITAT, solicitada el abogado JOSÉ GREGORIO ARVELO PINO, antes identificado, actuando en su carácter de apoderado de la sociedad mercantil CORPORACIÓN AUTOMOTRIZ SAN IGNACIO C.A., antes identificada. SEGUNDO: Se ordena a la CORPORACIÓN AUTOMOTRIZ SAN IGNACIO C.A., ya suficientemente identificada, a presentar FIANZA BANCARIA O CAUCIÓN hasta por la cantidad de CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS BOLÍVARES CON OCHENTA CÉNTIMOS (Bs.5.176.423,80), que equivalen a treinta y seis (36) meses del a.....