Por los razonamientos antes expuestos este Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: CON LUGAR LA ADOPCIÓN PLENA solicitada por los ciudadanos OLEGARIO LOPEZ CASTRO y DORIS MARGARITA MAZA DE LOPEZ, sobre la ciudadana HEIDI MERCEDES RODRIGUEZ MAZA. En cuanto al cambio de apellido que deberá llevar la adoptada, conforme lo establece la Ley de Adopción, la ciudadana HEIDI MERCEDES RODRIGUEZ MAZA, llevará el apellido de los adoptantes, es decir, LOPEZ y MAZA a partir de la presente fecha. A los fines legales consiguientes expídase por Secretaría copia certificada de la solicitud de adopción y de la presente sentencia, y líbrense los oficios respectivos a las autoridades correspondientes, conforme el artículo 39 de la Ley de Adopción. Publíquese, regístrese y déjese copia. Dada, .....

Por los razonamientos antes expuestos, ESTA SALA 3 DE LA CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: DECLARA SIN LUGAR la pretensión del Defensor Público Trigésimo Sexto con Competencia en Fase de Ejecución, Dr. TRINO ARCAY VILLAVICENCIO, en su carácter de defensor del penado GOMEZ LIZARDO WILSON ALEJANDRO, en contra del pronunciamiento proferido por el Juez Primero de Primera Instancia en Funciones de Ejecución de este Circuito Judicial Penal, en fecha 23 de Abril de 2008, mediante el cual declaró improcedente la solicitud de desaplicación de las normas que establecen la sujeción a la vigilancia de la autoridad a su defendido.- SEGUNDO: SE CONFIRMA la decisión dictada por el Juez Primero de Primera Instancia en Funciones de Ejecución de este Circuito Judicial Penal, en fecha 23 de Abril de 2008, mediante el cual dec.....

Por las motivaciones que anteceden, este Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara PARCIALMENTE CON LUGAR, el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial, interpuesto por el ciudadano ANTONIO GIL LIENDO, titular de la cédula de identidad Nº.1.456.520, debidamente asistido por la abogada MARIA TERESA GONZALEZ, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº.25.200, contra la GOBERNACIÓN DE ESTADO VARGAS, en consecuencia: PRIMERO: Se declara la NULIDAD ABSOLUTA del acto administrativo de efectos particulares contenido en la Resolución Nº 07-2006, de fecha 01 de noviembre de 2006, suscrito por el ciudadano Cosme Damian Gutiérrez Castillo, en su carácter de Prefecto del Municipio Vargas. SEGUNDO: Se ordena la reincorporación del ciudadano ANTONIO GIL LIENDO, titular de la cédula de identidad Nº.1.456.520, al cargo de Comisario de Caserío I,.....

DISPOSITIVO Por todo cuanto antecede, esta Corte Superior de la Sección de Responsabilidad Penal de Adolescentes, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el recurso de apelación con efecto suspensivo presentado por la ciudadana Mélida Llorente en su carácter de Fiscal 115º del Ministerio Público, en contra de la decisión proferida por el Juzgado de Primera Instancia en funciones de Control Nº 7 de esta misma Sección, mediante la cual acordó imponer a los adolescentes (IDENTIDAD OMITIDA),, la medida cautelar establecida en el artículo 582, literal "c" de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, por no estar contemplada en el artículo 608 de la Ley Orgánica Para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, no siendo aplicables al Sistema Penal Juvenil, las previsiones del artículo 374 del Código Orgánico Procesal Penal. En consecuencia, se acuerda la remisión de la presente causa al juzgado a quo, a l.....

DECISION Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Tercero de Primera Instancia en Función de Control de este Circuito Judicial Penal, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, NIEGA la solicitud de Revisión de la Medida de Coerción Personal realizada por la defensa del imputado de autos Abg. AURA YELITZA FERNÁNDEZ, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 101.700, en su carácter de representante del ciudadano VICTOR MANUEL ROMERO RODRIGUEZ, INDOCUMENTADO. Diarícese, Notifíquese de LALA a LAs partes conforme al artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penal. EL JUEZ, DR. PEDRO JOSÉ RODRIGUEZ MARTÍNEZ EL SECRETARIO ABG. JUAN CARLOS FIDALGO En esta misma fecha se dio cumplimiento a lo anterior. EL SECRETARIO ABG. JUAN CARLOS FIDALGO Exp. Nº 3ºC-11802-08 PJRM/Jesús

DISPOSITIVA Por los razonamientos antes expuesto, este Juzgado Undécimo de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, acuerda: Declarar Sin Lugar la solicitud presentada por la ciudadana Dra. MARBELLA DE TESCARI, en su condi-ción de defensora del hoy acusado YULMER JOSÉ RAMÌREZ PÉREZ, acu-sado en la presente causa en el cual peticionó la revisión de la medida privativa judicial preventiva de libertad, que pesa contra el referido acusado.-

SE RECTIFICO EL ACTA CONSIGNADA

SE RECTIFICO EL ACTA CONSIGNADA Y SE ORDENO REMITIR COPIAS CERTIFICADAS A LAS AUTORIDADES CIVILES COMPETENTES

NIEGA la solicitud

Ahora bien, luego de revisadas las actas procesales que conforman el expediente, se constató que el error al inscribir el nombre en los libros de Registro Civil del ciudadano Javier Ytalo Romero Del Giudice se cometió en la Prefectura del Municipio Piar del Estado Bolívar, este Tribunal con base a lo establecido en las normas antes transcritas, se declara incompetente en razón del Territorio y declina la competencia del presente expediente en un Tribunal de Primera Instancia Civil, Mercantil y del Tránsito del Bolívar, de conformidad con lo previsto en la primera parte del artículo 60 del Código de Procedimiento Civil. Así se establece.