IV DISPOSITIVO Con fundamento en las consideraciones anteriormente expuestas este Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley resuelve declarar: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial conjuntamente ejercido con medida cautelar de amparo, interpuesto por el abogado GREGORIO PEREZ VARGAS inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 39.417 actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano ORLAM ORLAGEL AULAR NAVA titular de la cedula de identidad Nº 13.300.438, contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO LOS TAQUES DEL ESTADO FALCÓN. SEGUNDO: Se ORDENA a la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO LOS TAQUES DEL ESTADO FALCÓN, la reincorporación del querellante al cargo que desempeñaba antes de la emisión del acto impugnado. TERCERO: Se ORDENA el pago de los sueldos dejados de percibir, desde la fecha de la .....

En cuanto a las pruebas promovidas por la parte demandada identificadas como I DOCUMENTALES, donde promueve y hace valer la copia certificada marcado "C" anexo al libelo de la demanda (folios 16 al 66), copia fotostática simple marcada "A" (folio 109); y copia certificada marcada "A", anexa al libelo de demanda (folios del 07 al 14), por cuanto las mismas no son manifiestamente ilegales ni impertinentes, SE ADMITEN, cuanto ha lugar en derecho, salvo su apreciación o no en la definitiva, conforme a lo previsto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. Respecto a las pruebas promovidas por la parte actora contenida en el CAPITULO I (DE LAS PRUEBAS DOCUMENTALES PUBLICAS y PRIVADAS), identificadas como Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto, por cuanto no son manifiestamente ilegales ni impertinentes, SE ADMITEN cuanto ha lugar en derecho, salvo su apreciación o no, en la definitiva conforme a lo previsto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. En relación al.....

Así las cosas, observa este sentenciador que en atención a los criterios jurisprudenciales anteriormente citados y siendo la suma de dinero demandada por la parte actora el 29 de octubre del año 2009, tiene una cuantía de UN MILLON SETECIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS BOLIVARES CON SIETE CENTIMOS, (Bs. 1.760.662,07), cantidad ésta que supera el valor de tres mil Unidades Tributarias (3.000 U. T.) para la fecha, es por lo que resulta para este operador de justicia declarar el presente Recurso de Casación interpuesto por la parte actora, ADMISIBLE por la cuantía, ya que el interés principal en este asunto supera el valor de tres mil Unidades Tributarias (3.000 U. T.), como lo exige el numeral 1 del artículo 167 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Claro esta, que se toma en cuenta el monto demandado para la fecha de la interposición de la presente demanda, ya que con la Reconversión Monetaria, dicho monto quedo disminuido a casi nada, situación esta que necesita un pronu.....

IV DECISIÓN En merito de las consideraciones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, resuelve: Primero: Su INCOMPETENCIA, para conocer, sustanciar y decidir el RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD, interpuesto por la ciudadana ANDREINA JOSELIN RODRÍGUEZ PEREIRA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. 15.557.844, debidamente asistida por el abogado AMILCAR ANTEQUERA LUGO, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 103.204, contra la CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO FALCÓN, ello con fundamento en lo explanado en la motiva del presente fallo. Segundo: DECLINA LA COMPETENCIA al Juzgado Nacional de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, con sede en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia y por consiguiente SE ORDENA la.....

CON LUGAR, la solicitud de divorcio con fundamento en la sentencia N° 1070, vinculante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), dictada en fecha 09 de diciembre de 2016, respectivamente, y la sentencia N° 136 de la Sala de Casación Civil del 30 de marzo de 2017, interpuesta por los ciudadanos JONY ALFREDO CARRERO MONTILVA y YARELIS DEL VALLE URBINA RUIZ