, se acuerda la acumulación del expediente Nº 3831, al expediente Nº 3836, de manera de, dictar una sentencia que abrase ambas causas, por lo que el lapso de informes, de observaciones y de sentencia será común a ambos, acogiendo este Tribunal la teoría que se trata de una acumulación imperativa y aún cuando, la norma impone la carga a los demandantes de insistir en la apelación contra la sentencia definitiva, de la apelación contra la sentencia interlocutoria, dado que la misma no prevee sanción por el hecho de no apelar, se reitera que obligatoriamente debe darse la acumulación, de oficio, sobre todo por la forma como se llevó el presente proceso

este Juzgado Superior le dio entrada a la causa, mediante auto de fecha 09 de noviembre de 2005, como si se tratara del tramite de un juicio ordinario, cuando por mandato del artículo 33 del Decreto Ley Sobre Arrendamientos Inmobiliarios, prevee que los juicios de desalojo se sustancien y decidan por el juicio breve y el artículo 893, del Código de Procedimiento Civil, prevee que apelada la sentencia definitiva, la causa se sentenciará en el término de diez (10) días. En consecuencia, de conformidad con el artículo 206 eiusdem, se revoca el auto de entrada y se fija el presente proceso para ser sentenciado en el lapso previsto en el artículo 893 eiusdem.

En consecuencia, este Tribunal administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley DECLARA: ÚNICO: La perención del procedimiento iniciado mediante auto de fecha 25 de octubre de 2005, con motivo de la demanda de amparo intentada por el ciudadano ALÍ JOSÉ CHIRINOS GARCÍA contra el auto interlocutorio de fecha 17 de diciembre de 2004, dictado por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Tránsito de esta Circunscripción Judicial, mediante el cual revocó el acto de admisión de la demanda que por desalojo de vivienda intentara contra el querellante, PDVSA PETRÓLEO Y GAS, S.A., para admitir dicha demanda por los trámites del procedimiento ordinario civil, al considerar que la pretensión deducida quedaba excluida de las previsiones del Decreto Ley de Arrendamiento Inmobiliario, pero, dejando vigente la media de secuestro practicada sobre el bien objeto de la demanda, lo cual en criterio del querellante es violatoria de los derechos.....