Por todos los razonamientos antes expuestos, y aunado a ello el principio constitucional que establece "El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismo o reposiciones inútiles", este tribunal ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, declara LA PERENCION DE LA INSTANCIA en la solicitud de SEPARACION DE CUERPOS interpuesta por los ciudadanos HÉCTOR RAMÓN LÓPEZ POLANCO y YOHANCY HELARIENNYS JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de Identidad Nros. 18.294.437 y 16.941.559, respectivamente y de este domicilio, asistidos por la abogada MARYLENA MÚJICA ACOSTA, inscrita en el Inpreabogado con el N° 54.702, respectivamente, contemplada en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. Y ASI SE DECIDE.

Por todo lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera que la falta de capacidad de postulación conlleva, en estos casos, a una falta de representación que ocasiona ineludiblemente que se tenga como no presentado el escrito suscrito por la ciudadana Yaisa del Valle Saavedra, actuando con el carácter de apoderada de la querellada Angela María Montero, asistida del abogado Boris López. Así se declara.

Por todos los razonamientos antes expuestos, y aunado a ello el principio constitucional que establece "El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismo o reposiciones inútiles", este tribunal ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, declara LA PERENCION DE LA INSTANCIA en la solicitud de SEPARACION DE CUERPOS interpuesta por los ciudadanos CLAUDIA PATRICIA PAYAREZ RANGEL y JOSÉ LUIS DÍAZ QUEVEDO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de Identidad Nros. 25.127.119 y 8.603.024, respectivamente, y de este domicilio, asistidos por la abogada CATHERINE GÓMEZ MARTÍN, inscrita en el Inpreabogado con el N° 35.436, contemplada en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. Y ASI SE DECIDE.

En acatamiento del criterio Jurisprudencial señalado, tanto la parte querellante como la querellada deben esperar que se produzca la ejecución del decreto restitutorio o del secuestro, para que pueda darse inicio a la contradicción en los términos que ha establecido la Jurisprudencia patria. Así se decide.