Por todo lo antes expuesto, este Tribunal Quinto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, Administrando Justicia en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley, DECRETA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA DE LIBERTAD en contra de los ciudadanos BETSABÉ GUADALUPE PEREZ y ALEXIS ALEXANDER SANGRONIS PETIT, venezolanos, mayores de edad, de de oficios del hogar y Obrero, respectivamente; titulares de las Cédulas de identidad N° 10.703.100 y 13.902.928, respectivamente, ambos residenciados en la calle El Sol , esquina La Isla, casa N° 69 Coro, Estado Falcón , de conformidad con lo previsto en el artículo 256 ordinales 3° y 4° del Código Orgánico Procesal Penal. Quedan notificadas las partes de la presente decisión por encontrarse presentes. Remítanse con Oficio las Presentes actuaciones a la Fiscalía Séptima del Ministerio Público del Estado Falcón en su debida oportunidad. Líbrese Oficio a la Comandancia policial de esta Ciudad notificándole lo acordado. Cúmplase. El .....

Se declara la APERTURA A JUICIO ORAL Y PUBLICO y se emplaza a las partes, para que en el plazo común de Cinco días, concurran al JUEZ DE JUICIO, se instruye a la Secretaria para remitir las Actuaciones, al TRIBUNAL competente

En consecuencia, este Tribunal declara que en razón de la anterior decisión, no tiene materia que decidir en el presente proceso, ya que el juicio principal fue declarado inadmisible. En razón de los fundamentos de hecho y de derecho expuestos, este Tribunal Superior, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA: PRIMERO: Con lugar la apelación interpuesta por la abogada MARIALY COLMENARES SEQUERA, en su condición de apoderada de INVERSIONES PLAYA BLANCA, C.A., contra la sentencia de fecha 12 de agosto de 2002, dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Trabajo de la Circunscripción del Estado Falcón, con sede en Tucacas, en virtud de la sentencia de fecha 24 de febrero de 2003, mediante la cual se declaró inadmisible la demanda intentada por el ciudadano RAMON ALBERTO RUIZ BARRIOS, Presidente de SERVICIOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA ANDINAS C.A., “SEPROVIANCA” contra la apelante; expediente Nº 31.....

En consecuencia este Tribunal impartiendo justicia en nombre de la Republica y por autoridad de la Ley, declara, que sobre los puntos sometidos a aclaratoria, no existe nada que aclarar, pues la decisión tomada por esta Tribunal es suficientemente clara en que hay que notificar al Procurador General de la Republica y suspender el proceso por espacio de 90 días calendarios continuos, independientemente que se pueda citar a la parte demandada, quien contestará en el lapso procesal otorgado, luego de vencido el lapso de suspensión. Los demás aspectos tocan el fondo del asunto debatido en el juicio principal, sobre lo cual este Tribunal tiene criterios que no puede adelantar, por motivos obvios. Déjese transcurrir el lapso de apelación, a los fines legales consiguientes. Publíquese, regístrese y agréguese. Librese la copia correspondiente y remátese. Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de l.....

En consecuencia este Tribunal impartiendo justicia en nombre de la Republica y por autoridad de la Ley, declara, que sobre los puntos sometidos a aclaratoria, no existe nada que aclarar, pues la decisión tomada por esta Tribunal es suficientemente clara en que hay que notificar al Procurador General de la Republica y suspender el proceso por espacio de 90 días calendarios continuos, independientemente que se pueda citar a la parte demandada, quien contestará en el lapso procesal otorgado, luego de vencido el lapso de suspensión. Los demás aspectos tocan el fondo del asunto debatido en el juicio principal, sobre lo cual este Tribunal tiene criterios que no puede adelantar, por motivos obvios. Déjese transcurrir el lapso de apelación, a los fines legales consiguientes. Publíquese, regístrese y agréguese. Librese la copia correspondiente y remátese. Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de l.....

En consecuencia este Tribunal impartiendo justicia en nombre de la Republica y por autoridad de la Ley, declara, que sobre los puntos sometidos a aclaratoria, no existe nada que aclarar, pues la decisión tomada por esta Tribunal es suficientemente clara en que hay que notificar al Procurador General de la Republica y suspender el proceso por espacio de 90 días calendarios continuos, independientemente que se pueda citar a la parte demandada, quien contestará en el lapso procesal otorgado, luego de vencido el lapso de suspensión. Los demás aspectos tocan el fondo del asunto debatido en el juicio principal, sobre lo cual este Tribunal tiene criterios que no puede adelantar, por motivos obvios. Déjese transcurrir el lapso de apelación, a los fines legales consiguientes. Publíquese, regístrese y agréguese. Librese la copia correspondiente y remátese. Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de l.....

Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Transito y Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, Impartiendo Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de Ley, actuando en consecuencia de causa y dejando a salvo los derechos de terceros, declara procedente la RECTIFICACIÓN DE PARTIDA DE NACIMIENTO del ciudadano CARLOS RAFAEL SALAS QUINTERO

Por los razonamientos expuestos; este JUZGADO DEL MUNICIPIO MAUROA DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO FALCON, actuando en sede de Protección del Niño y del Adolescente y conforme a lo establecido en el Artículo 520 de la LEY ORGANICA PARA LA PROTECCION DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE, impartiendo justicia, en nombre de la REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA CON LUGAR la demanda de OBLIGACION ALIMENTARIA, incoada por la Ciudadana: NELLIS ANTONIA SOTO ROMERO, en representación de sus menores hijos: LEONARDO JOSE, JOSE ALEJANDRO Y RICARDO JOSE GUTIERREZ SOTO en contra del ciudadano: LEONARDO RICARDO GUTIERREZ. Para asegurar el cumplimiento de la Obligación Alimentaria y en resguardo de los derechos alimentarios de los menores mencionados; este Juzgado fija una pensión alimentaria de OCHENTA MIL BOLIVARES (Bs. 80.000, oo) mensuales, los cuales deberán ser depositados en una cuenta de ahorros que a tal efecto ordenará aperturar el Tribunal. Igualmente.....