ESTA SALA Nº 07 DE LA CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y POR AUTORIDAD DE LA LEY: DECLARA CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por los ciudadanos LUISA M. QUEVEDO LASALA, JOSE RIVERO OTAMENDI y JIMMY JOSE HERNANDEZ CHACON, en su condición de Fiscal Auxiliar Trigésimo del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, Fiscal Auxiliar Quinto con Competencia Plena a Nivel Nacional (Comisionado) y Fiscal Auxiliar Vigésimo Cuarto con Competencia Plena a Nivel Nacional, en ese orden, fundamentados en el artículo 447 ordinal 4º del Código Orgánico Procesal Penal, contra de la decisión dictada por el Juzgado Décimo Segundo (12º) de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 26 de diciembre de 2007, mediante la cual acordó Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad conforme a los ordinales.....

Así las cosas, entiende este Alzada, que el auto por el cual se practicó cómputo de pena al ciudadano EDGAR ORLANDO CHACON, no cumple con las previsiones estatuidas en el artículo 482 del Código Orgánico Procesal Penal, y por cuanto, del contenido de la decisión dictada, se constata la vulneración del derecho a la defensa y al debido proceso, es por lo se infiere que la misma se encuentra viciada de nulidad, por haberse vulnerado normas elementales del proceso, generando como consecuencia la aplicabilidad del artículo 190 en relación con el artículo 191 ambos del Código Orgánico Procesal Penal, por lo que se DECLARA LA NULIDAD de la decisión impugnada. Y ASÍ SE DECIDE.- Por su parte el artículo 434 del Código Orgánico Procesal Penal, es del tenor siguiente: “…Artículo 434. Prohibición. Los jueces que pronunciaron o concurrieron a dictar la decisión anulada no podrán intervenir en el nuevo proceso…” En consecuencia, en atención a la norma invocada.....

Con fundamento en los razonamientos anteriormente expuestos, esta Sala Uno de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la abogada MARYNELLA HERNANDEZ ROJAS, Defensora Pública Penal Septuagésima Novena de la Unidad de Defensa Pública del Área Metropolitana de Caracas, en su carácter de defensora del ciudadano JONATHAN JOSE MENDOZA GARCIA. La declaratoria con lugar de la apelación obedece a que está Sala decidió anular la decisión que se impugna, publicada por el Juzgado Vigésimo Quinto de Primera Instancia en función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 07 de Noviembre de 2007. La nulidad de la sentencia se declara de conformidad con lo dispuesto en los artículos 190 y 191 del Código Orgánico Procesal Penal y .....

DECLARA SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la ciudadana abogada ROSARIA SARITA DE LUCA, Defensora Pública Sexagésima Octava (68°) Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en su condición de Defensor del Imputado DAVIS CHACÍN ROQUE DE JESÚS, en contra de la decisión dictada en fecha 07 de enero de 2008, por el Tribunal Décimo Sexto de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en la cual decretó Medida Privativa Judicial Preventiva de Libertad, en contra del ciudadano DAVIS CHACÍN ROQUE DE JESÚS, titular de la cédula de identidad N° V-13.751.390, por la presunta comisión del delito de ROBO AGRAVADO EN GRADO DE TENTATIVA, previsto y sancionado en el artículo 458 en relación con el artículo 80 primer aparte del Código Penal vigente, y en consecuencia CONFIRMA la decisión recurrida.

CON LUGAR la demanda de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos interpuesta por el ciudadano: Orlando J. Rodríguez E. contra la sociedad mercantil denominada "FAGONSA, c.a."

DECISIÓN En mérito de lo anterior, este Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto por el ciudadano MAURICIO ANTONIO AÑANGUREN DENIS, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-12.483.202, debidamente asistido por el abogado MIGUEL EDUARDO ROMERO, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Número 110.620, contra el INSTITUTO AUTÓNOMO DE POLICÍA DEL MUNICIPIO SUCRE DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, por cobro de Prestaciones Sociales e Intereses Moratorios, en consecuencia: 1) Se ordena pagar al querellante el monto de VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES BOLÍVARES CON SETENTA CÉNTIMOS (Bs. F 26.253,70) correspondientes a sus Prestaciones Sociales. 2) Se ordena el pago de los Intereses Moratorios causados por el retardo en el pago de las Prestaciones Sociales produ.....

este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley imparte la HOMOLOGACION AL DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO, formulado en fecha 07/01/2008, dándose por consumado el acto y procediéndose como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, no pudiendo la demandante proponer la demanda antes que transcurran noventa (90) días, conforme lo previsto en el artículo 266 del Código Adjetivo.-

este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley imparte la HOMOLOGACION AL DESISTIMIENTO formulado en fecha 13/12/2008, dándose por consumado el acto y procediéndose como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.

Con base a las razones antes expuestas y en virtud de que la parte actora no consignó copia del documento ni afirmó los datos exactos de que conozca acerca del contenido de los mismos, este Tribunal niega la admisión de la prueba de exhibición, dado que no reúne los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 82 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 75 ejusdem, según el cual, el Juez desechará las pruebas que aparezcan manifiestamente ilegales o impertinentes. Así se establece.-

Promovió la declaración de parte de los actores. Al respecto este Tribunal observa que el artículo 103 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, establece que en la audiencia de juicio las partes, trabajador y empleador, se consideran juramentadas para contestar al Juez de Juicio las preguntas que éste formule y las respuestas de aquellos se tendrán como confesión sobre los asuntos que les interrogue en relación a la prestación de servicio en el entendido que responde directamente al Juez de Juicio y la falsedad de las declaraciones se considera como irrespeto a la administración de justicia. Es decir, que el Juez se encuentra en la facultad de ejercer la declaración de parte si lo considera necesario, en el entendido que es una atribución discrecional por parte del Juez de Juicio, en consecuencia este Tribunal niega su admisión.