Con fundamento en lo que precede, esta Sala N° 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, emite el siguiente pronunciamiento: DECLARA SIN LUGAR los recursos de apelación interpuestos, el primero de ellos, por los profesionales del derecho HORACIO MORALES LEON, ALÍ NUÑEZ y RAFAEL MARCANO, en su carácter de defensores de los imputados GEISI VANESA RODRIGUEZ y YORGE YOSMAR GALLEGOS DÍAZ, y el segundo de los recursos, por el abogado HORACIO MORALES LEÓN, en su carácter de defensor privado del imputado JUAN MANUEL SOLORZANO, ambos en contra de la decisión proferida por el Tribunal Décimo Quinto (15º) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 01 de abril de 2008, mediante la cual acordó la PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE.....

Por la motivación que antecede este Juzgado Superior Séptimo Contencioso Administrativo, en nombre de la República y por Autoridad de la Ley declara SIN LUGAR, el presente recurso contencioso administrativo funcionarial incoado por la ciudadana Juana de Dios Brito González, venezolana, mayor de edad y titular de la Cédula de Identidad N° 3.488.253, representada por el abogado Gustavo Pinto Guaramato, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 25.663, contra la Gobernación del Estado Bolivariano de Miranda.

En mérito de lo anterior, este Juzgado Superior Séptimo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara Parcialmente Con Lugar el presente Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad, interpuesto por los Abogados Irma Bontes Calderón y Carlos Augusto López Damián, venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad Nros. 6.311.821 y 12.384.444 respectivamente, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 50.082 y 75.216 en el mismo orden., en su carácter de apoderados judiciales del TROPIGAS SACA contra el Acto Administrativo contenido en la Providencia Administrativa Nº P.A. 184-04 de fecha 20 de enero de 2004, emanada de la Inspectoría del Trabajo en el Distrito Capital Municipio Libertador.

Por la motivación que antecede este Juzgado Superior Séptimo Contencioso Administrativo, en nombre de la República y por Autoridad de la Ley declara SIN LUGAR, el presente recurso contencioso administrativo funcionarial incoado por el ciudadano Oswaldo Daniel Itriago Zamora, venezolano, mayor de edad y titular de la Cédula de Identidad N° 14.972.224, representada por el abogado Gustavo Pinto Guaramato, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 25.663, contra la Gobernación del Estado Bolivariano de Miranda.

En mérito de lo anterior, este Juzgado Superior Séptimo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara CON LUGAR, el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad, interpuesto por los Abogados ALFREDO ROMERO MENDOZA y SANTIAGO GIMÓN ESTRADA, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 57.727 y 35.477 respectivamente, actuando como apoderada judicial de la sociedad mercantil LA NUEVA TELEVISIÓN DEL SUR, C.A. contra la Providencia Administrativa Nº 2027-06 de fecha 19 de julio de 2006 mediante la cual se declaró Con Lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos incoada por el ciudadano José Casares Materán. En consecuencia, se anula la Providencia Administrativa Nº 2027-06 de fecha 19 de julio de 2006, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 numeral 4° de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Por la motivación que antecede este Juzgado Superior Séptimo Contencioso Administrativo, en nombre de la República y por Autoridad de la Ley declara Con Lugar, el presente recurso contencioso administrativo funcionarial incoado por la ciudadana DELIDA JOSEFINA FRANCO, venezolano, mayor de edad y titular de la Cédula de Identidad N° 10.800.758 representada por la abogada ZORAIDA CASTILLO DE CARDENAS, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 13.879, contra el INSTITUTO AUTONOMO DE LA POLICIA DEL ESTADO MIRANDA. En consecuencia se declara nulo el acto administrativo contenido en la Resolución N° R-012-2007 de fecha 22 de agosto de 2007, suscrito por el ciudadano Wilmer Alfredo Flores Tropel, en su condición de Comisario General del Instituto Autónomo de la Policía del Estado Miranda; se ordena la reincorporación al cargo que venía desempeñando el querellante, o a otro de igual o similar jerarquía al cual reúna los requisitos e igualmente el pago de los s.....

declara: PARCIALMENTE CON LUGAR, la querella interpuesta por el abogado JORGE ENRIQUE CALDERON CRESPO, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 49.304, actuando en su carácter de apoderado judicial del ciudadano HENRY EDUARDO LEÓN ROJAS, portador de la cédula de identidad Nro. 642.230, mediante la cual solicita el pago de diferencia de prestaciones sociales y otros conceptos a la Alcaldía del Municipio Sucre del Estado Miranda.

declara PARCIALMENTE CON LUGAR, en la querella interpuesta por el ciudadano OSWALDO ÑAÑEZ DÍAZ, portador de la cédula de identidad Nro. 6.148.713, asistido por el abogado JOSÉ ESTRADA MIRABAL, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 28.556, contra el acto administrativo SNAT/ GGA/GRH/ DRNL-2007, Nro. 0006736, de fecha 29-06-2007, emanado del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT)

NIEGA la solicitud de Rectificación del Acta de Nacimiento del ciudadano WILLIAN MARTIN SALCEDO

SIN LUGAR, la apelación interpuesta por la parte actora contra sentencia dictada en fecha 13-04-2007, por el Juzgado Octavo de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas. SEGUNDO: SIN LUGAR la demanda incoada por el ciudadano OCTAVIO ORTA HERRERA contra la empresa COMPAÑIA ANONIMA TELEFONOS DE VENEZUELA. (CANTV). CUARTO: Se confirma el fallo apelado con distinta motivación. QUINTO: Se condena en costa al recurrente. Se ordena la notificación de la Procuraduría General de la República de la presente decisión