En consecuencia siendo que consta en auto el pago de los emolumentos de la auxiliar de justicia, presentado por ella misma, es por lo que este Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Nuevo Régimen Procesal del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, sede Punto Fijo, por cuanto el acuerdo celebrado entre las partes no vulnera derechos irrenunciables del trabajador, ni normas de orden público, es por lo que administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, HOMOLOGA EL ACUERDO CELEBRADA ENTRE LAS PARTES EN FASE DE EJECUCIÓN, EN CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA DEFINITIVA, dándole efecto de Cosa Juzgada. En tal sentido una vez quede firme la presente homologación se ordenará dar por terminado la causa con su correspondiente archivo definitivo. Así se decide.

Este Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Sistema de Responsabilidad Penal del Adolescente del Estado Falcón, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: CON LUGAR la solicitud fiscal, y SIN LUGAR la solicitud de la defensa, acogiendo el Tribunal prima facie, la precalificación dada al hecho punible que se investiga como APROVECHAMIENTO DE COSAS PROVENIENTES DEL DELITO, tipificado en el artículo 470 del Código Penal Vigente, y en consecuencia se le impone al adolescente PEDRO MANUEL RUIZ GÓMEZ, antes identificado, la medida cautelar sustitutiva de libertad, prevista en el artículo 582 literal "f" de la Ley Orgánica Para La Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, por lo que se le prohíbe reunirse con personas de dudosa reputación. SEGUNDO: Se decreta la flagrancia, y se ordena proseguir la causa por el procedimiento ordinario conforme a solicitud fiscal. TERCERO: Se ordena oficiar .....

POR LAS RAZONES DE HECHO Y DE DERECHO PRECEDENTEMENTE EXPUESTAS, ESTE JUZGADO SUPERIOR CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO FALCÓN, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA: CONSUMADA LA PERENCIÓN Y EN CONSECUENCIA EXTINGUIDA LA INSTANCIA, EN LA PRETENSIÓN DE NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO PRESENTADA POR EL CIUDADANO FELIX PASTOR DA COSTA GOMEZ MEZA ASISTIDO POR LA ABOGADA ZORAIDA DE MOLERO, INSCRITA EN EL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL ABOGADO BAJO EL Nº 31302, CONTRA LA INSPECTORIA DEL TRABAJO DEL ESTADO FALCÓN.

POR LAS RAZONES DE HECHO Y DE DERECHO PRECEDENTEMENTE EXPUESTAS, ESTE JUZGADO SUPERIOR CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO FALCÓN, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA: CONSUMADA LA PERENCIÓN Y EN CONSECUENCIA EXTINGUIDA LA INSTANCIA, EN EL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD INTERPUESTO CONJUNTAMENTE CON MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN DE EFECTOS, POR EL CIUDADANO GUIANROBERT MÉNDEZ MUÑOZ, TITULAR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD NÚMERO V-9.932.512, ACTUANDO CON EL CARÁCTER DE PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD MERCANTIL AUTO SERVICIOS MENLOP, C.A, ASISTIDO POR LA ABOGADA JACQUELINE MORILLO DE VILLA, INSCRITA EN EL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL ABOGADO BAJO EL NÚMERO 34493, CONTRA LA INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO FALCÓN CON SEDE EN SANTA ANA DE CORO.

POR LAS RAZONES DE HECHO Y DE DERECHO PRECEDENTEMENTE EXPUESTAS, ESTE JUZGADO SUPERIOR CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO FALCÓN, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA: CONSUMADA LA PERENCIÓN Y EN CONSECUENCIA EXTINGUIDA LA INSTANCIA, EN EL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD INTERPUESTO CONJUNTAMENTE CON MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN DE EFECTOS, POR EL CIUDADANO GUIANROBERT MÉNDEZ MUÑOZ, TITULAR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD NÚMERO V-9.932.512, ACTUANDO CON EL CARÁCTER DE PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD MERCANTIL AUTO SERVICIOS MENLOP, C.A, ASISTIDO POR LA ABOGADA JACQUELINE MORILLO DE VILLA, INSCRITA EN EL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL ABOGADO BAJO EL NÚMERO 34493, CONTRA LA INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO FALCÓN CON SEDE EN SANTA ANA DE CORO.

