Este Juzgado Superior acoge el criterio sostenido por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, y en consecuencia, siendo las actuaciones procesales que obran al expediente promovidas de manera genérica, no constituye medio de prueba admisible en segunda instancia, de conformidad con el precitado artículo 520 del Código de Procedimiento Civil, ni se trata de la instrumental que establece el artículo 1.357 del Código Civil, que no traen en esta instancia elementos nuevos que conlleven a formar el criterio del Juez, por lo cual se NIEGA su admisión. Así se decide.

PRIMERO: LA EXTINCIÓN de la apelación formulado el 04 de marzo de 2010 (f. 41), por la abogado CRISTINA BEATRIZ FIGUEREDO GONZÁLEZ, inscrita en el Inpreabogado con el número 36.788, en su carácter parte actora, contra la sentencia interlocutoria de fecha 24 de febrero de 2010 (fs. 39 al Vto. 40) mediante la cual el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, negó la medida preventiva de prohibición de enajenar y gravar solicitada por la parte demandante, en el juicio seguido por la recurrente contra el ciudadano PIETRO MILAZZO GESU, por intimación de honorarios profesionales SEGUNDO: Por la naturaleza del presente fallo, no se hace especial pronunciamiento sobre las costas del recurso.