esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad que la Ley le confiere, declara: Con Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la ciudadana MARELYS GREGORIA PÉREZ ROSENDO, asistida por el Abogado Carlos Alberto Lugo Díaz, contra el auto dictado por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Control de la Extensión Punto Fijo de este Circuito Judicial Penal, mediante el cual decretó Improcedente la solicitud de Entrega de Vehículo. En consecuencia, SE REVOCA la decisión recurrida y se ordena la entrega del vehículo identificado con las siguientes características: Clase: Automóvil, Marca: CHEVROLET, Modelo: SPARK, Año: 2008, Color: GRIS, Uso: PARTICULAR, Tipo: SEDAN, Placas: MFR40W, Serial de Carrocería: 8Z1MJ60038V314540, Serial de Motor: 30675337

esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Falcón, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, se declara: SIN LUGAR la recusación formulada por el Abogado Jesús Alberto Dicurú Antonetti, en su condición de Apoderado Judicial del ciudadano ÁNGELO EDUARDO CERA VALLES, ambos anteriormente identificados, contra el Abogado VÍCTOR ROLANDO MOLINA VALDEZ, Juez del Tribunal Primero de Control de este Circuito Judicial Penal, Extensión Punto Fijo, en el asunto Nº IP11-P-2009-001003 seguido contra el ciudadano Majid Ali Kaddoura Parra, por la presunta comisión del delito de homicidio culposo y lesiones culposas graves.

esta Corte de Apelaciones Accidental del Circuito Judicial Penal del estado Falcón con sede en la ciudad de Coro, declara SIN LUGAR, el recurso de apelación interpuesto por las abogadas María Elena Herrera y Nadezca Torrealba, en su condición de defensoras judiciales del ciudadano JONNY JOSÉ PEROZO, en contra de la decisión judicial dictada y publicada por el Tribunal 1º de Control de esta Circunscripción Judicial en fecha 17 de mayo de 2.009, que le decretó la privación judicial preventiva de libertad por los delitos de Extorsión y Asociación Ilícita para Delinquir, previstos en los artículos 459 del Código Penal (vigente para la época de ocurrencia del hecho criminal) y artículo 6 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, ello por estimar el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal.