decreta la Conversión en Divorcio de la Separación de Cuerpos existente entre los ciudadanos: MIGUEL ANGEL MACIA JIMENEZ y CRUZ ALBA MORA MORA

Se declara CON LUGAR la solicitud de DIVORCIO

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Sentencia Interlocutoria mediante la cual se inadmite la solicitud de inspección judicial presentada por el ciudadano Joao Porfirio Gomes, debidamente asistido por el abogado Luis Gerardo Sotillo Reyes, en virtud a que no fueron acompañados con la solicitud los documentos que la justifiquen, así como tampoco se señaló en el escrito de solicitud los motivos de la misma, contrariando con ello lo establecido en el artículo 899 del Código de Procedimiento Civil, y siendo inadmitida de conformidad con lo establecido en el artículo 341 eiusdem.

Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Sexto Superior del Trabajo del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas, actuando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR EL RECURSO de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la decisión de fecha 27 de febrero de 2008, dictada por el Juzgado Duodécimo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas. SEGUNDO: PARCIALMENTE CON LUGAR LA DEMANDA, condenándose a la parte demandada a cancelar los montos y conceptos determinados en la parte motiva del fallo de conformidad con los parámetros allí señalados. TERCERO: SE CONFIRMA el fallo apelado. No hay condenatoria en costas.

Por los razonamientos que anteceden, este Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR la demanda por DIFERENCIA DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS LABORALES incoada por el ciudadano JHONATAN SÁNCHEZ, JOSÉ ARTURO GUERRA, JHON DUARTE, ANTONIO DONATO MORALES, JESUS DELGADO, LUIS R. FIGUEROA, ROSA OMAIRA QUINTERO, LUÍS UZCÁTEGUI y RUBÉN MARÍN contra la sociedad mercantil JOPALIN, S.A. SEGUNDO: Se exonera de costas a los accionantes conforme a lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.