En consecuencia, eeste Tribunal Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA : PRIMERO: Parcialmente con lugar la demanda de amparo presentada por los abogados Rafael Aular García y José Manuel Freites, venezolanos, titulares de las cedulas de identidad Nº 3.392.742 y 15.238.831, en su carácter de apoderados del FONDO ESTADAL DE CREDITO AGRICOLA DEL ESTADO FALCON (FONECRA), contra el Juez Eduardo Yuguri Primera en su condición de Juez Temporal (sic) de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Transito, y Trabajo de esta Circunscripción Judicial SEGUNDO: En consecuencia, se ordena al Juez de la causa, ordenar la consulta que prevee el artículo 70 del Decreto Ley Sobre la Procuraduría General de la República. TERCERO: Se desecha el resto de denuncias formuladas por los abogados querellantes, conforme al texto de este fallo. De conformidad con el artículo 33 eiusdem, y por cuanto, no se trata de una acción de amparo entre particular.....

En razón de los motivos de hecho y de derecho expuestos, este Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo, Niños y Adolescente de esta Circunscripción Judicial, impartiendo justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, DECLARA: UNICO:Sin lugar la apelación interpuesta por el abogado Argenis Martínez, en su carácter de apoderado del ciudadano ARGENIS ANTONIO VARGAS TORRES, contra el auto de fecha 05 de abril de 2004, dictado por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, mediante el cual negó la solicitud formulada por el apelante de que se le indexara el valor de la condenatoria hecha a su favor con motivo del juicio de cobro de prestaciones Sociales incoado por el apelante contra CONSTRUCCIONES TECNICAS C.A (CONTECA), decisión que se confirma. Se condena en costa al apelante

En razón de los motivos de hecho y de derecho expuestos, este Tribunal impartiendo justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA: PRIMERO: Sin lugar la apelación interpuesta por el abogado Alberto Castillo, atribuyéndose la condición de apoderado de la ciudadana LUCILA DE LAS MERCEDES LUGO DE CAMACHO, contra el auto de fecha 19 de mayo de 2004, dictado por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y del Trabajo de esta Circunscripción Judicial, con sede en Coro, en el cuaderno de medidas cautelares aperturado con ocasión del juicio de divorcio intentado por la mencionada ciudadana contra el ciudadano PEDRO AGUSTIN CAMACHO RUIZ, debido a la falta de legitimidad del abogado apelante, no acreditada en el expediente. SEGUNDO: Se condena en costas a la parte recurrente.