este Tribunal Penal de Primera Instancia, Estadales y Municipales en Funciones de Tercero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, Administrando Justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley: RESUELVE: CON LUGAR, LA SOLICITUD FISCAL, y DECRETA: PRIMERO: PRIMERO: CON LUGAR la solicitud de la Fiscalia 2° del Ministerio Público y la Defensa publica y en consecuencia se le decreta al ciudadano JUAN CARLOS VILLA ROJAS antes identificado, JUZGAMENTO EN LIBERTAD, de conformidad con el articulo 229 del COPP.

este Tribunal Penal de Primera Instancia, Estadales y Municipales en Funciones de Tercero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, Administrando Justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley: RESUELVE: CON LUGAR, LA SOLICITUD FISCAL, y DECRETA: PRIMERO: CON LUGAR la solicitud fiscal, por lo que se decreta y se le impone al ciudadano CECILIO ANTONIO RAMIREZ SANCHEZ la LIBERTAD SIN RESTRICCIONES conforme a los artículos 8, 9 y 229 del Código Orgánico Procesal Penal. SEGUNDO: Líbrese al Coordinador de Alguacilazgo las correspondientes Boletas de Libertad. TERCERO: La motivación de la presente Audiencia se publicará por auto separado conforme a los artículos 157 y 161 de la Norma Adjetiva Penal, quedando los presentes notificados de la decisión dictada oralmente en este acto.

este Tribunal Penal de Primera Instancia, Estadales y Municipales en Funciones de Tercero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, Administrando Justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley: RESUELVE: CON LUGAR, LA SOLICITUD FISCAL, y DECRETA: PRIMERO: LA LIBERTAD SIN RESTRICCIONES al ciudadano, DANIEL ANTONIO CAMACHO RODRIGUEZ, venezolano, de edad 47 años titular de la cedula de identidad, N° V-10.701.877, a tenor de lo preceptuado en la Norma Constitucional prevista en el ordinal 1ero del artículo 44, en estricta y concordante relación con los artículos 8, 9 y 229 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal, atinentes al principio de Presunción de Inocencia y al Estado de Libertad respectivamente, por cuanto no existen suficientes elementos de convicción que sustente la imputación de algún delito.