En mérito de la anterior exposición este JUZGADO VIGÉSIMO SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ÁREA METROPLITANA DE CARACAS, PROCEDIENDO EN NOMBRE DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, declara RECONOCIDO EL DOCUMENTO EN SU CONTENIDO Y FIRMA presentado por ante este Juzgado por el ciudadano RAMÓN ISMAEL SALAS GIL, titular de la cédula de identidad N° V-12.418.584 . Asimismo se ordena expedir por secretaria las copias certificadas, que la parte solicite, una vez sean consignados los fotostatos necesarios. Todo ello de conformidad a lo dispuesto en los artículos 111 y 112 del Código de Procedimiento Civil. Cúmplase.- PUBLÍQUESE, y REGISTRESE Dada, firmada y sellada en la Sala de este Despacho del Juzgado Vigésimo Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En Caracas, a los 20 días del mes de Junio del año 2023 Años: 211º de la Independen.....

Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, HOMOLOGA la partición amistosa en los mismos términos y condiciones expuestas por los solicitantes, en el supra citado escrito presentado ante el sistema de distribución en fecha 25 de abril de 2023, y de conformidad con lo previsto en los artículos 255, 256 y 788 del Código de Procedimiento Civil, la declara como sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.

Este Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE la acción de amparo constitucional incoada por los ciudadanos LUIS ALBERTO PERNALETE SÁNCHEZ y HUGO ENRIQUE CONTRERAS MOLINA contra el JUZGADO VIGÉSIMO OCTAVO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, por encontrarse comprendida en la causal de inadmisibilidad de la acción de amparo prevista en el ordinal 5º del artículo 6º de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. ASÍ SE DECLARA.

SE DICTÓ PROVIDENCIA MEDIANTE LA CUAL SE ADMITIÓ LA PRETENSIÓN CONTENIDA EN LA DEMANDA QUE POR COBRO DE BOLÍVARES (INTIMACIÓN) INCOARA BANCO DE VENEZUELA, CONTRA LOS CIUDADANOS YUNIS RAFAEL PANTOJA Y JOSÉ JOSLAIMER FIGUEREDO BLANCO.-

Con fundamento en las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este Tribunal Superior Tercero de lo Contencioso Tributario, decide: PRIMERO: Se ADMITE, cuanto ha lugar en derecho, el presente recurso contencioso tributario. SEGUNDO: Se ordena proceder a la tramitación y sustanciación del expediente hasta su decisión definitiva. Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 294 del Código Orgánico Tributario, visto que la Administración Tributaria, no formuló oposición a la admisión; se entenderá según lo dispuesto en el artículo 296 ejusdem, que el primer día de despacho siguiente a la consignación de la boleta al ciudadano Procurador General de la República y al vencimiento del lapso establecido en el articulo 98 la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, la causa quedará abierta a pruebas.

Con fundamento en las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este Tribunal Superior Tercero de lo Contencioso Tributario, decide: PRIMERO: Se ADMITE, cuanto ha lugar en derecho, el presente recurso contencioso tributario. SEGUNDO: Se ordena proceder a la tramitación y sustanciación del expediente hasta su decisión definitiva. Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 294 del Código Orgánico Tributario, visto que la Administración Tributaria, no formuló oposición a la admisión; se entenderá según lo dispuesto en el artículo 296 ejusdem, que el primer día de despacho siguiente a la consignación de la boleta al ciudadano Procurador General de la República y al vencimiento del lapso establecido en el articulo 98 la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, la causa quedará abierta a pruebas.