POR LAS RAZONES DE HECHO Y DE DERECHO PRECEDENTEMENTE EXPUESTAS, ESTE JUZGADO SUPERIOR CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO FALCÓN, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA: CONSUMADA LA PERENCIÓN Y EN CONSECUENCIA EXTINGUIDA LA INSTANCIA, EN EL RECURSO DE NULIDAD INTERPUESTO POR LA ABOGADA ZORAIDA DE MOLERO INSCRITA EN EL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL ABOGADO BAJO EL Nº 31302, EN REPRESENTACIÓN DEL CIUDADANO RENATO CADETTO POLICICCHIO, CONTRA LA INSPECTORÍA DEL TRABAJO DE PUNTO FIJO ESTADO FALCÓN.

DISPOSITIVA Por las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este Tribunal Primero de Primera Instancia Penal en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, Extensión Punto Fijo, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: Primero: IMPROCEDENTE la sustitución de la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, impuesta al ciudadano DENNYS LENIN RODRIGUEZ ARCAYA, por la presunta comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO previsto y sancionado en el artículo 406.3 del Código Penal venezolano, en perjuicio de quien en vida respondiera al nombre de ANAHIS ISABEL RODRIGUEZ ROMERO y en consecuencia, acuerda MANTENER la medida de PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD conforme con lo previsto en los artículos 236, 237 y 238 del Código Orgánico Procesal Penal; todo de conformidad con lo establecido en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal. Se ordena notificar .....

Este Tribunal Primero de Control de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: DECRETA, la inmediata libertad del ciudadano: JUAN AMABILES MONTERO MONTERO, Venezolano, Mayor de edad, de 39 años de edad, soltero, portador de la cédula de identidad Nº V- 25.544.993|, de profesión albañil, residenciado En el limón, junta comunal de agua Rosal, teléfono 0416 807 4124, por no encontrar este juzgador llenos los cardinales 2 y 3 del articulo 236 del Código Orgánico Procesal Penal. Se acuerda las copias a la defensa por no ser contrarias a derecho y formar parte de la presente causa.

Por las razones expuestas se fijará nuevo monto a la caución para la suspensión de los efectos de la medida cautelar acordada, la cual deberá ser consignada en el lapso estipulado, una vez quede definitivamente firme la presente decisión. Así se establece.- III En mérito de las consideraciones precedentemente expuestas, este Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Falcón con sede en Tucacas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley declara: Primero: CON LUGAR la oposición a la caución acordada por auto de fecha 22 de enero de 2015. Así se decide.- Segundo: Se fija caución para la suspensión de la medida cautelar de prohibición de enajenar y gravar en la cantidad de DOCE MILLONES DE BOLÍVARES (Bs.12.000.000,00) equivalentes a OCHENTA MIL UNIDADES TRIBUTARIAS (80.000 U.T.), se le otorga un plazo de 10 días de despacho una vez quede definitivamente firme la pres.....

Este TRIBUNAL CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA ESTADAL Y MUNICIPAL EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO FALCON, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, RESUELVE PRIMERO: CON LUGAR, la solicitud del Ministerio Público y se DECRETA decreta Medida de Aseguramiento e Incautación preventiva sobre todos los bienes muebles e inmuebles propiedad del Ciudadano del Ciudadano GOMEZ RODRIGUEZ, JUAN CARLOS, CIV.-13.723.056, que se encuentran dentro de la República Bolivariana de Venezuela y el bloqueo e inmovilización de todas las cuentas bancarias pertenecientes al Ciudadano GOMEZ RODRIGUEZ, JUAN CARLOS, CIV.-13.723.056, que se encuentren en Bancos Públicos y Privados de la Republica Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo establecido en el previstos en el articulo 183 de la Ley Orgánica de Drogas y, a tenor de lo dispuesto en el articulo 35, 55 y 56 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada .....