Por cuanto de una revisión exhaustiva del asunto remitido a este Juzgado en virtud de la distribución legal correspondiente, se evidencia que el mismo fue introducido, hace más de treinta (30) días continuos, sin que hasta la presente fecha se hayan consignado recaudos a los fines de proceder a la asignación de un número de causa, para iniciar su trámite, este Juzgado procede a inhabilitarlo, ordenando su archivo y posterior remisión a los archivos judiciales, por cuanto considera quien suscribe que el referido lapso, es tiempo suficiente a objeto de que los interesados procedan a la consignación de los instrumentos fundamentales que deberán acompañar al asunto en cuestión, entendiéndose que al transcurrir un periodo de treinta (30) o más días sin que se consignen los referidos recaudos puede catalogarse como falta del interés en impulsar la demanda o solicitud. Archívese.

Por recibida y vista la anterior demanda, así como los recaudos acompañados a la misma, incoada por el abogado ENRIQUE TROCONIS SOSA, inscrito en el Inpreabogado bajo el número 39.626, actuando en su carácter de apoderado judicial de VENEZOLANO DE CREDITO, S.A. Banco Universal, antes Banco Venezolano de Crédito, S.A.C.A, sociedad mercantil de este domicilio, constituida conforme a documento inscrito ante el Registro de Comercio que llevaba el Juzgado de Primera Instancia en lo Mercantil del Distrito Federal, en fecha 04 de junio de 1925, bajo el N° 204, publicado en la Gaceta Municipal del Gobierno del Distrito Federal el 06 de junio de 1925, N° 3262, transformado en Banco Universal, cambiada su denominación social y modificados sus estatutos según consta de documento inscrito en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 24 de enero de 2002, bajo el N° 11, Tomo 6-A-Pro., quien solicita se trámite por el PROCEDIMIENTO ES.....

Visto el escrito de promoción de pruebas, cursante a los folios 154 y 155 del expediente, suscrito por el abogado ARTURO JOSE VILLAFAÑE, en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, ciudadana DIOSA ELINDA VILLAFAÑE, el Tribunal a los fines de su admisibilidad observa: En cuanto a las pruebas documentales, contenidas en los Capítulos I y II, el Tribunal las admite por no ser manifiestamente ilegales, ni impertinentes, cuanto ha lugar en derecho, salvo su apreciación o no en la sentencia definitiva que recaiga en el presente juicio. Así se precisa.-

En relación al mérito favorable de los autos, contenido en el Capítulo I de dicho escrito, este Juzgado considera que las mismas no son pruebas procesales especificas, ni menos aún pruebas libres, que como tal requieran de promoción y mucho menos de admisión porque, si del contenido de las actas emerge algún mérito favorable al promovente el Juez en la sentencia está obligado a estimarla. No obstante lo anterior el Tribunal admite las mismas cuanto ha lugar en derecho, salvo su apreciación o no en la sentencia definitiva que recaiga en el presente juicio. Así se establece.- En lo atinente a las pruebas documentales, contenida en el Capítulo II, el Tribunal las admite por no ser manifiestamente ilegales, ni impertinentes, cuanto ha lugar en derecho, salvo su apreciación o no en la sentencia definitiva que recaiga en el presente juicio. Así se precisa.-

; Este Tribunal acuerda su citación a través de carteles en el termino de quince (15) días, y dicho carteles se publicara en los diarios El Nacional y El Ultimas Noticias, con intervalo de tres (03) días entre uno y otro, si no compareciese el demandado en el plazo señalado, se le nombrará defensor, con quien se entenderá la citación todo de conformidad con lo establecidos en los artículos 223 del Código de Procedimiento Civil.-

Este Juzgado previa, revisión de las facultades conferidas en los Instrumentos Poderes otorgados por las partes a los referidos profesionales del derecho y por cuanto la Transacción celebrada, no se vulnera normas de orden público ni derechos irrenunciables del trabajador, de conformidad con lo establecido en el parágrafo único del artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, en concordancia, con los artículos 9 y 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo le imparte su HOMOLOGACION, DANDOLE EFECTOS DE COSA JUZGADA, en consecuencia se da por terminado el presente procedimiento y se ordena el cierre y archivo del expediente

declara homologado el convenimiento, en el juicio que por RESOLUCION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO sigue la ciudadana BEATRIZ GORDILS DE ALAMO contra el ciudadano MANUEL ALVAREZ, todos identificados con anterioridad, y se procederá como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, de conformidad con los artículos 263 y 264 del Código de Procedimiento Civil.

declara: LA NULIDAD de las actuaciones que rielan a los folios Ciento Veinte (120) al Ciento Veintisiete (127), ambos inclusive, y REPONE la causa al estado en que la abogada CARMEN ARROYO V., abogada en ejercicio, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nro. 63.880, actuando en su carácter de defensor Ad-Litem de la Sociedad Mercantil Sociedad Mercantil COMUNICACIONES P&B, C.A., domiciliada en la ciudad de Caracas, inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y el Estado Miranda, bajo el N° 79, Tomo 84-A Pro, en fecha 14 de mayo de 2001, de cumplimiento a sus funciones de conformidad a lo establecido en la Sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ut supra citada, y proceda a dar contestación a la demanda.

Por cuanto de una revisión exhaustiva del asunto remitido a este Juzgado en virtud de la distribución legal correspondiente, se evidencia que el mismo fue introducido, hace más de treinta (30) días continuos, sin que hasta la presente fecha se hayan consignado recaudos a los fines de proceder a la asignación de un número de causa, para iniciar su trámite, este Juzgado procede a inhabilitarlo, ordenando su archivo y posterior remisión a los archivos judiciales, por cuanto considera quien suscribe que el referido lapso, es tiempo suficiente a objeto de que los interesados procedan a la consignación de los instrumentos fundamentales que deberán acompañar al asunto en cuestión, entendiéndose que al transcurrir un periodo de treinta (30) o más días sin que se consignen los referidos recaudos puede catalogarse como falta del interés en impulsar la demanda o solicitud. Archívese.

En consecuencia, ordena expedir por secretaría las copias certificadas solicitadas con inserción de la diligencia mediante la cual las solicita y del presente auto, todo de conformidad con lo establecido en los artículos 111 y 112 del Código de Procedimiento Civil.