Por las razones expuestas, este Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley en el juicio que por Cobro de Bolívares intentó la Sociedad Mercantil Bolívar Banco C.A, en contra del ciudadano Ignacio Alberto Martínez Palacios, partes ya identificadas en esta sentencia, decide así: PRIMERO: Declara PERIMIDA LA INSTANCIA y extinguido el proceso que, por Cobro de Bolívares intentó la Sociedad Mercantil Bolívar Banco C.A, en contra del ciudadano Ignacio Alberto Martínez Palacios, partes ya identificadas. SEGUNDO: Se ordena la notificación de las partes, conforme a lo previsto en los artículos 14, 233 del Código de Procedimiento Civil.

Ahora bien, constata el tribunal que la parte demandada, la ciudadana PATRICIA SOLER CHAPARRO, con la asistencia del profesional del derecho, FELIX PERDOMO inscrito en el inpreabogado bajo el no. 107.734, tiene plena capacidad para disponer del objeto sobre el que versa la controversia, y tratándose de materias en las que no se encuentran prohibidas las transacciones, este tribunal Administrando Justicia y nombre de la Republica y por autoridad de la Ley, le imparte su HOMOLOGACIÓN dando por consumado el acto, debiendo procederse como Sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, de conformidad con lo establecido en el Artículo 263 del Código de Procedimiento Civil. Cúmplase.

Con fundamento en lo antes expuesto, este Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR la apelación interpuesta en fecha 06 de octubre de 2011 por el abogado Roberto De Luca, en su carácter de apoderado judicial de la parte demandada, contra el fallo proferido el 21 de septiembre del mismo año por el Juzgado Décimo Primero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. SEGUNDO: SE CONFIRMA en todas y cada una de sus partes el fallo apelado. TERCERO: Se condena en costas a la recurrente de conformidad con lo establecido en el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil.

En tal sentido este Juzgado, en virtud de lo antes explanado DECRETA: MEDIDA PREVENTIVA DE SECUESTRO, sobre el bien inmueble que se transcribe a continuación: "Un inmueble identificado como "Oficina Nº 24, situada en el piso 2 del Edificio Ofinca, ubicada en la calle los laboratorios de la Urbanización Los Ruices, Jurisdicción del Municipio Sucre del Estado Miranda." En tal sentido, se designa como depositario judicial del bien antes descrito a la parte actora Sociedad Mercantil BONARIA INMOBILIARIA, C.A. Igualmente, a los fines de la práctica de la Medida se comisiona amplia y suficientemente al Juzgado Ejecutor de Municipio de esta misma Circunscripción Judicial, que por distribución corresponda, al cual se ordena oficiar. EL JUEZ, LA SECRETARIA, DR. ÁNGEL VARGAS RODRÍGUEZ. ABG. SHIRLEY CARRIZALES MÉNDEZ. Asunto: AH1B-X-2011-000055. nsr*

Por los razonamientos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, este Juzgado VIGÉSIMO SEGUNDO DE MUNICIPIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, Administrando Justicia, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en el juicio que por COBRO DE BOLIVARES, sigue BANESCO, BANCO UNIVERSAL (BANCO /CESIONARIOS) contra GRUPO BASTET C.A. y el ciudadano EDINSON ALEXANDER ROMERO ZAGO, produciéndose los efectos establecidos en los artículos 270 y 271 del Código de Procedimiento Civil.- De conformidad con lo previsto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil no ha lugar a costas.- Publíquese, Regístrese, Notifíquese y Déjese copia. Devuélvanse los documentos originales consignados con el libelo de demanda, una vez sean consignados los fotostátos correspondientes. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del JUZGADO VIGÉSIMO SEGUNDO DE MUNICIPIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN J.....

III Así las cosas, observa quien aquí decide, que en el caso de marras los abogados SARA MIREYA PALACIOS MACHADO y ANDRÉS MARIÑO ROSALES, ambas identificadas en autos, la primera actuando en su carácter de apoderada judicial de la parte actora y la segunda actuando en representación de la parte demandada, y por cuanto de la revisión exhaustiva hecha a las actas que integran el presente expediente, se evidencia que las partes que suscribieron dicho acuerdo transaccional actúan en sus caracteres de apoderadas judiciales de la parte actora y parte demandada están plenamente facultados para transigir en nombre de sus respectivos mandantes o representados; la transacción celebrada entre las partes se encuentra ajustada a derecho, razón por la cual pasa esta sentenciador a impartirle su homologación en los términos en que ha sido suscrita. Así se decide.- En otro orden de ideas, el artículo 277 del Código de Procedimiento Civil, es del tenor siguiente: Artículo 277 del Código de Procedimi.....

Como consecuencia de dichas circunstancias, conforme a lo dispuesto en el artículo 96 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y dando estricto cumplimiento a lo ordenado en la sentencia vinculante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, precedentemente transcrita, se dispone lo siguiente: PRIMERO: Se ordena la suspensión de esta causa desde la presente fecha, y hasta luego de noventa (90) días continuos, cnotados a partir de la fecha de la consignación en autos de las resultas correspondientes a la notificación de la Procuraduría General de la República, mediante oficio acompañado de copias certificadas de todo lo que sea conducente para formar criterio acerca de este asunto. SEGUNDO: Líbrese oficio, una vez que la parte interesada proceda a consignar los fotostatos correspondientes, los cuales se ordena certificar en todas y cada una de sus partes por la Secretaria de este Juzgado de conformidad con lo establecido.....

Como consecuencia de dichas circunstancias, conforme a lo dispuesto en el artículo 96 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y dando estricto cumplimiento a lo ordenado en la sentencia vinculante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, precedentemente transcrita, se dispone lo siguiente: PRIMERO: Se ordena la suspensión de esta causa desde la presente fecha y hasta por un lapso de noventa (90) días continuos, a partir de la fecha de la consignación en autos de las resultas correspondientes a la notificación de la Procuraduría General de la República, mediante oficio acompañado de copias certificadas de todo lo que sea conducente para formar criterio acerca de este asunto. SEGUNDO: Líbrese oficio, una vez que la parte interesada proceda a consignar los fotostatos correspondientes, los cuales se ordena certificar en todas y cada una de sus partes por la Secretaria de este Juzgado de conformidad con lo establecido en.....

III Con fuerza en los fundamentos precedentes, este Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Trànsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la ley, se declara: PRIMERO: INCOMPETENTE por la materia, para seguir conociendo en la presente causa. SEGUNDO: SE DECLINA la competencia a los Tribunales del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En consecuencia, se ordena remitir la presente demanda, una vez haya quedado definitivamente firme ésta decisión. TERCERO: Dada la naturaleza de la presente decisión no hay lugar a condenatoria en costas. PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE. Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Ár.....

Ahora bien, sin entrar analizar el valor que emana de los recaudos acompañados a la demanda, por cuanto sería materia de fondo; es criterio de este Despacho que los documentos presentados a tenor de los principios que rigen el Código de Procedimiento Civil, constituyen una presunción grave del derecho reclamado en la presente fase del proceso, y por cuanto en el caso bajo estudio se verifican los requisitos relativos al PERICULUM IN MORA y el FUMUS BONIS JURIS, es decir, el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y el medio de prueba que constituye presunción grave de la circunstancia y del derecho que se reclama, conforme a lo previsto en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, y en el artículo 588 ordinal 3°, ejusdem, se DECRETA MEDIDA DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR sobre el siguiente inmueble: "Un bien inmueble, constituido por un lote de terreno y sus galpones o edificios para industrias, de dos agua cada uno, situado en el lugar denomina.....